Al final va a resultar que los más de 1.600 trabajadores despedidos de Radiotelevisió Valenciana tras su cierre, o al menos sus representantes sindicales, son el principal obstáculo para la reanudación de las emisiones del canal autonómico que el Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra quiere celebrar el próximo 9 d´Octubre.
Los líderes del tripartito fueron muy lejos con sus promesas en campaña, eso es cierto, dando por hecho que el centro de producción de programas reabriría y los despedidos volverían a trabajar, aunque unos dieron esperanzas a todos los afectados y otros a sólo una parte de ellos, la que la maltrecha hacienda autonómica se pudiera permitir.
Hasta ahora, prácticamente hasta ayer, las promesas electorales de unos y la capacidad de movilización y eco social de otros tenían el asunto enquistado en que o regresaban los 1.600 a Burjassot o no había partida. En las últimas horas, el comité de empresa de RTVV parece haber rebajado sus posiciones y se ha manifestado dispuesto a dialogar «sin líneas rojas», es decir, sin prefijar un número concreto de trabajadores para retornar al ente.
La negociación para la reapertura de RTVV ha de tener en cuenta que los intereses de la sociedad valenciana no necesariamente han de coincidir con los de los extrabajadores. La primera, o al menos una parte significativa de ella, aspira a recuperar un medio de comunicación público que garantice la información veraz y de proximidad y que contribuya a la normalización del valenciano con un coste asumible. Los segundos, aunque muchos de ellos compartan esas premisas, aspiran a recuperar su puesto de trabajo, a salir de las listas del paro en las que acompañan por desgracia a otros 400.000 valencianos.
La nueva posición de diálogo de los sindicatos de RTVV ha de ser bienvenida. Al fin y al cabo, quienes finalmente reabran Canal 9 serán mayoritariamente extrabajadores, ya sea porque muchos recuperarán sus derechos previa devolución de las indemnizaciones que cobraron o porque en los procesos de selección de nuevo personal muy pocos aspirantes podrán acreditar la experiencia de quienes ya trabajaban en la casa. Una guerra de recursos contra la derogación de la ley y el decreto de reapertura o las posturas maximalistas de todos o ninguno mantendrán la emisión en negro.
