El fiscal pide devolver a su nicho el cadáver exhumado para enterrar a la abuela de un funcionario en Calp

La Fiscalía ha modificado este miércoles su acusación en el juicio por la exhumación en el cementerio de Calp de los restos de un ciudadano alemán para enterrar a la abuela del jefe de Recursos Humanos del Ayuntamiento en enero de 2019 y ha solicitado al tribunal de la Audiencia de Alicante que, además de condenar al empleado municipal y al exedil de Cementerios por prevaricación, acuerde la reparación del daño ocasionado mediante la reposición de los restos del difunto a la situación anterior.

Ello conllevaría devolver al nicho donde está enterrada la abuela del funcionario juzgado los restos del varón germano Herman August Wilhelm Klatt, fallecido en 1973. Estos restos, según ha declarado en el juicio uno de los sepultureros de Calp, fueron introducidos en un sudario y enterrados en un nicho común con su etiqueta de identificación junto con otras personas. El fiscal anticorrupción Felipe Briones ha solicitado en la vista oral que los acusados asuman los gastos de esta reposición.

El exconcejal popular de Cementerios, Bernardo Moll, y el jefe de Recursos Humanos, Antonio Cabrera, han reconocido su participación en los trámites para la exhumación pero han negado irregularidades en su actuación. Asimismo, el exedil, acusado además de acoso laboral a una auxiliar que rechazó ordenar la exhumación de los restos del ciudadano germano a petición suya, ha negado también que coaccionara a la funcionaria.

Inhabilitación

La Fiscalía ha solicitado para los acusados 13 años de inhabilitación para empleo o cargo público y ha retirado la acusación de profanación de cadáveres tras las explicaciones dadas por el sepulturero. Para el exconcejal pidió además un año de cárcel y 30.000 euros de indemnización para la funcionaria por acoso laboral o coacciones.

La acusación particular, ejercida por la que fuera auxiliar encargada del cementerio de Calp cuando sucedieron los hechos, ha reclamado un año de prisión para Moll por coacciones, 10 años de inhabilitación para ambos acusados por prevaricación administrativa y cuatro años de cárcel para los dos por un delito de falsedad.

Petición de absolución

Por su parte, las defensas de ambos acusados han solicitado la libre absolución y han achacado las acusaciones a un «montaje político» y a una «venganza» de la auxiliar tras haber sido incluida en un expediente disciplinario a sepultureros de Calp y a una reclamación de retribuciones por horas extraordinarias que fue rechazada por el jefe de Recursos Humanos juzgado en la Audiencia.

La defensa del exedil ha alegado en su informe que la exhumación fue legal porque el hombre llevaba 43 años enterrado y no se prorrogó el derecho de uso del nicho a los 20 años, como se estableció en la ordenanza aprobada en 2017. Ha negado que tuviera el derecho de uso hasta los 99 años, como estaba estipulado en la normativa anterior.

El exconcejal Bernardo Moll ha indicado que fue un hermano del jefe de Recursos quien se interesó por la posibilidad de enterrar a su abuela en un nicho contiguo al de su abuelo y afirmó que la funcionaria encargada del cementerio le dijo que «ese nicho no va a ser para esa familia». Ha admitido que un enterrador no quiso realizar sin una orden escrita la exhumación porque el PSOE había ido a hacer fotos al cementerio y por eso firmó una providencia para autorizarla, documento que fue redactado por el otro acusado.

El jefe de Recursos Humanos dijo que se enteró en su casa de que les ofrecieron la posibilidad de enterrar a su abuela junto a su abuelo y que relacionó la negativa de los sepultureros a realizar la exhumación con el expediente disciplinario que les abrieron por cobrar dinero a familiares de difuntos.

Baja de la funcionaria

Por su parte, la funcionaria ha precisado que el exedil de Cementerios le pidió en 2018 que hiciera un informe para recuperar nichos de antiguas concesiones y que le comentó que iban a necesitar uno situado junto al del abuelo del jefe de Recursos Humanos. Esta funcionaria le contestó a Moll que la técnica dijo que no se podía y cuando se lo comentó al entonces edil «empezó a ponerse nervioso y me dijo que mirara para otro lado y que lo hiciera». La trabajadora se negó a firmar la orden de exhumación y ese mismo día acabó a Urgencias con una subida de tensión. Estuvo dos meses de baja y en dicho periodo afirma que le llamaron unas compañeras y le comunicaron que el edil iba diciendo que «iba a ir a por mí cuando volviera».

Esta funcionaria ya jubilada, que trabajó en el Ayuntamiento desde 1993 hasta 2023, ha manifestado en el juicio que este tipo de exhumación no era la primera que se hacía y aseguró que «se hicieron varias por deseo político y sin consentimiento de los familiares de los difuntos».

El actual concejal y secretario del PSOE en Calp, Marco Bittner, ha declarado que le avisaron de que iban «a cometer una irregularidad» en el cementerio y aprovechó que fue a un entierro para hacer fotografías cuando realizaron la exhumación. Presentó tres escritos pidiendo explicaciones y Bernardo Moll le contestó solo a uno de ellos para afirmar que la actuación «estaba bien y cumplía las normas».