La Semana Santa, esa festividad cuyas fechas específicas son designadas cada año por la Iglesia Católica en una demostración más de la aconfesionalidad del Estado, es una época propicia para echar la vista atrás y rememorar acontecimientos del pasado. Las fiestas, de hecho, consisten exactamente en eso: en rememorar, mediante pasos y procesiones, mediante celebraciones religiosas e incluso a través del cine y la televisión (ya saben: ni un año sin Los Diez Mandamientos y Ben-Hur, incluso ahora, con la amplia oferta de canales disponible), acontecimientos narrados en los Evangelios: la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.
Son también unas fiestas en las que la acumulación de festividades en muy pocos días las convierte en idóneas para adoptar determinadas medidas (o anunciarlas) si lo que se quiere es que éstas puedan llevarse a cabo levantando el menor alboroto que sea posible. Es lo que hizo, hace 41 años, Adolfo Suárez cuando legalizó el PCE por sorpresa, aprovechando que los españoles estaban de vacaciones (y el Estado Mayor del Ejército también).
Algo de eso puede haber en la inminente aplicación de una de las medidas estrella del Gobierno autonómico: la reversión de la concesión del hospital de Alzira a Ribera Salud. Una reversión que se iniciará mañana domingo y que cumple la promesa del pacto del Botánico de finalizar con el modelo de gestión privada de la sanidad pública.
Parece difícilmente defendible el modelo de gestión privada, a juzgar por los datos. La dimensión del gasto sanitario, combinada con la necesidad de ofrecer un servicio adecuado a todos los ciudadanos (con condiciones de salud, lógicamente, muy diversas), desaconseja la combinación de esos objetivos generales con el afán de lucro propio de las empresas privadas. Y no por una cuestión ideológica, sino por los resultados. Basta con echar un vistazo a las cifras (astronómicas) de gasto sanitario en Estados Unidos, adalid del modelo de sanidad privada, y compararlas con las propias de los países occidentales con un sistema de salud público, como el nuestro. Comparar las cifras o comparar los resultados (que también son significativamente mejores en los países con un sistema público de salud).
En el caso de Ribera Salud, como hace años demostró el ensayo Sanitat Valen$iana (Uno y Cero Ediciones, 2014), las cifras indican lo mismo: el modelo de gestión privada es menos eficaz, más caro, y además afecta a la calidad del sistema público en su conjunto. Es un caballo de Troya introducido en 1996 por Eduardo Zaplana en la sanidad pública por razones económicas (el lucro de empresas privadas merced a las ventajosísimas condiciones ofrecidas por la Administración Pública) y también ideológicas (la desconfianza en lo público o directamente el desinterés por hacerse cargo de gestionar servicios tan complejos como el sistema sanitario). Así que el gobierno autonómico valenciano hace muy bien en revertirlo. Con ello, fortalecerá el sistema sanitario público, ahorrará dinero y mejorará las prestaciones a la ciudadanía en su conjunto, que es de lo que se trata.
Pero el pasado no sólo nos trae errores (o agendas ideológicas partidistas en perjuicio de la ciudadanía, si se prefiere) de los conservadores. Esta semana también hemos visto cómo ha aflorado un posible escándalo de financiación ilegal de las campañas electorales del PSPV y el Bloc en las elecciones de 2007. Una Gürtel «de izquierdas», investigada por cuatro juzgados, que puede extender a las formaciones que hoy gobiernan la Generalitat las mismas reflexiones y críticas que -con toda justicia- se han dirigido (y continúan dirigiéndose hoy en día) al Partido Popular valenciano, protagonista, como todos ustedes saben, de muchos y muy diversos casos de corrupción. Otro regreso al pasado, este (aún incipiente) de cariz preocupante para el pacto del Botánico, a un año de las elecciones.
