Por tercera vez en doce meses los ciudadanos vuelven a ser convocados a las urnas para decidir entre izquierda y derecha, entre nueva y vieja política. El gobierno autonómico surgido del Pacte del Botànic ha echado ya los primeros dientes y afronta el momento del primer balance en plena campaña electoral, con la obligación de refrendar sus promesas con hechos recientes o al menos con proyectos que sean algo más que palabras.
La austeridad ha marcado este primer año de mandato de Ximo Puig y Mónica Oltra con el apoyo parlamentario del grupo de Antonio Montiel. Y tanta importancia ha tenido la austeridad voluntaria como la impuesta. En las conselleries, en las Corts, las empresas públicas, diputaciones y ayuntamientos se han aplicado drásticos recortes de gastos, animados por la revisión policial y judicial de los desmanes que algunos cometieron en la etapa precedente, y obligados por las estrecheces de una financiación autonómica que no da para la gestión de los asuntos públicos en esta «periferia invisible» a la que se refería esta semana el presidente Puig en Barcelona.
Sin dinero en las arcas, solo ha cabido en el guión un reducido paquete de medidas con coste para marcar diferencias y cumplir parte de los programas, y un buen surtido de gestos gratuitos, especialmente en el ámbito de la transparencia, que no requiere dinero, solo voluntad.
En educación y en sanidad se han producido las principales novedades. Libros de texto gratuitos para los estudiantes, más dinero para becas en la enseñanza pública eliminando las de la privada, un compromiso de rebaja de ratios en las aulas y la convocatoria de oposiciones para docentes después de un largo vacío han sido los hitos erigidos desde la conselleria sita en la avenida de Campanar, todos ellos rematados por la fiesta denominada «Primavera educativa», exaltación de la enseñanza pública y en valenciano que casi muere de éxito por el exceso de oferta concentrado en tres días.
En el área que dirige la doctora Carmen Montón, la supresión de los copagos, la recuperación de la universalidad de la atención sanitaria y la decisión de no prorrogar las concesiones de hospitales y áreas de salud del «modelo Alzira» han sido los platos fuertes de la apuesta por el servicio público como seña de identidad política.
El mayor gasto que ha supuesto la aplicación de estas y otras medidas, como el pago de las ayudas a la vivienda o la actualización de los abonos a los dependientes, ha sido un problema pero el Consell ha sabido convertirlo en activo político. Montoro y el resto del Gobierno de Rajoy tienen la culpa de todo por estrangular económicamente a los valencianos con una financiación injusta. Así que pongo 1.300 millones de euros más de gastos que de ingresos en el presupuesto y ya pagará alguien. El Partido Popular de la Comunitat Valenciana, necesitado de una refundación y a merced de los diarios sobresaltos judiciales o mediáticos, no ha podido ni sabido hacer frente a ese esquema de funcionamiento del primer año de legislatura.
La formación que lidera Isabel Bonig ni siquiera ha sacado partido de los desencuentros entre los socios de gobierno, que al tiempo que saludaban las nuevas apuestas industriales, como la ampliación de la megafábrica de calzado en Elx; la reapertura de la línea siderúrgica de ThyssenKrupp y el acuerdo para mantener la planta de Lafarge en Sagunto, se despellejan día a día en batallas como los horarios comerciales y las aperturas en festivos o el rechazo a proyectos empresariales de ocio y servicios como Puerto Mediterráneo o el hotel casino de la Marina Real con argumentos ambientales o meramente estéticos, apartado en el que Compromís va ganando al PSPV-PSOE por dos goles a cero.
Es en el terreno de las relaciones con el sector privado en el que el tripartito tiene su talón de Aquiles. Al presidente Puig se le ha oído subrayar que la corrupción ha devastado las relaciones de las empresas con las administraciones valencianas, y que es necesario establecer un nuevo modelo de relación basado en la limpieza y en la seguridad jurídica. Sin embargo, las concesiones sanitarias, el sector educativo privado y los promotores comerciales y de servicios no encuentran realidades detrás de las palabras del presidente.
La economía valenciana crece por encima del 3 %, más que ninguna en España, y ese incremento está protagonizado por las empresas, no por la Administración, que no tiene dinero para poner en marcha proyectos que generen el empleo que hace falta. Comparecer en el escenario nacional e internacional como la Comunitat en la que los proyectos se eternizan o en la que todo son trabas económicas, políticas o ambientales no es la mejor carta de presentación cuando se tiene más de medio millón de ciudadanos en el paro y se aproximan retos tan importantes como la fábrica de coches eléctricos de Tesla o el récord absoluto de ocupación turística.
Acuerdo en el Bloc
El pacto entre nacionalistas garantiza unidad y moderación
El acuerdo alcanzado ayer entre las dos candidaturas a la dirección del Bloc Nacionalista Valencià, las encabezadas por Águeda Micó y por Rafael Carbonell, es una buena noticia para el partido, para Compromís y para la Comunitat Valenciana. El diálogo que ha hecho posible el pacto cuando parecía que todo iba a acabar en confrontación contribuirá a que los nacionalistas abandonen sus reflejos de partido de eterna oposición, aquella que siempre tenía difícil superar la barrera del 5 %, y adquieran de lleno la condición de quien gobierna en muchas instituciones y puede regir aún más, haciéndolo para todos, y no para algunos o contra algunos. La elección de Enric Morera como presidente, cargo con el que un sector intentaba homenajear a Pere Mayor, es una muestra inteligente de unidad y moderación. El presidente de las Corts, como el «botiguer» que siempre ha sido, podrá seguir ofreciendo su «seny» y actuar de árbitro en el caso de que surjan diferencias, inevitables dentro de una coalición en la que son mayoritarios pero no mandan.
