Conviene reflexionar sobre los errores que se han podido cometer en la política contra incendios en los últimos años. Y estas reflexiones deben partir de la propia experiencia vivida con los dos incendios que se están llevando por delante en las provincias de Valencia y Castelló miles de hectáreas. La primera es plantearse si los avisos de emergencia llegan realmente a quien tienen que llegar para que no se lleven a cabo en esos días conflictivos quemas de rastrojos, trabajos de riesgo,.. independientemente de que se puedan producir negligencias complicadas de evitar. Otra reflexión tiene que ver con la coordinación y la comunicación con las localidades, autoridades y vecinos afectados por los siniestros. Las quejas, tanto de las autoridades municipales como de los propios ciudadanos son contundentes: hay falta de información que contribuye a aumentar aún más el caos en una situación ya de por sí crítica. Y estas protestas tienen que ver con la descoordinación a la hora de ordenar las evacuaciones de poblaciones o la falta de contestación a la hora de requerir medios, lo que desvela importantes lagunas en la cadena de comunicación. Y sobre todo, los medios de prevención. En un escenario económico crítico los recortes deben estudiarse con detenimiento, y no solo en medios. La vigilancia del monte se hace cada vez más necesaria a causa del abandono de campos de cultivos por su escasa rentabilidad, la falta de limpieza de las superficies forestales y unas condiciones meteorológicas adversas. Cualquier euro que se retira de estas partidas puede terminar pasando una factura millonaria en lo económico e inabarcable en lo ambiental. Y son muchas las críticas de los regidores —la mayoría del PP— denunciando la falta de efectivos en la lucha contra el fuego y el abandono de zonas de alto valor ecológico.
