Cuando una personas o una familia es desahuciada porque no puede pagar el alquiler o la hipoteca el viaje es de no retorno. Quedarse sin techo implica abrazar la exclusión, la pobreza. Si uno no tenía para pagar lo acordado mes a mes en el mercado libre... ¿cómo conseguir ahorros para la fianza y los meses por adelantado? ¿cómo adecentar la vivienda y hacer frente a las facturas? ¿cómo pagar ahora un alquiler con un precio similar al que propició el impago, primero, y la pérdida de la vivienda después? Esa es la base de la okupación actual y de cómo los trasteros suponen una opción oculta para evitar dormir en la calle y guardar las pocas o muchas cosas que permite una vida de carencias. Nadie quiere vivir en un trastero. Pero Vicente Tortajada no es ni el primero ni el último que lo hace. Hace un año y medio sus opciones eran la calle o el trastero. Y no lo dudó. Él también es víctima de un desahucio. Quien iba a decirle a Vicente que a los 79 años viviría en un trastero. Él, que trabajó hasta los 47 años como empresario en la industria siderúrgica y que continuó su vida laboral como comercial del sector en varias firmas hasta que se jubiló a los 65 años. Sin embargo, los últimos años de cotización no fueron los más boyantes. Su pensión es de 683,50 euros. Y ahí empezó su problema con la vivienda porque los números no cuadran. Su pensión no cubre los gastos en vivienda. Vicente vive en un trastero desde hace poco más de dos años. Primero alquiló uno (el número 7) donde a duras penas cabía la cama. Luego, consiguió otro de mayor tamaño que para él es «suficiente» y le permite ciertas «comodidades» como poder moverse sin recolocar las cosas. Ahora mantiene sus dos trasteros. Por el pequeño paga 60 euros al mes y lo utiliza como lo que es, un trastero. El grande es su casa y le permite tener un sofá pequeño, su cama de 1,35 metros, una mesa minúscula para el ordenador, un hornillo para calentar la comida (que no emplea), un ventilador vertical que ahorra espacio y una nevera que, eso sí, no está enchufada para no «gastar luz». En total, Vicente gasta 210 euros en el alquiler de sus trasteros para poder tener lo mínimo. No tiene baño, no tiene ventilación, no tiene ventanas... y así lleva dos años. Y así ha pasado el confinamiento y pasará el resto de la pandemia. Porque ese es su hogar, el único que se puede permitir. «Por una habitación pequeña en Aldaia, por ejemplo, me pedían 280 euros y allí no cabe nada más y está lejos de la comida que tengo que recoger», afirma. Vicente vive en un trastero tras un primer desahucio por impago en el barrio de Nou Moles y un segundo desalojo en Meliana porque el propietario precisaba de la vivienda. Lo más asequible que encontró hace dos años fue el trastero que hoy ocupa. Y no se queja. Al verse en la calle le pareció la mejor opción. «Cuando llegué al trastero tenía dos vecinos que vivían igual que yo. Los precios están imposibles y hay que buscarse la vida», explica. Reconoce que tiene deudas que es imposible saldar a los 79 años y con una pensión de poco más de 600 euros. Solo quiere una vivienda, un hogar que pueda pagar. Sin embargo, no ha acudido a la Administración a pedir ninguna ayuda. Tampoco ha solicitado una vivienda social. Hace unos meses, una amiga le indicó que tal vez en la iglesia de Barona(en Orriols) podrían ayudarle. Y así fue. Desde allí le tramitaron el acceso al comedor social que tiene la coordinadora solidaria del Puerto en el distrito Marítimo y que se denomina El Puchero. Ahora acude todos los días de Nou Moles hasta allí a recoger su comida. «Siete paradas de metro. Está bien comunicado», explica mientras para la alarma que le recuerda a qué hora debe salir para no llegar tarde a recoger su comida. Es diabético, una enfermedad con la que convive junto a otras dolencias. No ve del ojo izquierdo y usa gafas para ver de cerca, pero las perdió el otro día mientras se aseaba en la fuente. Lo que más añora es un baño privado y explica cómo se sobrevive al día y a la noche cuando no se dispone de él y uno es «discreto, limpio y responsable». Más de 180.000 familias valencianas han sido desahuciados desde 2008. Uno de ellos es Vicente y así es como vive desde entonces. un trastero por hogar. Escenas cotidianas en la vida de Vicente Tortajada. 1 El hombre vive en un bajo con varios trasteros. Él ocupa dos, uno para vivir y otro para enseres F 2 Vicente se asea y afecita ante un pequeño espejo F 3 Aunque tiene ordenador, sin conexión ainternet, solo lo emplea para jugar al solitario F Vicente Tortajada se quedó sin casa y en la calle en 2018. No ha podido conseguir un piso que pueda pagar ni tiene visos de conseguirlo en un mercado donde la vivienda se lleva más de la mitad de los ingresos de una familia. Su caso no es la excepción. Solo en 2020, desde el 1 de enero hasta el 13 de marzo (cuando se decretó el Estado de Alarma por la pandemia mundial de la Covid-19) hubo en la Comunitat Valenciana 1.454 desahucios (721 en Alicante, 174 en Castelló y 559 en València), según datos de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de València. «En este primer trimestre del año desde la PAH hemos visto aumentar los desahucios, principalmente aquellos relacionados con alquileres sociales que los bancos habían vendido a fondos buitres y que instan a los desahucios», afirman desde la PAH. Por ello, desde la entidad aseguran que han pedido en las Corts Valencianes a todos los grupos políticos «que la reconstrucción no se haga a costa de tirar a la gente a la calle. Todos los días 20 familias se quedaron en la calle justo antes de declarar el Estado de Alarma. Esta pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de la vivienda. Es vital, es lo básico. Los partidos han de decir claramente de que lado están. Es decir, deben posicionarse y decir si defienden a los fondos buitres o a las familias. Estamos cansados de esperar soluciones al problema de la emergencia habitacional. Ya está bien». Cuando una persona o familia es desahuciada sin alternativa habitacional puede solicitar una vivienda social o bien en la Generalitat Valenciana (oficina de la EVha) o bien en su ayuntamiento. Vicente Tortajada no ha movido ningún tramite. No ha solicitado nada. «No sé... como yo ya cobro mi pensión... creía que no tenía derecho a nada más», afirma y recuerda haber acudido una vez a los servicios sociales de Meliana, sin éxito, en busca de información de lo que a él le preocupaba: la vivienda. Los servicios sociales del barrio donde vive ahora nada saben de él. Ni de su situación, ni de cómo vive, ni de dónde vive. «Pediré cita a ver si me pueden ayudar», afirma. Desde la PAH añaden que la actual crisis «demuestra que la vivienda es un derecho y un derecho para la salud. Y con este panorama ¿cómo arrojas a la calle a familias con mayores, niños y personas con discapacidad? Es una vergüenza».
