Se ha acostumbrado tanto el PP que nos gobierna a hacer de su capa un sayo que le cuesta reconocer que hay quienes están ahora en condiciones, porque así lo han decidido los votantes, de exigirle responsabilidades. Se ha considerado durante cuatro largos años el partido de Mariano Rajoy con pleno derecho a gobernar a golpe de decreto ley que ahora se revuelve cuando los nuevos representantes de los ciudadanos le exigen rendir cuentas de sus actos. Y el todavía presidente finge de pronto no entender que un Gobierno, por muy en funciones que esté como ocurre con el actual, no puede rehuir dar explicaciones en el Congreso aunque éste no sea ya el mismo que le eligió en su día.
Don Mariano y quienes le rodean, y no se atreven a decirle de una vez al rey que está desnudo, buscan todo tipo de triquiñuelas para defender lo indefendible: un Gobierno que se niega al control del Parlamento y niega al mismo tiempo estar en rebeldía. Es algo tan elemental que no necesita de doctores de la ley para interpretarlo. Cualquier escolar puede entenderlo: basta aplicar el sentido común, ése al que tanto le gusta apelar con tanta frecuencia a nuestro líder conservador.
Pero el mismo Mariano Rajoy que nos regala una y otra vez con frases de perogrullesca es también un maestro en decir sin pestañear una cosa y la contraria sin que parezca guiarse su discurso por el principio de no contradicción.
Lo hemos visto una vez más con motivo del acuerdo sobre refugiados al que llegaron los líderes europeos con Turquía y en el que líder del PP sostuvo que «es razonable y respeta la tradición europea de defensa de los derechos humanos». Y lo sostuvo con la misma tranquilidad con que unos días antes había declarado que todas las personas que entrasen de manera irregular en la Unión Europea desde Turquía serían devueltas a este país, que las aceptaría.
Es una forma de gobernar la de Mariano Rajoy que sólo ha sido posible gracias a la mayoría absoluta que le dieron en su día los electores en la creencia de muchos de que el PP sabía al menos manejar mejor la economía y que no se ha cansado de esgrimir ante la mínima crítica. Luego quedó demostrado una vez más que si una cosa saben hacer siempre mejor los conservadores „y por desgracia no sólo ellos„ es privatizar beneficios y socializar pérdidas, y que, al igual que en otras partes, la crisis sólo ha servido aquí para aumentar la desigualdad.
Pese a tales evidencias e impermeables a los escándalos de corrupción que salpicaban continuamente a ese partido, muchos electores volvieron a darle su confianza al PP en las últimas elecciones, lo que nos ha abocado a una situación de casi impasse, agravada por la desconfianza en el seno de la izquierda. Y ahora nos encontramos con la dificultad añadida para las fuerzas del cambio de que las reformas constitucionales que tanto se necesitan sólo serán posibles con el apoyo de un PP que tiene el control de ese Senado que algunos quieren cerrar y otros convertir en cámara de representación territorial.
Como explica el economista Ignacio Muro, mientras el foco de la mayoría de los análisis se centró en analizar las distorsiones que la ley D´Hondt provocan en el Congreso, «se pasó por alto el efecto abrumadoramente perverso que supone otorgar el 59 % de los nuevos escaños del Senado al PP con sólo un 28 % de apoyo popular». Si todas las reformas de la Constitución ponían el dedo en la necesidad de reformar el Senado (o suprimirlo), agrega Muro, nadie parecía tener en cuenta que «su papel, dentro del entramado constitucional, era precisamente hacer imposible, o muy difícil, la reforma constitucional».
El Senado, lejos de desarrollarse como cámara territorial, tiene encomendadas funciones específicas que ahora adquieren enorme importancia: así, por ejemplo, la Constitución delega en esa cámara la responsabilidad de la suspensión de una autonomía. Al mismo tiempo, el Senado elige a cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional, a diez de los veinte vocales del Consejo del Poder Judicial, a seis de los doce consejeros del Tribunal de Cuentas y a cuatro de los nueve miembros del Consejo de Administración de la RTVE.
Y cualquier reforma constitucional requiere como mínimo la mayoría absoluta de los votos del Senado además de los dos tercios de los del Congreso de los Diputados. Los padres de la Constitución lo dejaron, pues, todo atado y bien atado: con o sin nuevas elecciones, los emergentes van a tenerlo muy, pero que muy difícil.
