Sindicatos y partidos de izquierda se han levantado en armas contra un cambio normativo que el PP valenciano está intentando aprobar en las Corts (ya validado en Aragón, Castilla-León, Cantabria y Madrid) por el que se establecería un cupo para que militares soldados, cabos y cabos primeros puedan acceder a plazas de policías locales con los mismos requisitos de selección que el turno libre. Defensa ha hecho este llamamiento a comunidades autónomas y ayuntamientos para que puedan integrar en sus plantillas a militares con más de cinco años de experiencia, lo que convierte a los aspirantes en jóvenes de entre 23 y 25 años. Esta reserva existe ya en la ley para funcionarios procedentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
El rechazo al cupo militar ha sido frontal desde que asomó la petición, aunque las razones esgrimidas se presentan algo difuminadas: Que si reforma impuesta; que si freno al esfuerzo sindical por dignificar la profesión; que si norma lesiva para policías pendientes de consolidar su plaza...
Ahora resulta que un soldado puede hacer guardia o una patrulla en Líbano, como casco azul de la ONU jugándose la vida en la llanura dominada por los Altos del Golán y portando un equipo que vale un Perú, pero no puede actuar como policía local por la Ciutat Fallera después de haber superado las mismas pruebas que los demás aspirantes. Es como si sindicatos y algunos partidos de la oposición
quisieran presentar a los militares como Rambos desarraigados y peligrosos, la misma idea que tenía el tristemente famoso jefe de policía de la película de Sylvester Stallone.
Una de las grandezas de la democracia española es haber transformado en un tiempo récord un ejército al servicio de un dictador en una institución profesional, formada y equipada, que desempeña labores solidarias en medio mundo. Si el recelo de sindicatos y partidos tiene motivos ocultos, que salga a la luz. Los motivos apuntados hasta ahora hacen agua.
