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Gata retira a Franco el título de hijo adoptivo tras 75 años

El pleno apela a la sentencia que obligó al Ayuntamiento de Valencia a anular los honores al dictador para revocar la distinción que le concedió en abril de 1940

Los pueblos de la Marina Alta van enterrando poco a poco los símbolos del franquismo. El Ayuntamiento de Gata de Gorgos ha sido el último por ahora que ha retirado al dictador el título de hijo adoptivo. En marzo de 2009, fue el pleno de Dénia el que dejó sin este honor a Franco (también le quitó la medalla de oro que le concedió en mayo del 68) y, en agosto de 2012, el paso lo dio la corporación de Ondara. Ahora le ha llegado el turno a Gata.

La alcaldesa, Magda Mengual, de Compromís, llevó al último pleno ordinario una propuesta para retirar a Francisco Franco Bahamonde la máxima distinción del municipio, que es la de hijo adoptivo. Todos los partidos votaron a favor. La alcaldesa defendió que este acuerdo iba más allá de un mero trámite. Su propuesta incidía en que retirar esa distinción, «además de ser de obligado cumplimiento, corrige una injusticia histórica»

La moción de la munícipe argumentaba que ese nombramiento, aprobado hace 75 años, contravenía la Ley de Memoria Histórica. Y apelaba a la sentencia del juzgado contencioso administrativo número 5 de Valencia que obligó al ayuntamiento del cap i casal a retirar al general golpista el título de alcalde honorario.

El Ayuntamiento de Gata, al igual que otros muchos de Alicante, siguió en 1940 al pie de la letra la recomendación de la Diputación de Alicante de nombrar, justo cuando se cumplía un año del final de la Guerra Civil, hijo adoptivo al dictador. Las actas de esos plenos se debían remitir a la diputación, que las «elevaría al caudillo en artística y primoroso encuadernación».

El pleno, como en otros pueblos, se celebró el 1 de abril de 1940. Entonces era alcalde en Gata Francisco Pedrós Rodríguez.

El reglamento de honores y distinciones de Gata da margen al ayuntamiento para retirar un título cuando el poseedor sea indigno. Pero, en este caso, al consistorio le ha bastado con aplicar la Ley de Memoria Histórica, que es de rango superior.

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