La causa judicial abierta contra el exconcejal de Quartell, Vicent Sanchis, por sus insinuaciones sobre la vinculación del secretario con la trama corrupta en la que supuestamente estuvo implicado el exalcalde, Francisco Huguet, planteó «en esencia, la colisión del derecho fundamental al honor del funcionario y la libertad de expresión del exedil».
En este marco, las sentencias del juzgado de instrucción de Sagunt y de la Audiencia Provincial consideran que «la libertad de expresión no es tan amplia que ampare el derecho al insulto, de modo que queda condicionada por los parámetros democráticos de la dignidad, la igualdad y la intimidad de las personas». Añaden también el agravante de un contexto en el que «vivimos en medio de una avalancha de descalificaciones en las instituciones políticas y públicas, que se amparan en un 'todo vale', siendo que esta vertiente de la libertad de expresión no aporta absolutamente nada al sistema democrático. Justo al contrario: es un deterioro y debilitamiento social».
En este caso, además, Sanchis «en su fervorosa defensa y marcado por su estado de indignación, no reparó en vulnerar la dignidad al calificar las acciones del secretario como fechorías. Es evidente que debe ser calificada como una expresión vejatoria que no puede quedar bajo el paraguas de protección de la libertad de expresión».
Otro factor en contra del exedil socialista es que sus palabras no ofrecieron ningún «atisbo de veracidad, ya que el procedimiento penal estaba tramitándose cuando profirió tales aseveraciones. No existía una resolución judicial de condena y el señor Sanchis fue más allá al extender las consecuencias de su alegato contra el funcionario, que no intervino en los hechos ni estaba investigado».
