El coste de una urbanización en Gilet dispara la preocupación vecinal

Algunas familias se plantean ya la venta de sus propiedades ante la imposibilidad de afrontar el pago

Urbanización Balcón de la Penya

Urbanización Balcón de la Penya / Dani Tortajada

Marián Romero Torres

Marián Romero Torres

La preocupación se ha instalado entre algunos vecinos de la urbanización Balcón de la Peña de Gilet, ante el temor de no poder hacer frente a las costas de urbanización que lleva consigo el desarrollo de un PAI en la zona, en la que residen cerca de 150 familias.

Un programa que se aprobaba el pasado mes de diciembre con el objetivo de dotar de todos los servicios a esta zona residencial después dos décadas de espera y de trámites.

Sin embargo, el precio estipulado de 38 euros el metro cuadrado que se recoge en el proyecto y que deberán pagar los vecinos afectados por este PAI "asusta", explicaba el presidente de la Agrupación de Interés Urbanístico, Fernando Martí, quien ya tiene conocimiento de la intención de algunos residentes de vender sus propiedades ante la imposibilidad de pago.

Y es que desde la entidad "se desconfía" de que este vaya a ser el precio definitivo, como ya manifestaron en el pleno ordinario. Pese a que el alcalde, Salva Costa, ya reveló en la sesión que "lo más probable es que sea menos, después de la reparcelación" , los vecinos creen que el precio se disparará, debido a que muchos propietarios no deberán pagar determinados servicios de los que ya disponen, por lo que el coste total repercutirá en el resto, explicaba Martí a Levante-EMV.

Pleno ordinario donde se abordó el PAI de Balcón de la Penya

Pleno ordinario donde se abordó el PAI de Balcón de la Penya / Dani Tortajada

Para la agrupación y para algunos residentes, tal y como ya expresaron en diciembre, la solución a la falta de servicios en la Penya "no pasaba necesariamente por la redacción de un PAI, bastaba con unas obras de urbanización que contemplaran las carencias de la zona y no un proyecto integral, que no era necesario y que grava más a los vecinos que la otra opción", comentaba el presidente, quien apuntaba que "así se acordó en 2013, cuando gobernaba el PP, con Juan Carlos Vera de alcalde. Con él firmamos un convenio para que la agrupación redactara el proyecto, que fue presentado en 2015. Tras la llegada de Salva Costa (PSOE) a la alcaldía se nos piden mejoras, que entregamos en 2019 y desde ese momento, el proyecto ha estado durmiendo en un cajón y ahora, nos sorprenden con la presentación de un PAI que tienen que pagar los vecinos, cuando la otra opción que se proponía era el pago a través de lo que se conoce como contribuciones especiales, en las que no asumías zonas verdes. Ahora las tenemos que pagar por un suelo urbanizable, cuando es urbano", lamentaban desde la entidad.

Obras de urbanización

Por otro lado, alegan que de haberse tratado de unas obras de urbanización "estas podrían abonarse con terreno y en el caso de un PAI, no", insistían.

Respecto al precio, también aseguran que "no se ajusta a la realidad, porque el proyecto no contempla particularidades de algunos vecinos y los posibles descuentos que hay que realizarles por tener su zona ya urbanizada y con servicios. Nosotros calculamos que de una opción a otra, el ahorro será de un 30 a un 40%".

Desde la agrupación de interés urbanístico se tilda de "irreal" los 38 euros el metro cuadrado y aseguran que será bastante más

Tampoco ven necesario el "excesivo coste por mejoras eléctricas y de telefonía, que suponen el 20% del PAI", añadía Martí.

Sin embargo, una versión bien distinta se da desde el ayuntamiento de Gilet. El alcalde defiende la figura del PAI porque "es la que se ajusta a la legalidad. El proyecto que se presentó en su momento solo contemplaba el alcantarillado y el agua potable. Ahora, con la modificación de la LOTUP, se exige además el encintado de aceras, telecomunicaciones y alumbrado público, de ahí la necesidad de un PAI".

Costa también quiere aclarar que desde el consistorio ha habido varios intentos por legalizar esta zona lo antes posible dado que sobre la administración pesa una posible multa de la CHJ de casi un millón de euros por el vertido de aguas sucias.

Por último, no comparte que esta proyecto vaya a gravar más a los vecinos y recuerda que la administración local ha adquirido tres zonas verdes en la Penya, que ascienden a casi 1.200.000 euros, y que no tendrán que pagar los vecinos.