El primer viaje oficial de Felipe VI lo llevará al Vaticano, un destino que podría haber elegido cualquiera de los felipes anteriores con independencia del siglo. La Zarzuela alegará que el papa Francisco es el profesor ideal para la gestión de crisis, mediante guiños que provocan el asombro de la opinión pública sin la conllevanza de una traducción práctica. Con todo, es un destino teocrático que enmarca un pronunciamiento, como si se viajara a La Meca o a Disneylandia. La segunda medida que ha definido el comienzo de la «monarquía renovada para un tiempo nuevo» ha sido el blindaje de Juan Carlos de Borbón contra cualquier iniciativa judicial. Una canonización laica, la pureza por decreto que desacredita la labor de los tribunales a quienes se acusa implícitamente de parcialidad y sensacionalismo. Deben explicarse quienes predican que una imputación supone una garantía adicional y nunca un castigo.
La erección inmediata de las primeras empalizadas religiosas y judiciales contrasta con la preservación de situaciones incongruentes a domicilio. En el momento de escribir estas líneas, en La Zarzuela trabaja un imputado, Carlos García Revenga. El tesorero de Nóos implicado en el caso Infanta exhibe el agravante de su condición de secretario de las infantas. Su inminente salida no resuena con la urgencia de las inviolabilidades y aforamientos, aparte de la inclinación a disfrazarla de una recomposición del rompecabezas cortesano. Con Cristina de Borbón de polizón en palacio, tampoco hay prisas por suprimirla de la sucesión al trono, ni por retirarle el ducado de Palma o «Empalmado» que denigra innecesariamente a una porción del país donde «cabemos todos».
El discurso inaugural de Felipe VI enumera compromisos tan estrictos que no solo desacreditan la gestión llevada a cabo por La Zarzuela durante los últimos años del reinado de su padre. Desde esta semana, la monarquía asume voluntariamente su cuota de responsabilidad en el descrédito acelerado de las instituciones. El anuncio de que todo será diferente ha pillado con el paso cambiado a los funcionarios palaciegos, pese al auxilio inapreciable de la prensa cortesana. Si se descartan los artículos laudatorios que no variarían una coma su contenido en el caso de que el nuevo rey fuera Alessandro Lequio, subsiste por ejemplo el programa de Wyoming, dignamente elevado a la categoría de telediario con mayor audiencia de España.
El mismo día del discurso de la transparencia, el humorista solicitó la inocente lista de invitados a la recepción del Palacio Real. Los asistentes fueron profusamente fotografiados, pese a lo cual la relación fue denegada en un ejercicio de opacidad que hubiera sonrojado a Felipe II. No hace falta añadir que en monarquías avanzadas como la estadounidense, los nombres y currículos aparecerían en la página web de la Casa Blanca, con lo cual la mera solicitud pecaría de ridícula. La Zarzuela sigue suspendiendo el examen más elemental, donde la clave no reside en la inocua información ocultada, sino en la reivindicación orgullosa del oscurantismo.
La lista secreta de invitados a palacio demuestra como mínimo que la estupenda declaración de que todo será diferente ha pillado con el pie cambiado al equipo de Felipe VI. Negar la relación de asistentes a actos públicos encaja con el enquistado hábito de despreciar a los medios de comunicación. Si lo solicitan, por fuerza ha de ser con alguna aviesa intención. Las limitaciones que la ley impone al autoproclamado primer monarca constitucional pueden ayudarle a esquivar su competencia en asuntos de Estado, pero le incumbe de lleno el impecable comportamiento de su Casa. Por cierto, representada en exceso en el estrado donde se efectuó la jura, dada la nula relevancia institucional de funcionarios no electos pero con avidez por incorporarse a la historia gráfica.
La transparencia duele. Es incómoda y pegajosa. Juan Carlos de Borbón simulaba estar despachando en Madrid o Mallorca, mientras en realidad cazaba al margen de la reina en Suiza, África o el Cáucaso. Sin que nadie se lo pidiera, Felipe VI censuró y canceló el jueves este tipo de conductas. El grotesco término de «martirio», utilizado por Spottorno para definir una instrucción judicial a la que se arrojó de bruces la Familia Real, sintetiza la imbatible pereza burocrática ante la mínima «renovación». Para sosiego de los inmovilistas, la publicación de la lista de invitados sería recibida con la misma tibieza que el conjunto de los fastos de la coronación. La sociedad es mucho más avanzada que La Zarzuela, tan vergonzosa.
