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El déficit cero: una obsesión que a todos perjudica

La obsesión del ministro germano de Finanzas, Wolfgang Schäuble, por el déficit cero irrita no solo a los socios comerciales de Alemania, sino también a muchos ciudadanos, incapaces de entender qué gana con ello el país.

De creer al menos las estadísticas, Alemania vive un período de prosperidad: el índice IFO de confianza empresarial sube a máximos históricos y lo mismo ocurre con el nivel de ocupación, que alcanza también niveles récord aunque otra cosa es la proliferación de los llamados "minijobs".

Las arcas del Estado están, según escribe la prensa, a rebosar porque nunca habían contribuido tanto los ciudadanos con sus impuestos al erario público ni habían ganado tampoco tanto las empresas del país.

Los ministros de Finanzas tanto del Gobierno federal como de sus laender ingresan anualmente más de lo que gastan, y Schäuble podrá ufanarse por cuarta vez de un superávit en las cuentas públicas.

Los trabajadores ven subir sus sueldos por segundo o tercer año consecutivo y también reciben más dinero los pensionistas, lo que no puede sino provocar envidia en los de otros países, empezando por el nuestro.

Debido al incremento de la demanda, las empresas aumentan la producción y amplían sus plantillas como no había ocurrido antes.

Todo ello se debe en buena medida a la depreciación del euro frente a otras monedas, lo que torna más competitivos fuera de Europa los productos germanos.

No hay duda de que la moneda común europea ha beneficiado sobre todo a Alemania ya que, como escribe Der Spiegel, si ese país tuviera aún el marco, se habría visto obligado a revaluar.

Ni estarían tampoco los intereses estarían como ahora prácticamente a niveles cero prácticamente sino que, con una situación económica tan favorable, serían de un tres o un cuatro por ciento.

El problema, critica el principal semanario del país, es que Alemania no está aprovechando la prosperidad de que goza a nivel macroeconómico- otra cosa es la vida diaria de mucha gente- para acometer las reformas que tan urgentemente necesita.

"Nadie obliga al ministro de Finanzas a lograr el déficit cero un año tras otro", explica Christian Kastrop, director de estudios económicos de la OCDE.

Incluso respetando los límites de endeudamiento, Alemania podría endeudarse en hasta un 0,35 por ciento de su PIB para financiar proyectos que beneficiarían la beneficiarían a medio y largo plazo.

La prensa lleva tiempo quejándose del estado de abandono de muchas escuelas y de todo tipo de infraestructuras en un país tan rico como éste.

¿Cómo es posible, se pregunta, por ejemplo, Der Spiegel, que el Gobierno alardee de devolver sus créditos mientras han de cerrar las piscinas o se obstruyen los váteres de las escuelas por falta de mantenimiento.

Cuando se trata de mejorar la vida cotidiana de las personas y no de ayudar a las empresas o rescatar a la banca, el Estado anda con pies de plomo, se queja el semanario, que reprocha al actual Gobierno falta de visión de futuro.

El ministro de Finanzas, por ejemplo, anuncia con orgullo que el Gobierno dedicará 3.500 millones de euros en los próximos tres años a un fondo de fomento de inversiones para los municipios más pobres.

Y, sin embargo, según cálculos serios, sólo para arreglar las escuelas harían falta 34.000 millones, a los que habría que sumar una cantidad similar para las carreteras, los puentes y los túneles y 11.000 millones más para evitar el cierre de las instalaciones deportivas.

Aun respetando el tope de endeudamiento fijado en la Constitución alemana, el candidato socialdemócrata a la cancillería, Martin Schulz, propone obligar legalmente al país a invertir más en infraestructuras.

Es lo que le instan a hacer también sus socios europeos e incluso los norteamericanos, preocupados por unos superávits que no dejan de crecer en detrimento de todos ellos.

Schulz, cuyas posibilidades de llegar en septiembre a la cancillería parecen en este momento remotas, dada la popularidad de la canciller, Angela Merkel, argumenta que aumentar las inversiones es un asunto de "justicia entre generaciones".

El plan que propone el ex presidente del Parlamento europeo obligaría al Estado a invertir en conexiones de internet a gran velocidad, transportes y energías renovables, especialmente en las regiones más atrasadas del país.

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