Rusia se convierte en un vivero de extremistas por las políticas del Kremlin y la discriminación de los emigrantes asiáticos

"Sí, tenemos una mezquita nueva, y centenares de cámaras vigilándonos". Hace casi un decenio, Abdul Karim, un residente en Moscú originario de una exrepública soviética en Asia Central, no veía razón alguna para congratularse por la reciente inauguración de la denominada Mezquita Catedral de Moscú, a escasos metros de la estación de metro Prospekt Mira, en el norte de Moscú. Pese a sus 19.000 metros cuadrados, 16 entradas y su capacidad de albergar en su interior a 10.000 fieles, el enorme edificio, inaugurado con toda la pompa por el presidente Vladímir Putinapenas cuatro semanas atrás, era claramente insuficiente para una ciudad en la que se calcula, según datos extraoficiales, que podrían vivir hasta dos millones de fieles musulmanes. "Esto no obviará las arbitrariedades que sufren a diario los musulmanes", culminó, mientras esperaba que el imán llamara a la oración de al isha, la última del día.

El territorio de la Federación Rusa, con un porcentaje de musulmanes que, como mínimo, asciende al 10% de la población, -aunque varias fuentes sostienen que la cifra es superior- se ha convertido en un vivero de radicalismo religioso, impulsado en muchos casos por similares razones a las que propiciaron en Occidente hace una década el reclutamiento de combatientes por parte de Estado Islámico para acudir a Siria a luchar: la marginación y la ausencia de expectativas vitales de los miembros de comunidades emigrantes de países islámicos. Pero a esta realidad se le unen otros factores autóctonos, propiciados por el propio Estado ruso, como los abusos, y hasta montajes policiales de que son objeto los emigrantes centroasiáticos para culparles de delitos e incluso atentados que no han cometido. Y sobre todo, las sospechosas políticas ambivalentes de las fuerzas de seguridad rusas respecto a los grupos armados, que incluyen la entrega de pasaportes o la misma apertura de corredores para que sospechosos de yihadismo salgan de Rusia hacia otros países, políticas que generan gran desconfianza entre las agencias responsables de la lucha antiterrorista en Occidente y dificultan, cuando no imposibilitan, la cooperación.

Estado Islámico del Gran Jorasán (EI-J) es una franquicia de Estado Islámico que "controla unos pocos pueblos" en provincias remotas de Afganistán, con agravios pendientes con Moscú, como el "apoyo" al régimen sirio o "sus vínculos" con los talibanes afganos que, no obstante no ha tenido "tanto éxito" como la tuvo en su día rama siria a la hora de atraer combatientes. Ante semejante circunstancia, sus miembros están recurriendo a la "radicalización a distancia", desarrollando su proselitismo "en las redes", destaca a El Periódico de Catalunya, del mismo grupo editorial, desde Washington Edward Lemon, profesor asistente del departamento de Asuntos Internacionales en la Bush School de Gobierno y Servicio Público, y experto en extremismo religioso en Asia Central. Tras examinar los perfiles de los detenidos, acusados del atentado en el centro Crocus de Moscú, este académico constata que la radicalización "ha sido rápida y se ha producido en territorio ruso", al tiempo que certifica que el grupo EI-J considera como "una oportunidad" la existencia de amplias comunidades de centroasiáticos en Rusia.

Abusos diarios

Los abusos que sufren en la vida diaria, donde con frecuencia realizan trabajos manuales y poco remunerados, además de los montajes policiales de los que han sido objeto cuando se han producido atentados, han contribuido a aumentar la habitual lista de agravios o motivos personales por los que un individuo concreto se siente tentado de integrarse en un grupo terrorista. "Es un patrón que se reproduce; son musulmanes de nacimiento, pero no practicantes. Entonces pasan un momento crítico, pierden a un ser querido, se divorcian, pierden el trabajo, y muy rápidamente quedan atrapados en estos círculos", destaca Lemon. La guerra de Ucrania ha empeorado aún más esta crítica situación, al impulsar las autoridades la relevancia social de los blogueros militaristas denominados "patriotas" que en sus escritos llegan a normalizar la "xenofobia", escribe Temur Umarov, investigador del Centro Carnegie Rusia Eurasia.

Marta Ter, del Observatorio Eurasia y experta en Rusia y el Cáucaso, siguió con atención las detenciones que se produjeron en Rusia a raíz de la explosión en el metro de San Petersburgo en 2017, que acabó con la vida de 15 personas. El responsable del atentado fue Akbarjon Dijalilov, un ciudadano de Kirguistán de origen uzbeko, pero muchas de las detenciones que paralelamente practicaron las fuerzas de seguridad aquellos días fueron obtenidas tras torturas, generando dudas entre los expertos y podrían obedecer a lo que se conoce entre los expertos como "falsos positivos". En particular, Ter recuerda el caso de una mujer acusada de llevar "una granada en el bolso" cuando iba a trabajar al mercado, que lloraba amargamente en el momento de ser condenada.

Un factor que genera gran preocupación entre las agencias encargadas de la lucha antiterrorista en Occidente han sido las denuncias contra las fuerzas de seguridad rusas, realizadas por diversas fuentes e investigaciones coincidentes, de apertura de pasillos o de entrega de pasaportes a combatientes yihadistas para alejar el problema de territorio ruso. Investigaciones de Reuters o International Crisis Group denunciaron en 2016 que, en los meses previos a los Juegos Olímpicos de Sochi, las autoridades rusas facilitaron la salida de combatientes extremistas hacia Siria, radicalizando de paso a la insurgencia siria, enfrentada a su aliado, el régimen de Damasco, y amalgamándola con un grupo terrorista. "Ha sido una política, no solo con los chechenos, sino también con los ingushes y los daguestanís", constata Ter. La exportación del conflicto checheno a Oriente Próximo "no solo redujo enormemente la conflictividad" en la zona del Cáucaso ruso, sino que también propició "escisiones" en los grupos armados, confirma.

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