Frente común en Dénia contra los deslindes de la Ley de Costas
La Generalitat se une al vecindario afectado y califica de "injustas" y "arbitrarias" las normas del ministerio que afectarán a 3.617 propiedades
En medio de la polémica que suscita la nueva Ley de Costas y tras la manifestación del pasado 4 de noviembre por los deslindes de Dénia, hoy se ha celebrado el acto de apeo que marca el deslinde del litoral norte de Dénia. La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorios quiso acudir al encuentro para "poner de manifiesto que la Generalitat está al lado de los vecinos afectados y que se va a oponer a estos deslindes porque son injustos", según ha señalado el director general de Puertos, Aeropuertos y Costas, Vicente Martínez Mus.
Por esto, Martínez ha comparecido para manifestar en el acta "la disconformidad y aportar alegaciones". De igual manera, ha explicado que desde la Generalitat comparten "el sentimiento de indignación y el enfado de los vecinos de la playa de Dénia que están viendo como con esos expedientes de deslinde que ha iniciado el Ministerio de Transición Ecológica, están siendo desposeídos de sus propiedades y condicionando el futuro de su patrimonio y sus herederos".
Para el director general de Puertos, Aeropuertos y Costas se tratan de unas normas "muy injustas y arbitrarias", al igual que critican la Asociación de les Deveses de Dénia. Así, ha añadido que la Conselleria "no va a participar en un procedimiento totalmente injustificado e innecesario". Así, ha reiterado, la Generalitat “está requiriendo al Gobierno desde hace mucho tiempo para regenerar y proteger el dominio público, luchando contra la regresión, no contra los vecinos”
Por su parte, Francisco Ros, presidente de la Asociación de Defensa de las Playas Nortes de Dénia ha querido transmitir la preocupación de los vecinos de Dénia y ha calificado esta medida de "atraco" aparte de suponer "una pérdida de derechos".
La Ley de Costas afectaría, según estiman desde la Asociación de Afectados, a 3.617 propiedades, de las cuales 135 se deberán demoler por lo que perderían sus propiedades, que pasarían a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre por 30 años, a pesar de que esta concesión administrativa puede ser rescatada cuando Costas lo considere.
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