Dentro de pocas semanas, Mariano Rajoy, con una autoridad moral muy baja, va a tener que tomar decisiones respecto a Cataluña, referidas a las partidas presupuestarias que el Tesoro del Reino de España traspasa a las comunidades autónomas (CC AA). Nos regimos por un sistema en el que la Administración central recauda para después distribuir entre CC AA según un modelo, aunque éste sea objeto de quejas. Parezca bueno o malo el reparto, las CC AA, como Estado que son, tienen todo el derecho a recibir su parte, en tiempo y hora, como el más sensible de los ministerios, digamos Defensa. Sin embargo, una parte nada despreciable de las partidas que, en la actualidad, viajan de Hacienda a las CC AA tiene un carácter graciable, lo que explica que el FLA, más que exigirse, se solicite de forma más o menos respetuosa. Desafortunadamente, la Generalitat Valenciana (GV) comparte el liderazgo con su homóloga catalana en la necesidad imperiosa de recibir estos préstamos para seguir subsistiendo financieramente.
En el diseño de la ruta hacia su república, la Generalitat catalana no ha ocultado que sigue necesitando del FLA para conseguir su objetivo, e incluso ha reconocido que para que su futuro Banco Central de Cataluña empiece a funcionar necesitará disponer, para sus primeros meses de independencia, de 50.000 millones de euros, que pueden salir de algún prestamista foráneo. Los teóricos del procés piensan en Alemania, Israel y EE UU como fuente de este capital. Con los últimos movimientos geopolíticos, no parece que el gobierno de Angela Merkel esté por ayudar a una desestabilización de Europa a través de Cataluña, pero no puede decirse lo mismo de Donald Trump y de su lobby sionista. Dejemos para los enviados de Oriol Junqueras y los representantes de los fondos de inversión estas especulaciones, Vladimir Putin incluido, y sigamos con nuestro FLA indispensable y salvador.
Resulta evidente que antes de pensar en la toma de control de los Mossos y en el envío de tanques a la Diagonal, resultará más práctica y eficaz una especie de suspensión del FLA como forma de poner de manifiesto, tanto a los catalanes como al resto de los españoles, la inviabilidad, no tanto de una futura república catalana, como la de la superación de las dificultades inherentes a una transición como la planteada por Carles Puigdemont. El maremágnum que ya conocemos con motivo del brexit, es sólo una indicación de lo que puede ocurrir con Cataluña, incluso en el menos agresivo de todos los escenarios. Desde nuestra comunidad, la duda no es otra que la propia continuidad del FLA en el caso de que tenga que utilizarse como instrumento en el proceso catalán. Se hace difícil pensar en un escenario en el que solo sean los catalanes quienes sufran los daños colaterales de un conflicto que implica a todos los españoles.
Nos aguarda un agosto poco tranquilo, pues mientras JxSi llama a sus parlamentarios a estar localizados y a veranear a menos de dos horas del Parlament, además en el décimo día del mes (¡sant Llorenç, mártir!) está previsto que los expertos designados por el Gobierno y las CC AA, sin incluir País Vasco y Navarra y con la ausencia voluntaria de Cataluña, presenten sus conclusiones sobre la reforma del sistema de financiación autonómica. Mal pinta su trabajo, pues hace días, a causa del acuerdo del gobierno con el PNV, el representante de Asturias se dio de baja y esta última semana el representante de Balears lamentaba su papel, al constatar cómo el simple voto de un diputado canario conseguía un puñado de beneficios en transporte que él no habría conseguido nunca en el seno de la comisión, ni siquiera con el mejor de los argumentos. Nula esperanza para conseguir que el FLA deje de ser una especie de arma de destrucción indeterminada.
Las noticias que llegan desde el grupo de expertos dicen que allí no quiere entenderse que Catalunya no es La Rioja o Madrid; que, a pesar de las proclamas, no se va a reconducir el privilegio foral; y que ante la propuesta de una subida del 2 % en las transferencias a las CC AA, la Comunidad de Madrid defiende el sistema actual que le facilita su actual dumping fiscal y así seguir bajando impuestos autonómicos cada vez que pueda. En otras palabras, son muchas las comunidades autónomas que se niegan a alternativas de financiación distintas a las de un Estado que recaude, estime las necesidades según crea y transfiera recursos con la solidaridad forzada que crea conveniente, sacando a unas CC AA para dar a otras. Este es el mundo del FLA.
Día a día se agotan las posibilidades de ofrecer un nuevo encaje mínimamente satisfactorio para una Catalunya cada vez más desencajada. El Gobierno de Rajoy está superado, ya que el verdadero fondo del sistema de financiación actual tiene que ver con el modelo de Estado y de país, sin que el ciudadano sea consciente de quién fija los impuestos, a quién los paga y quién es el responsable último de cada gasto. Como recordaba quien fue un efímero conseller de Francisco Camps: «Es un tema de reglas del juego, ya saben lo que dicen los ingleses de que los juegos donde se hacen menos trampas no son aquéllos en los que los jugadores son menos tramposos, sino en los que las reglas del juego están más claras».
Ante el quietismo de Rajoy y la rautxa de Puigdemont se ha elaborado una lista de personas que podrían iniciar una reacción ante la magnitud del problema. En ella figura Ximo Puig. Esta en esta selección, no sólo por ser cabeza de una GV muy dependiente del FLA, sino también por la forma como ha sabido mantener su talante dialogante, con una culturalidad catalana sin mácula pero ajena al proyecto político de Països Catalans. Quizás debería involucrarse seriamente en el problema catalán y con ello rendir un servicio extraordinario a todos los españoles y, por ende, a los valencianos.
En las semanas que quedan antes de este agosto tan tórrido meteorológicamente como políticamente incierto para el Reino de España, alguien debe movilizar a otras personas con una cierta autoridad moral, de la que desgraciadamente, en cuestiones de financiación, Rajoy carece aunque tenga legitimidad institucional.
