Decía Manuel Fraga que a un político se le coge por la bragueta o por la cartera. Podría haber añadido que a algunos por las dos cosas y que cabe incluso otra variante que es la del político que cae víctima de su propia vanidad. En España, y la Comunitat Valenciana no es una excepción, sino una regla, la lista de cargos públicos que han caído por llenarse la cartera con comisiones pagadas por la concesión de contratas o, simplemente, por hacer de intermediarios entre el promotor de turno y el partido que ustedes elijan, es muy larga. Desde Bárcenas hasta Jaume Matas, pasando por los cargos intermedios de la Junta de Andalucía en el caso de los ERE, el caso Palau en Cataluña o los casos Blasco, Brugal y Gürtel en la Comunitat Valenciana (C. V.). Con los nombres de los condenados, imputados o sospechosos de haber engordado su patrimonio con dinero público se podría confeccionar un listín telefónico de una ciudad mediana. Hablamos, claro, de quienes se lo han llevado al margen de la ley. De los caraduras como Federico Trillo y Vicente Martínez-Pujalte que han cobrado decenas o centenares de miles de euros por bisbisear al oído de un empresario a saber qué consejos, ellos mismos. Pujalte fue claro: ético, no; pero legal, muy legal. En este país habrá que ir pensando muy seriamente en la conveniencia de legalizar los lobbys para que al menos se sepa qué defienden sus señorías en el Congreso, los intereses generales o los suyos.
Están también los políticos especialistas en vaciar las carteras públicas. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, sabe o debería saber algo de esto. Por ejemplo del saqueo de 20 millones de euros de Emarsa, la empresa pública que gestiona la planta de aguas residuales de la ciudad, sin que ella se haya dado por aludida pese a tener su responsabilidad política. Ahora los concejales de Compromís han dado a conocer 466 facturas por un valor de 478.000 euros que alcaldía se ha gastado en pernoctaciones en hoteles de lujo en Madrid, comidas en caros restaurantes, viajes y estancias de sus escoltas en establecimientos hoteleros cuando ella está de vacaciones o se desplaza fuera de su ciudad. A Barberá le ha sentado mal que se dieran a conocer estos hechos y ha acusado a los valencianistas de hacer un uso perverso de la transparencia. La alcaldesa padece de déficit democrático si es incapaz de entender que la transparencia nunca puede ser perversa. Pero nada es comparable al saqueo que se hizo de las ayudas al tercer mundo por parte del equipo de la consejería de Solidaridad cuyo titular, Rafael Blasco, fue condenado a ocho años de cárcel. La capacidad de vaciar las carteras de las cuentas públicas sí que es endemoniadamente perversa. Y en la C. V. una parte de la derecha indígena se ha revelado extremadamente eficaz en la práctica de la rapiña.
Y luego están a los que se les pilla por la bragueta. Cuando Fraga dijo la frase con que se inicia este artículo se estaba refiriendo al caso Juan Guerra que, por si alguien no lo recuerda, comenzó por el despecho de la exmujer del hermano del que entonces era vicepresidente del gobierno de Felipe González, Alfonso Guerra. Por el rencor y por sus malos hábitos no han sido pocos los políticos que han visto como su carrera se iba al garete. Por no hacerlo muy largo recordemos aquí a uno de recientísima actualidad. El caso Pujol se empezó a conocer por la denuncia de la exnovia de uno de los hijos del ex Molt Honorable quien contó cómo centenares de miles de euros eran trasladados a Andorra en mochilas. En Valencia en esta última semana se ha destapado un caso que le puede costar, si no le ha costado ya el futuro político al presidente de la Diputación y del PP provincial, Alfonso Rus. Por si no están al tanto de los hechos se los resumiré en un par de pinceladas. La Fiscalía Especial contra la Corrupción investiga a Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública Impulso Económico y Local (Imelsa), al que se le acusa de desviar más de un millón de euros de fondos públicos a través de una empresa pantalla. Benavent fue concejal de Turismo en Xàtiva (La Costera) con Rus de alcalde y se convirtió en uno de sus hombres de confianza. Tanto que lo puso al frente de Imelsa.
Pero el escándalo que ahora se ha destapado se inició por un tema de bragueta, en este caso la de Benavent, que no la de Rus, aunque será este, entre otros, quien al final pague los platos rotos. El exgerente de Imelsa, siendo edil de Turismo, se casó con la reina de las fiestas de Xátiva, el matrimonio acabó mal, pero antes de que eso ocurriera, Benavent había comenzado a grabar las conversaciones que mantenía con Rus, su exvicepresidente Enrique Crespo, y otros cargos relevantes de la Diputación. Y ya se sabe -para muestra las conversaciones grabadas entre la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, con el promotor Enrique Ortiz, las que mantenía Camps con su «amiguito del alma», Álvaro Pérez, El Bigotes, o las de Rafael Blasco con su amigo Tauroni- que los políticos hablan con mucha llaneza cuando creen que no les escucha nadie. Benavent grabó esas conversaciones y las guardó en su ordenador personal. Pero la bronca con su exmujer fue de tal calibre que el padre de esta no tuvo mejor ocurrencia que copiarlas en un pen drive y trasladarlas a personas con poder e influencia en el PP. Ahí empezó la cuenta atrás para Rus. Las grabaciones están en manos del juzgado que investiga a Benavent, ahora huido de la justicia y cuyo paradero podría ser algún país de Centroamérica, que deberá decidir si las admite como prueba. Pero es opinión generalizada que, con independencia de lo que decida el magistrado, el presidente de la Diputación y del PP provincial no podrá soportar políticamente la transcripción, negro sobre blanco, de esas charlas privadas en las que, según se dice, se habla de comisiones y otras cuestiones nada edificantes para una sociedad harta de escándalos .
Tenía razón Fraga. A un político se le pilla por la cartera o por la bragueta. Y, a muchos, por las dos cosas. Lo de la vanidad queda para gente como Camps, víctima de su, digamos, ingenuidad ante un pelota profesional como «El Bigotes», o Rita Barberá, que no tiene nada de ingenua, pero a quien le parece de lo más normal que le regalen bolsos valorados en centenares de euros. Qué caray, ella se merece eso y más. Al menos, eso es lo que cree.
