Fujimori abandona la prisión por orden del Tribunal Constitucional y se desata una nueva crisis política en Perú

El exautócrata Alberto Fujimori abandonó la cárcel de Barbadillo en la periferia limeña nueve años antes de cumplir su condena por graves violaciones a los derechos humanos. La puerta la abrió una resolución del Tribunal Constitucional (TC) que ni siquiera contó con el acuerdo de dos de sus integrantes y fue a su vez rechazada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ricardo Pérez, la principal autoridad de esa instancia jurídica continental, le había pedido al Estado peruano que se abstenga de ordenar la libertad del expresidente. Eso no ocurrió y supone un abierto desafío a la autoridad supranacional de la CIDH. La orden del TC mereció una observación crítica del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Volker Türk. "Es un retroceso preocupante para la rendición de cuentas".

En la puerta del penal estaban sus hijos Keiko y Kenji Fujimori. También lo recibieron algunos exaliados y parlamentarios de Fuerza Popular, el partido de derechas que es gravitante en el Congreso. Luego lo llevaron a una casa de la excandidata presidencial. El tema no parece completamente zanjado. De acuerdo con medios de prensa limeños el Gobierno provisional se encontraría dividido. Un sector sería proclive a acatar lo dictado por la CIDH y respetar los tratados internacionales. La presidenta Dina Boluarte y sus ministros intentaban evaluar qué hacer al respecto.

"Las sentencias del Tribunal deben acatarse y cumplirse, igual que las resoluciones de la Corte Suprema, pero en este caso la que tiene la prevalencia es la sentencia del Tribunal Constitucional", había anticipado el presidente del TC, Francisco Morales Saravia, la semana pasada, y mantuvo esa determinación pese a la ola de rechazos. Los jueces que votaron a favor de la liberación del exdictador fueron Francisco Morales Saravia, Luz Pacheco Zerga y Gustavo Gutiérrez Ticse. Por su parte, Helder Dominguez Haro emitió calificó de improcedente el dictamen favorable al exmandatario. Otro magistrado, Manuel Monteagudo, ni siquiera se enteró del movimiento de sus tres colegas. "Se ha emitido un segundo auto del cual no hemos tenido conocimiento el resto de los magistrados".

Un nuevo diciembre caldeado

Para La República, "Fujimori no reunía ni reúne aún hoy las condiciones mínimas para ser beneficiario del indulto presidencial por razones humanitarias". Su libertad "se concede en el marco de una enorme crisis institucional que compromete seriamente al Ministerio Público, al Congreso y el propio Gobierno".

El 7 de diciembre se cumple un año de la destitución de Pedro Castillo por parte de la legislatura y se preparan nuevas protestas contra Boluarte quien, a su vez, está duramente enfrentada con la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, cuya permanencia en el cargo pende de un delgado hilo. El caso Fujimori añade un nuevo elemento de perturbación, tan propio de los fines de año en Perú.

La salida de la unidad penitenciaria de "El Chino", como solían llamarlo en sus años de poder absoluto, desencadenará una nueva crisis política, de acuerdo con el editorial del diario limeño El Comercio. "Siempre hemos dicho que Fujimori, un hombre de 85 años, debería recobrar su libertad cuando se haya determinado de manera objetiva y siguiendo la normativa vigente que su continuidad en una cárcel –que además ha sido especialmente acondicionada para albergarlo– pone en riesgo su vida. Algo que, a decir a verdad, hasta ahora no ha quedado claro". La publicación añade: "lo que sí es indiscutible es que su excarcelación de ninguna manera implica una amnistía sobre los delitos que probadamente cometió y sobre la forma cínica con la que mintió durante y después de su Gobierno".

Una controversia de seis años

La disputa se remonta a fines de 2017. Seis años atrás, en plena Nochebuena, el exautócrata había recibido un indulto humanitario del presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien intentaba congraciarse con Fuerza Popular, el partido que lidera Keiko Fujimori y era mayoritario entonces en un Congreso que lo venía cercando. El beneficio fue revocado de inmediato. Pero los Fujimori redoblaron su esfuerzo y en marzo de 2022, el TC declaró fundado un habeas corpus que lo favorecía.

Fujimori recibió una pena de 25 años de cárcel que concluye en 2032, por su responsabilidad en las llamadas matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, perpetradas en 1992, y donde murieron 25 personas. "Como familiares de víctimas estamos condenados a vivir diciembres entre la angustia, la rabia y el sentimiento de ciudadanos de segunda. Nuestros derechos por debajo de libertad indebida de un delincuente. El indulto de 2017 fue negociado. Inaceptable decisión", dijo Gisela Ortiz, en nombre de los familiares de los asesinados.

"Expresamos nuestro rechazo a la decisión del Tribunal Constitucional de liberar a Alberto Fujimori, una persona que jamás ha pedido perdón por los crímenes contra la humanidad, ni ha reparado a las víctimas. Toda nuestra solidaridad para ellas", señaló por su parte la feminista Manuela Ramos.