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Puig y Díaz no solucionarán la financiación autonómica

En este mismo ejemplar de Levante-EMV podrán leer detalles de la Declaración de Mislata firmada por los responsables de los gobiernos valenciano y andaluz, Ximo Puig y Susana Díez, respectivamente. Por desgracia son manifestaciones de barones territoriales preocupados por su parte en el reparto, sin aportación alguna para la urgente resolución del debate territorial de España.

Esperemos que no sea el tradicional gallinero de reivindicaciones incompatibles sobre quién tiene mayores necesidades de gasto, pelea revestida de medias verdades académicas y un ministerio que, sobrevolando el nido de cuco, apacigüe la contienda con fondos, subfondos y la vaselina de nuevos recursos para ablandar aceros». Son palabras que me consta son muy sinceras del profesor López Casanovas, representante formal de Baleares y de Cataluña (in pectore) en el comité que el jueves empezó a trabajar en esta especie de misión imposible llamada nuevo modelo de financiación. Siempre persiste la duda sobre el nivel de pretensión política y de voluntad de autogobierno que pueda existir entre nosotros.

Cada mes el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) pregunta a 2.500 españoles para su barómetro. A pesar de mi escasa confianza en las encuestas, confieso que siempre me interesa el resultado de la pregunta referida a las preferencias sobre las alternativas de organización territorial del Estado: «¿Con cuál de estas opciones esta usted más de acuerdo?»

Los datos son más bien estables cada mes. En enero, las respuestas eran: un 18,7 %, opta por un único Gobierno central sin comunidades autónomas (CCAA); un 10,3 % por unas CC AA con menor autonomía que las actuales; un 38,2 % por un Estado con CC AA como en la actualidad; un 14 % por unas CC AA con mayor autonomía que las actuales; un 10, 7 % prefiere reconocer a las CC AA la posibilidad de convertirse en Estados independientes; y un 8,1 % no sabe o no contesta.

El desglose por CC AA es desconocido por razones del tamaño de la muestra. Sin embargo, el CIS viene detectando a largo plazo en todas las autonomías, menos Baleares, Cataluña, Navarra y Euskadi, la tendencia a preferir menos descentralización. La aspiración al mayor autogobierno posible se registra en cuatro CC AA (especialmente en Euskadi y Cataluña) pero no es un objetivo para la mayoría de españoles. Entre éstos, los valencianos distan muchos de ser los más entusiastas.

De la misma forma que David Cameron, al plantear el brexit no midió adecuadamente las preocupaciones de muchos británicos, o que el dúo Obama/Clinton no valoró el estado de ánimo de los votantes de algunos estados, es posible que Ximo Puig no haya medido la real aspiración de autogobierno de los cinco millones de valencianos. No sacralicemos las cifras del CIS, pero no las despreciemos, cuando vamos a discutir la financiación de las CC AA.

López Casanovas habla, con razón, de dos opciones para el futuro de éstas. Una es la federalizante, aquella que pide para las CC AA la máxima capacidad fiscal, más autonomía, más responsabilidad y riesgo financiero. Propone acomodar en ella a las comunidades vascas, que ya tienen aquellas prerrogativas, pero que en ausencia de encaje compartido se ahorran la solidaridad. Esperanzadoramente postula un guiño de comprensión para con las comunidades históricas que podría alejar a Cataluña de la ruptura. La segunda, es la actual, basada en la concepción de que todos los ingresos impositivos pertenecen al Gobierno central, lo que al final conduce a aplicar la lógica de la caja única. El Estado establece, recauda y gestiona lo impuestos y los distribuye posteriormente, con una parte para las CC AA. Éstas no son vistas como gobiernos a los que le corresponden los ingresos fiscales de sus territorios, sino como entes que reciben recursos del Estado que delega en ellos un cierto poder tributario, transfiriéndoles una parte del rendimiento impositivo, con el objetivo de que gestionen buena parte del Estado del bienestar. Con ello, las CC AA se limitan a buscan garantías de gestión de gasto para atender sus necesidades por la vía de las transferencias centrales, sin asunción de mayores responsabilidades fiscales. Los problemas derivados de este tipo de reparto los conocemos bien y no parece que ningún acuerdo duradero vaya a ser posible.

Las dos situaciones son de difícil convivencia, pero no sirve que unas arrastren con sus aspiraciones a otras voluntades no compartidas. Que sean vías abiertas, pide López Casasnovas, que no condenen a un estatus para siempre. Quien quiera cambiar de vía, que sepa que ello no es gratis y que su acomodo no ha de forzar el encaje, con la fórmula del café para todos, de las demás. Sin ello no se mantendrá la estructura territorial del Reino de España.

Hasta ahora, nada ha dicho el Consell que permita pensar que, como las cuatro CC AA señaladas, va a dejar de optar por la segunda opción. Aparentemente, la única preocupación de Puig es que el reparto en el futuro sea mejor que en el pasado y en esta tarea trabaja al lado de otros presidentes del PSOE, como ayer se vivió en Mislata.

Quizás sea el momento de apuntar que los redactores de la Constitución fueron mucho más listos y prudentes de lo que los jóvenes de Podemos y sus distintas socios electorales, como Compromis, están dispuestos a reconocer. Trabajaron sabiendo que ninguna propuesta que no ofreciera un encaje a las comunidades forales y a Cataluña no funcionaría. Esta diferencia fue reconocida en la letra y el espíritu del pacto que aquella constitución quiere seguir siendo, hablando de nacionalidades y regiones, y de comunidades del artículo 151 y 143, vía rápida y vía lenta. Sin embargo, los políticos que tenían que llevarlo a la práctica traicionaron el acuerdo. Para los jóvenes con aspiraciones, apostar por la vía lenta era inconcebible pues retrasaba poder ocupar el puesto político/autonómico que se habían auto adjudicado.

En aquellos tiempos preautonómicos de Joan Lerma nada podía ser lento, ni siquiera pausado y racional. Negociaron competencias inverosímiles de las que nada sabían con presupuestos no realistas. De aquellos ardores adolescentes viene buena parte de los déficits autonómicos de ahora. Para no insistir en el caso valenciano, hay que recordar el entusiasmo andaluz por ser nacionalidad, como si su débil estructura económica y su historia tuvieran el mismo sesgo que los de Cataluña, por ejemplo. El café para todos dio lugar a partos como la Comunidad de Madrid, que por no tener no tenía ni bandera a la que recurrir. Se incubó el dumping que ahora sufrimos. Alguien tan poco sospechoso como Esperanza Aguirre lo reconocía el viernes: «Creo que habría que haber diferenciado a Cataluña y al País Vasco, que evidentemente son completamente distintas a lo que pueda ser La Rioja, Cantabria o incluso Madrid».

A estas alturas, que Puig y Díez proclamen con solemnidad desde Mislata que todos «los ciudadanos, independientemente del territorio que residan, tienen derecho a acceder a un nivel equivalente de servicios públicos a prestar por las CC AA» induce a pensar que las actuales comunidades autónomas pueden no ser el camino para asegurar la igualdad entre los españoles y deberían ser replanteadas. La lógica del reparto puede haber fracasado. Ya avisaba Séneca: «Nunca hay viento favorable para el que no se sabe hacia dónde va».

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