El acuerdo de liberalización del comercio agrícola entre la Unión Europea y Marruecos supone un reto sin precedentes para la agricultura valenciana. El pacto permitirá a partir de 2013 la entrada libre de naranjas marroquíes y otras frutas y hortalizas, el aumento del 35% en el contingente de clementinas y el 39% en el de tomate. Es decir, los principales productos del campo de la Comunitat Valenciana. Las organizaciones agrarias han lanzado ya las voces de alarma y hablan de la destrucción de 15.000 empleos y el abandono de 16.000 hectáreas de cultivo. Pero al margen de lamentaciones, es hora de que el sector se ponga manos a la obra y aborde las reformas estructurales que debía haber sacado adelante hace años. La principal es solucionar el minifundismo que caracteriza a la citricultura y que requiere de la puesta en marcha de grandes organizaciones de productores, una estrategia en la que han naufragado todos los consellers que lo han intentado y que nunca ha terminado de ser bien acogida por los propios agricultores. Además, el sector necesita de una transparencia en las relaciones comerciales, una línea en la que también han fracasado los sucesivos intentos de implantar contratos o el fenecido mercado de futuros. Sólo afrontando en serio sus carencias podrá el campo valenciano garantizarse un futuro que no está en absoluto perdido, pues cuenta con ventajas competitivas —de ubicación geográfica y plataformas de distribución— y redes comerciales que le deben permitir mantener su liderazgo.
