La denuncia por malversación de fondos públicos que el exalcalde de la Pobla Llarga, Rafael Soler (PP), presentó en 2017 contra su sucesora al frente del ayuntamiento y actual secretaria comarcal del PSPV, Neus Garrigues, no tiene más recorrido. La Sección Tercera de la Audiencia de València ha confirmado el sobreseimiento de la causa al considerar que la gestión del proyecto de rehabilitación de la acequia de la Mina «carece de relevancia jurídicopenal».
La acusación de Soler planteaba que el ayuntamiento no había realizado la inversión prevista con la subvención asignada por la diputación. El exalcalde había impugnado el auto que en primera instancia ya decretó el archivo y la Audiencia ha confirmado esta resolución en los mismos términos, al confirmar que el nuevo gobierno sí gastó el importe de la subvención, aunque algunas facturas se abonaran con retraso, y que Garrigues, al acceder a la alcaldía, «más bien tuvo que afrontar el desarrollo y ejecución de una actuación ya comenzada por el anterior equipo de gobierno -PP- con ninguna o escasa información, encarando las obligaciones anteriores conforme se iban desarrollando e iban apareciendo los compromisos de pago». La actual alcaldesa ya defendió en su momento que la acusación de Soler respondía a una venganza tras la denuncia formulada por el ayuntamiento contra él por un presunto fraude en la subvenciones recibidas para acondicionar el Teatro Monterrey.
El proyecto de rehabilitación de la acequia de la Mina arrancó con Soler todavía al frente del consistorio unos meses antes de las elecciones de 2015. La diputación había concedido una subvención de 35.000 euros para ejecutar la obra, de la que el gobierno del PP llegó a gastar algo más de 21.000 antes de los comicios que propiciaron un cambio de gobierno, de los casi 4.500 euros corresponden a unas compuertas que, según fuentes municipales, no estaban en la Pobla y no se abonaron hasta que se recibieron en agosto de 2017.
«El 9 de junio de 2015, el exalcalde recibió una notificación de la diputación que le requería la presentación de las facturas, pero Soler, que había perdido las elecciones, no lo hizo ni tampoco comunicó a Garrigues que había pedido una ampliación de un mes para finalizar los trabajos», explican fuentes del actual gobierno, mientras detallan que el exalcalde interpuso la denuncia argumentado que de la subvención de 35.000 euros solo se habían gastado los 21.433 correspondientes a trabajos encargados por el PP.
La defensa de Garrigues ha justificado que el gobierno del PSPV si gastó con posterioridad 14.818 euros en vegetación. La alcaldesa de la Pobla explicó ante el juez que tuvo conocimiento de la subvención y del estado de los trabajos cuando llegó al ayuntamiento una factura de la Mina sin que previamente ningún miembro del anterior gobierno le hubiera informado, un extremo que Soler llegó a reconocer en su declaración.
Los socialistas de la Pobla señalan que el objetivo de la denuncia era desacreditar a la nueva alcaldesa. Garrigues recordó ayer que desde el primer momento se puso a disposición de cualquier persona que pudiera tener dudas para mostrarle los documentos que demostraban su inocencia y agradeció el apoyo recibido.
