Decir que estamos en un momento trascendental de la historia de este país no solo es grandilocuente, seguro que es además exagerado: casi siempre damos más importancia al presente de la que la historia le dará. Pero creo que se puede sostener sin errar que estamos en un periodo determinante en la breve historia de la democracia española. El régimen de las autonomías construido a partir de la Constitución de 1978 está en crisis y nos enfrentamos a un momento de tensión entre dos fuerzas contrapuestas: una estira hacia la recentralización y otra hacia profundizar en el autogobierno de los territorios. En otras palabras, un paso adelante o hacia atrás en el modelo de convivencia vigente.
La sentencia del Tribunal Constitucional que corta las alas al Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra para atender sanitariamente a los inmigrantes sin papeles ahonda en ese interminable baile de la yenka que están ejecutando las distintas instituciones españolas y representa un paso atrás más en la capacidad de decisión de las autonomías.
El PP valenciano alega que el decreto de la Generalitat estaba mal, pero la decisión del alto tribunal va más allá de la buena factura de una norma. También estaban mal la de Euskadi (avalada por socialistas y PNV) y la de Navarra, anteriores a la valenciana y anuladas asimismo. En todos los casos con una fuerte división (de siete magistrados contra cinco) que evidencia la fractura ideológica en el alto tribunal y da idea de que no estamos ante un simple debate legalista. La clave de la discusión, en todo caso, me parece, no está en el pronunciamiento ahora del órgano judicial, sino en la decisión del Gobierno de Rajoy de denunciar las actuaciones de un grupo de autonomías.
Si la sanidad es una competencia transferida, ¿por qué no pueden algunos territorios adoptar sus propias decisiones sobre quiénes tienen derecho a ser beneficiarios de ella de manera gratuita? Si aceptamos que la sanidad universal debe tener límites, parece más lógico que el Estado determinara la población mínima a atender y que cada autonomía pudiera decidir después hasta dónde llegar en su esfuerzo inversor. Alguno dirá que el argumento inhabilita para quejarse después de la infrafinanciación, pero según los últimos datos oficiales (referidos a 2015) la Comunitat Valenciana gasta por debajo de la media española en sanidad pese a haber incrementado casi un 10 % esta línea de inversión.
El Constitucional, lo dice así en su fallo, se queda en la «vulneración competencial». Todo muy legal, pero es difícil de explicar que por una cuestión de competencias se deje fuera de la sanidad a un sector de la población con especiales necesidades y que no se diga nada judicialmente sobre ese hecho, auténtico fondo de la cuestión: los límites de la supuesta sanidad universal. Esa debería ser la esencia del debate en un país normal y no si atar más o menos corto a las autonomías en su toma de decisiones. Ahora que Cataluña ha ardido, podemos culpar de todo a los arpíos nacionalistas o pensar si algunas actuaciones del Gobierno favorecen el sentimiento de exclusión de los de la periferia. Lo que no sorprende con todo lo andado es la constatación de que lo legal no es siempre lo justo.
