El miércoles con la decisión de Rajoy de no abrir las discusiones sobre el modelo de financiación de las Comunidades Autónomas (CCAA) una parte de la convivencia entre los pueblos de España, entró en una nueva fase de riesgo.
Igual que ocurre con la deuda de Grecia, la que soporta la Generalidad Valenciana (GV) no se va a poder pagar. Este es un hecho que Ximo Puig y quienes le secundan no deben orillar en su programa de gobierno; si reaccionan de forma inadecuada frente a Rajoy la situación va a ser muy complicada. Aunque por su propia dimensión nuestra deuda no va a resolverse con la simple reforma del sistema de financiación esta modificación es tan imprescindible como urgente. Mientras no se reforme, la deuda seguirá creciendo y la implicación inmediata serán mayores impagos. La deuda es resolver el pasado, el modelo de financiación es el futuro.
El episodio de Grecia pone en evidencia que existen deudas que antes no parecían alarmantes y que con motivo de la crisis se han convertido en inasumibles. Estamos ante situaciones que hay que enfrentar con independencia de quienes hayan sido los responsables de su creación. Son los tribunales y los electores quienes deben juzgarlos. Vivimos episodios de dramas morales sin cuento, que incluso han dado lugar a situaciones de gran violencia. Ante cada coyuntura el acreedor debe decidir qué hacer según sean sus intereses y su ética, si castigar hasta el límite al deudor con los sufrimientos que ello conlleve o aceptar algunos mecanismos de solidaridad, aunque los propongan unos recién llegados jovencitos que hacen política en "modo académico". Pero vayamos a lo mas cercano.
La deuda de la GV solo puede enfrentarse con la óptica de una restructuración, una manera educada de hablar de una posible quita, como se está viendo en Grecia. Algunos hemos venido desarrollando la idea de una mutualizacion honrosa, contando con una cierta solidaridad del resto de CCAA. Este es un paso obligado, cualquiera que sea la fórmula de reestructuración que se decida. Son fórmulas complicadas pero útiles para que la GV sea viable y que desgraciadamente las decisiones del Gobierno de esta semana pueden romper.
Es de justicia reconocer que en materia de amortización Fabra y Morages, dejan al nuevo Consell una saludable moratoria de meses, que ahora éste deberá conseguir que sea de años. Hasta el miércoles Montoro era creíble. El ministro había repetido durante meses que la negociación del nuevo sistema empezaría en Julio, una vez se tuvieran cerrado los datos fiscales de 2013 para poder contrastar el funcionamiento de la financiación global y de cada una de las CCAA. Prometió acelerar la discusión pues afectaría a los ingresos del 2015. En julio era posible una discusión sensata, por un lado se conocería la última liquidación del IRPF y por otro, ya se discutiría con unos gobiernos autonómicos con cuatro años de futuro recorrido. Todo parecía coherente, aunque se sabía que el gobierno central podría estar preocupado por las elecciones generales y que varías CCAA, entre ellas la nuestra, tendrían las dificultades propias de unas coaliciones que ya aparecían como imprescindibles. Todo eran detalles importantes, pero pensábamos que serían secundarios al ponerse a hablar de un tema tan radicalmente importante como el de un acuerdo para dar continuidad a la España de las Autonomías. No ha sido así.
La vuelta atrás de Montoro significa que el nuevo Consell no va a poder preparar un Presupuesto de 2016 viable, igual que ha pasado con el que Fabra y Moragues prepararon para 2015 y que van a tener la suerte no tener que cerrar y dar explicaciones sobre las trampas contables que encierran. Gobernar con la incertidumbre de desconocer los ingresos se agrava cuando ocurre en el marco de una deuda inasumible.
El ministro empezó la semana diciendo, en una visita a Santander, que iba a aplicar a los nuevos gobernantes (de ayuntamientos y CCAA) todo el rigor y las medidas de control que contempla la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Un día después anunciaba el retraso en el modelo de financiación.
Estamos frente a una Ley Orgánica con mas de tres años de vigencia, que contempla unas medidas que Rajoy no supo o no ni quiso aplicar a la GV de Fabra, quizás con el inconfesado argumento de que en Valencia gobernaba gentes de su propio partido. El Consell ahora en funciones, utilizaba, sin rubor alguno, como baza para la defensa de su gestión sus excelentes contactos con el Ministro de Hacienda.
A los pocos días de un cambio en la titularidad al frente de la GV, en menos de cuarentaiocho horas, dos declaraciones por un lado, que se acabó de hacer la vista gorda como antes y por otro que no habrá nuevo modelo de financiación para las CCAA. No es ser malpensado sospechar que en la cabeza de Rajoy se pueden haber desencadenado las consecuencias del principio "al enemigo ni agua" que en nuestro caso significa incrementar el riesgo de que la GV pueda no hacer frente, en todo lo que queda de 2015, a los servicios de sanidad, educación, nóminas, etc.
Rajoy na ha sabido capaz de afrontar el tema de la financiación autonómica y puede ocurrir que sea mas recordado por ello, que por haber evitado una intervención total de las cuentas del Reino de España. Desde Madrid cuentan que la discusión sobre la continuidad del estado autonómico lleva tiempo estando presente en La Moncloa, donde tiene muchas dudas sobre la viabilidad de la actual organización territorial de España. En mas de una ocasión el propio Presidente, con su clásico hábito gallego de esconder a sus gobernados si sube o baja, ya había intentado corregir el anuncio del inicio de las discusiones que ahora acaban de ser impunemente atrasadas. Al no dar explicación, ni abrir debate alguno, la cierto es que incluso, en el supuesto que tuviera razones para hacerlo, esta forma de decidir y actuar es democráticamente inaceptable. Lo enunciado por Montoro acaba de romper toda posibilidad que desde Valencia se pida alguna solidaridad en el marco del Reino de España, en forma de mutualización de una parte de la deuda o de cualquier otra variante que los políticos alumbren con el resto de CCAA y con el gobierno central.
Es doloroso que cuando a nivel de la política española y de la opinión publicada se están asumiendo y comprendiendo las posibles alternativas que sobre Grecia se tomen, simultáneamente aquí se esté abordando con tan poco rigor la situación de la deuda de las CCAA del Reino de España.
