El título de esta reflexión puede parecer exagerado, incluso provocador, pero desgraciadamente es oportuno y actual. Preguntar no es ofender, ni mucho menos orientar el sentido de la respuesta. Sin embargo ocultar los problemas que justifican esta pregunta, puede suponer sustituir el sano rigor en el análisis de la realidad, por el miedo a lo que podemos vivir en un futuro próximo. A ser posible, no maten al mensajero.
El pasado lunes nuestro president esgrimió públicamente unas cifras que según él evidencian la «gran estafa» que sufre la Comunitat Valenciana (CV). Afirmó que tendríamos que recibir del Estado 2.500 millones de euros más cada año para igualarnos a la media de recursos de Comunidades Autónomas (CC AA) de régimen común. Hay que confiar que esta declaración no fue una simple salida de tono en una negociación que hoy ya sabemos que quedará congelada hasta que se resuelva la imprescindible e incierta moción de censura del PSOE. El tiempo corre muy rápido y lo que el lunes debía ser la noticia de la semana, ha acabado siendo desapercibida entre el enorme frenesí informativo vivido días después. Sin embargo, el permanentemente aplazado problema de la financiación autonómica ha degradado mas la convivencia entre los españoles y sus representantes territoriales.
Los 2.500 millones que la CV habría dejado de recibir anualmente corresponderían a 1.607 millones del sistema de financiación autonómica; 692 millones en gasto no realizado por la Administración Central en infraestructuras logísticas, ayudas regionales, justicia y seguridad ciudadana o ayudas para la dependencia; y otros 202 millones que tendrían que venir de una mejora en la financiación local. Como es sabido las cifras provienen del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) cuyas hojas de cálculo actuales hay que esperar que sean mas razonables y estén escritas con mayor independencia que cuando se redactó, por encargo del Consell de entonces, el informe sobre las repercusiones de la Formula 1, que sirvió de justificación y de muleta para que el vicepresidente Rambla, argumentara y justificara que la Generalitat asumiría el canon de Ecclestone.
Después de tirar la piedra hablando de «gran estafa» (una versión valenciana del «Espanya ens roba») Puig no llego a citar el soberanismo, seguramente porque en su fuero político no lo comparte. Sin embargo, debemos admitir que cuando uno lleva mucho tiempo sintiéndose ninguneado y engañado acaba rompiendo la baraja. Con las decisiones habidas a final de semana, el gradiente de la acusación/amenaza ha bajado, pero la literalidad de lo dicho merece citarse: «Nosotros no estamos en el debate identitario y la confrontación, queremos que no se eternice este debate de la financiación, queremos ´desbanderizar´ este debate y que los ciudadanos de este país tengan derecho a ser iguales», dijo el jefe del Consell. Puig piensa, no sin razones sólidas, que reformar el sistema de financiación «puede ayudar a resolver problemas territoriales ya que éstos no se resuelven con banderas».
Seguramente el president fue sincero, pero no puso ninguna solución factible sobre la mesa. No hay nuevo modelo de financiación, y no es cualquier cosa acusar al Estado de ser un gran embaucador. En estos momentos de profunda crisis del Reino de España, preocupa que el mensaje se reduzca a analizar los saldos fiscales entre 2011 y 2014. Es cierto que nuestra región ha dejado de recibir 10.000 millones de euros en el reparto de los recursos de haberse aplicado otros criterios de los que el IVIE califica de «mayor racionalidad».
Seguimos viviendo con la contradicción de ser valencianos y ser españoles y ante tanto tensión, es explicable que surja el argumento soberanista. Aunque Puig piense y diga que los dineros so son un problema de banderas, lo cierto es que no hay la menor esperanza de que varié la actual situación según la cual la CV tiene un saldo negativo en sus balanzas fiscales, esto es, aporta a la solidaridad común más de lo que el Estado invierte en ella, pese a tener un nivel de renta por habitante del 88% de la media nacional y que esta anomalía se deba a que el conjunto del gasto público en la CV es el menor de todos los territorios. Han pasado años y nada se ha movido, como no fuera el nivel de acritud de la discusión.
Si el Consell piensa que con otros «criterios objetivos de sus necesidades», el gasto por habitante en la CV crecería 12 puntos y medio, hasta el 95,5% y que con los 2.500 millones adicionales reclamados, tendríamos un crecimiento del PIB regional del 3% (casi 3.000 millones) y 47.877 empleos más y no hay forma de conseguirlos, Puig debe tener un Plan B en la cabeza, ya que de lo contrario estaría jugando al póker. Ignoramos totalmente el Plan B aunque hay indicios que no es muy distinto al soberanismo, es una reacción que bulle en al-
gunas cabezas, ante el balance que para la CV, tiene en estos momentos una España organizada en CC AA.
A estas alturas de la crisis, acusar a Rajoy de mentiroso, a Montoro de cínico, al PNV de insolidario y a Torra de supremacista, son simples y obvios ejercicios de escapismo. En efecto, con la financiación autonómica: Rajoy ha faltado en la verdad, Montoro ha decidido ignorar a las CCAA como parte del Estado, el gobierno vasco ha ido a la suya y quien ha gobernado en Cataluña ha decidido tomar este tema como una gran afrenta a su república. Con todos estos hechos en el morral, hay debatir hablar muy en serio sobre el futuro que queremos.
Sin un gran acuerdo territorial, de la dimensión al que dio lugar a la transición, estamos ante un riego de balcanización, una salida que muchos no deseamos pero que otros conciudadanos pueden desear. A pesar de su rudeza, la alternativa es legítima, siempre que tenga lugar por procedimientos democráticos y legales.
No ocultemos los problemas de fondo.
