Puçol invierte 160.000 euros en rehabilitar tres viviendas municipales para uso social

El Ayuntamiento de Puçol ha iniciado el proceso para rehabilitar tres pisos sociales de los 28 que tiene en propiedad en el municipio. Se trata de tres recursos habitacionales de propiedad municipal que estaban «en un estado de abandono deplorable» y que se van a destinar a vivienda social. Lo explica la alcaldesa de la localidad de l’Horta Nord, Paz Carceller (PP), que señala que quiere volver a poner en funcionamiento estos inmuebles y visitó los espacios ayer junto a la concejala de Urbanismo, Elena Camarero y el de Bienestar Social, José María Esteve.

De los tres pisos, dos se destinarán a familias con necesidades habitacionales y la tercera será una vivienda tutelada. En total se invertirán 160.000 euros, 79.400 provenientes de una subvención de la Generalitat Valenciana mediante el plan autonómico Recuperem Llars, para ayuntamientos que rehabiliten viviendas y las pongan en alquiler social. «Estamos trabajando para adjudicar las viviendas a través de criterios objetivos y a las personas que lo necesiten y no a dedo», señala la alcaldesa a Levante-EMV.

El gobierno local se reunirá esta semana para tratar estos asuntos habitacionales y para preparar la modificación de la ordenanza de vivienda municipal y llevarla al pleno cuanto antes.El objetivo es cambiar algunos puntos del texto normativo local aprobado hace dos legislaturas para que no haya problemas de cobros y cuotas mensuales en el futuro como hasta ahora. Cabe recordar que el consistorio tuvo que hace frente a la deuda de medio millón de euros contraída por 28 viviendas municipales. Un problema que se arrastraba desde hacía más de veinte años.

A finales de los años noventa se creó la empresa pública inmobiliaria Gespul SA, que adquirió las viviendas municipales para uso social y que posteriormente fue liquidada en 2005. Tras esa liquidación, los inquilinos siguieron en las viviendas pero sin pagar el alquiler lo que a fecha del año pasado se tradujo en una deuda de medio millón de euros.

Ahora, la alcaldesa quiere cambiar la ordenanza para actualizar la normativa local y garantizar un uso objetivo, para quien lo necesite y el mantenimiento en el tiempo de las viviendas. Muchos de los pisos, como en los que se va a intervenir ahora estaban en muy malas condiciones y habían sido ocupados. Tras las reformas, el ayuntamiento instalará puertas blindadas.

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