Los de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), con Martín Quemada a la cabeza, se frotarían las manos con las actas que la trama de contratistas de extinción de incendios levantaba cada vez que se reunían para repartirse los concursos públicos, de las que ha dado cuenta Levante-EMV. La minuciosidad con la que se fijaban los turnos por los que se establecía el orden de acceso a las diferentes contratas „quién debía presentarse, quién del «cártel» alquilaba las aeronaves a quién y a qué precio„, sería más que suficiente para cumplimentar uno de esos informes que la CNMC utiliza para sancionar comportamientos contra la libertad del mercado, sin necesidad de provocar dolores de cabeza al inspector para encontrar pruebas, ni de buscar delatores que oficien de testigos a cambio de librarse de la sanción .
Pero se ve que a la Comisión de la Competencia no le gusta que le den las cosas hechas. ¿Es que no leen los periódicos?
Algo parecido le sucede al Ministerio de Agricultura, que en plena investigación judicial por el supuesto amaño de contratos públicos, con una nueva operación en marcha contra la trama que se cobra otros dos altos cargos en la Comunitat Valenciana y Cataluña, en la que además se desvela que actuaban de forma conjunta en varias autonomías, e incluso fuera de España, va y oficializa la adjudicación de un nuevo concurso de 15 millones de euros a dos de las empresas investigadas. Y encima lo justifican diciendo que era la oferta «económicamente más ventajosa para la Administración» y no incurría «en valores anormales o desproporcionados, según los criterios de precio». Evidentemente. No podía ser de otra forma con los antecedentes que hay.
¿Y qué cara se te queda cuando te enteras? A mí, por lo menos, de idiota. Sobre todo porque esas adjudicaciones se hacen con dinero que sale de muestros bolsillos.
Puedo llegar a entender que desde el punto de vista legal, hasta que no haya sentencia firme todo son sospechas, por aquello de la presunción de inocencia. Pero no puedo obviar ni las actas, ni la investigación, ni los registros, ni las detenciones, ni los imputados...
No me puedo creer que la Administración carezca de las herramientas legales adecuadas para, por lo menos, paralizar las adjudicaciones hasta que se resuelva la investigación.
Lo que sí estoy empezando a entender es por qué levantaban estas actas que se han convertido en «pruebas de cargo»: por la sensación de impunidad con la que se han venido haciendo determinadas cosas en los últimos años. O décadas, quien sabe; sobre todo ahora que la Fiscalía Anticorupción, analizadas las prácticas de estas empresas, se va a poner a quitar las telarañas de los contratos de los últimos quince años adjudicados en España.
Pero el «caso Castellano», «trama del fuego», «fraude de las adjudicaciones» o como lo queramos llamar, solo va a ser, desgraciadamente, uno de los numerosos casos oscuros cuya sombra nos van a perseguir no solo este año, si no el próximo lustro.
Si la lista de imputados y casos abiertos en los juzgados por corrupción, estafas, sobornos,... en las diferentes administraciones públicas nos parecía ya excesiva, la que se viene encima con la revisión de los armarios emprendida por el nuevo Consell bi-tripartito, no lo va a ser menos. Solo con remontarnos una semana hemos visto como salían a la luz numerosos escándalos nuevos.
Uno de ellos, el del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que ha llevado a la Fiscalía los convenios que se formalizaron desde el año 2012, con los organizadores del Valencia Global, en la época en que Máximo Buch era conseller de Economía.
También hemos conocido esta misma semana, hace solo tres días, que otro departamento autonómico, el de María José Salvador, ha puesto también en manos de la Fiscalía „a la que no le va a faltar faena„ una de las empresas mixtas que creó la Generalitat „Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas„ por haber provocado un quebranto de al menos 3 millones. La empresa la fundó Rafael Blasco, que no se pierde ni una en ninguna conselleria, de la mano de promotores privados.
Y ahí no termina la cosa, puesto que el Ayuntamiento de Valencia del tripartito presidido por Ribó también está levantando alfombras, y parece que ha encontrado también pelusa en la Empresa Municipal de Transportes.
Y ahora en las Corts se quieren meter en las ITV.
Para salir corriendo y no parar.
