Intervención alerta sobre 44 facturas sin control en Chiva del viejo contrato de basura

En el Ayuntamiento de Chiva hay 44 facturas que no están justificadas, ya que no se puede acreditar la prestación de los servicios contratados que le han costado a las arcas públicas 230.513 euros. Todas ellas tienen que ver con la limpieza viaria y la recogida de residuos, dentro de la prórroga del contrato iniciado en 2007, concluido en 2019 y prorrogado hasta el año pasado con servicios abonados mensualmente. La concejalía de Contratación estaba a cargo el exedil de Vinchi, Fernando Casanova, hoy apartado por el propio alcalde, Emilio Morales, de Compromís, hace solo unas semanas. 

El nuevo contrato fue aprobado en octubre de 2022. A los últimos meses de vigencia del anterior servicio se refieren los dos dos informes demoledores de la Secretaría y de Intervención del consistorio, que alertan de la tramitación de estas facturas al margen de cualquier tipo de control, empezando por el principio: «Se desconoce qué órgano de esta administración ha encomendado los trabajos a realizar y los días que se han encomendado estas tareas», dice la Secretaría Municipal.

En concreto, se refiere a cuatro facturas por prestación ordinaria de los servicios durante cuatro meses, ocho contratos a un peón, ocho extraordinario de recogida de enseres, ocho de recogida de poda, ocho más de barrido mecánico y ocho más extraordinarios para limpiar las urbanizaciones. Todos ellos se produjeron durante 2022, entre mayo y diciembre. 

Solo los cuatro primeros fueron aprobados en el pleno ordinario celebrado la semana pasada. El resto, la corporación municipal ha solicitado a la empresa concesionaria, Tetma, la justificación de estos trabajos, pese a que la orden, a priori, salió del consistorio. 

La corporación municipal ha solicitado más información a la empresa, Tetma, para justificar las facturas

A petición de Intervención se preguntó al ingeniero industrial municipal por los detalles de todos estos servicios, pero solo puede certificar que los costes de cada uno son correctos y se ajustan al precio de mercado.Tal como recoge la interventora después, «no se puede acreditar la prestación del servicio en los términos recogidos en la factura», y el ingeniero solo puede «suponer que [el servicio] se ha desarrollado adecuadamente al no existir quejas vecinales, que evidentemente existirían en caso de no haberse llevado a cabo de manera diligente». 

Supera a los contratos menores

Intervención termina su informe motivando los reparos a estas facturas.El primero de ellos es por haber omitido el procedimiento de contratación, razón por la que no hay constancia de la tramitación de ninguno de estos contratos. La suma de las facturas presentadas anualmente a aprobación por la empresa «supera la cuantía establecida por la ley para los contratos menores», que obliga a pasar estos servicios por el beneplácito del pleno municipal, algo que no ha sucedido durante todo 2022. 

Se ha omitido también «la función interventora que es preceptiva en los contratos que no son menores», sin someterse pues a ningún tipo de control ni fiscalización municipal. 

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