Las claves del conflicto urbanístico de Llíber

El conflicto urbanístico se ha ido de las manos. El sabotaje esta pasada noche de las obras del PAI Medina de Llíber no tiene justificación. Los autores del ataque prendieron fuego a tres retroexcavadoras e intentaron quemar también un camión (le han cortado los cables del motor y han llenado de arena el depósito de gasolina). El PAI lo desarrolla la empresa Garsivà, que pertenece al grupo VAPF, que esta mañana ha sugerido que esta acción es "terrorismo".

No es la primera vez que en la Marina Alta un conflicto urbanístico llega a estos extremos. En 1978, se prendió fuego a una máquina que abría una carretera para colocar un repetidor en la cima del Montgó. El esqueleto calcinado formó parte durante muchos años del paisaje de la protesta. La llamada "guerra del agua", que enfrentó en los años 80 a Pego y Oliva con Dénia, también tuvo episodios de enorme tensión. La construcción de la urbanización del Puig de la Llorença (la Cumbre del Sol), en Benitatxell, dejó fogosos encontronazos entre ecologistas y los vecinos que pensaban que la construcción a toda costa les iba a hacer ricos.

Esos episodios parecían agua pasada. El sabotaje de las obras de Llíber es cierto que es muy distinto a esos precedentes. Lo de esta noche ha sido una acción aislada y delictiva y que no apoyan quienes han dado la cara en su "no" al PAI de Llíber.

Sabotaje a unas obras en Llíber: arden de madrugada tres retroexcavadoras

Las obras han comenzado. La empresa está abriendo viales en la montaña (cierra por el sureste el valle agrícola de viñedos de la Vall de Pop). La plataforma 'Salvem la Vall: Stop MacroPai de Llíber' entiende que la promotora no debería mover una piedra. El juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Alicante ordenó el pasado 28 de junio la paralización de la construcción del colector de alcantarillado de este PAI. No obstante, la empresa sostiene que esa medida cautelar no le impide iniciar las obras de los viales. El recurso contra este proyecto lo han presentado el grupo de Compromís en la Diputación de Alicante y la coalición de Llíber vinculada a los valencianistas. Hay otro pleito con más sustancia, el que dirime si la licencia municipal (en Llíber gobierna el PP) es legal o no. Compromís advierte de que no se ha cumplido ningún trámite ambiental.

Incendian de madrugada tres retroexcavadoras en unas obras en Llíber

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Este proyecto urbanístico es antiguo. Se presentó en un primer momento hace más de 20 años. Se hicieron algunas obras. Se levantaron algunos chalés de extravagante arquitectura que nunca se terminaron. Hoy son una ruina. La empresa Garsivà reactivó el PAI en 2017. Contempla la construcción de 488 chalés. Abraza 406.213 metros cuadrados de una ladera virgen que linda con la Solana de Benissa y está próxima a la Serra de Bèrnia. La plataforma ha recogido firmas y ha presentado un manifiesto firmado por expertos y profesores universitarios. Considera que este proyecto es de otro tiempo y responde a una "dinámica especulativa" hoy insostenible. Una de las pegas es que "rompe un paisaje" hasta ahora libre de construcción y provoca pérdida de identidad en este valle de viñedos. También se ha insistido en que Llíber y la Vall de Pop no tienen recursos hídricos suficientes para dar agua a una nueva urbanización de 488 casas y que dispararía la población de un municipio, Llíber, que ahora tiene poco más de mil habitantes.

El grupo VAPF ha replicado que este residencial se ha adaptado a los nuevos tiempos de sostenibilidad y arquitectura integrada. Afirma que el PAI será "un referente en el mundo en fomentar los valores de nuestra tierra". La urbanización, destaca la promotora, tendrá ecohuerto y reservará terrenos al cultivo de la vid y el olivo. La empresa advierte que no se puede condenar a crecimiento cero a los pueblos que no se han desarrollado turísticamente.

Llíber ya estuvo a principios de los años 2000 en el foco de una gran conflicto urbanístico, el de la trama de supuesta corrupción de 300 casas construidas ilegalmente en suelo no urbanizable y vendidas a residentes extranjeros. Los dueños descubrieron luego que sus viviendas, en las que esperaban pasar una apacible jubilación, estaban fuera de ordenación y tenían luz y agua en precario. El constructor de esas casas ilegales admitió tras arrestarlo la Guardia Civil y en su primera declaración ante el juez que había pagado sobornos a un exalcalde del PP y al exaparejador municipal. Durante mucho tiempo, en los accesos a Llíber había carteles que advertían de que antes de comprar un chalé había que informarse muy bien de su situación urbanística.