Ignoro cuanto se aprecia el rigor y la racionalidad en el ejercicio de la política, pero son dos virtudes que los outsiders apreciamos al atrevernos a opinar sobre los temas que nos afectan a todos, sin que ello signifique deslegitimación alguna para quien ejerce y decide en una democracia. Uno lleva mucho tiempo tratando de razonar y explicar que en su modesta opinión la Generalitat valenciana (y la España de las autonomías en su conjunto) es (son) financieramente inviable(s). Por ello no va a sumarse a la muchedumbre de fuerzas vivas valencianas que están poniendo al presidente Pedro Sánchez a caer de un burro al afirmar que no tiene tiempo suficiente para afrontar la reforma del modelo de financiación.
Sus declaraciones afirmando que hasta 2020 en España no va a poderse abordar un nuevo modelo de financiación autonómica, fueron sinceras y apegadas a la realidad. No por decir esto el presidente es menos progresista o menos socialista que el coro de presidentes autonómicos de su mismo partido que han salido a mostrar su indignación por el reconocimiento de su impotencia actual. «El Gobierno debe presentar una propuesta; lo exigimos a Montoro y ahora no podemos desdecirnos», dijo uno de ellos, como si el tal responsable autonómico tuviera la convicción de que existe una especie de principio supremo que obliga a que las comunidades autónomas deben seguir con su actual formato. Sorprende este tipo de seguridad por parte de los mismos políticos que defienden una urgente reforma constitucional.
Sánchez ha tenido la valentía de decir aquello que Mariano Rajoy había ocultado durante años, con engaños y retrasos soportados en sucesivas reuniones de expertos, que como ahora se comprueba no convencieron ni siquiera a quienes defendieron sus conclusiones, como es el caso de la actual ministra de Hacienda, quien desde Sevilla nombró a algunos de ellos. No se trata de hacer sangre con ningún político, sino simplemente apuntar la dificultad del problema que afrontamos en materia financiera.
Hace ahora cuatro años y medio, acudí a esta cita semanal con una reflexión que entonces pudo tener algo de incomprensible titulada ´Pensiones y deuda de la Generalitat´. Entonces, finales de noviembre de 2014, todavía el Fondo de Reserva de las Pensiones de la Seguridad Social hacía honor a su nombre y la deuda de la Generalitat era solo de 37.500 millones de euros. A pesar de la lejanía presupuestaria entre el capítulo de pensiones y la financiación autonómica tienen en nuestra organización estatal, entonces ya era bastante evidente que para cubrir tanto el déficit de las autonomías, como el del sistema pensiones los españoles tendríamos que recurrir a una misma y magra fuente, los Presupuestos Generales del Estado. Hoy, en el ecuador de 2018, el Fondo está prácticamente agotado y la deuda de nuestra autonomía se ha incrementado en casi un 25 % en estos cuatro años y medio. En los últimos meses los pensionistas se han lanzado a la calle pidiendo aumentos en sus mensualidades y la Generalitat Valenciana ha organizado manifestaciones para protestar sobre la financiación que recibe. En estas estábamos cuando llego la moción de censura.
En su momento, Rajoy, para sobrevivir en el Gobierno, decidió que la presión de los pensionistas era muy fuerte y que en 2018 se iba a proceder a determinados aumentos para los jubilados, sin mojarse en absoluto sobre una nueva financiación autonómica. En román paladino, si el Gobierno decide aumentar sustancialmente las pensiones (cosa que está por ver, a tenor de los recados recibidos en Bruselas, esta pasada semana, por la ministra de Trabajo) las posibilidades de destinar más dinero a la comunidades autónomas son muy escasas. Cualquier mejoría va a depender de los incrementos que una mejor situación económica pueda tener sobre el IRPF, el IVA y los impuestos que recauda directamente la Generlitat. Pedro Sánchez ha sido sincero y coherente al afirmar que «no hay tiempo» para resolver el problema autonómico.
La teatralidad con la que se manifiesta el Consell es preocupante, especialmente después de haber presentado un año tras otro unos presupuestos con ingresos ficticios, a cuenta de una reforma que definitivamente no llegará. El sentido común de alguien que no se dedica a la política indica que si reconoces que no tienes recursos para administrar unos determinados servicios, quizás sea mejor que devuelvas algunas competencias. Estas opiniones se contestan con descalificaciones, sin embargo lo que duele es el interés de muchos políticos en no perder cargos que en un Estado más jacobino serían sencillamente innecesarios.
Estaremos muy mal financiados pero ello no ha impedido que la nueva televisión se pusiera en marcha, que hayamos disfrutado de una consellera de Sanitat que ha puesto dinero para desobedecer un decreto estatal sobre el copago, que ahora situada en el ministerio no se atreve a cambiar; rechazamos la multa al Valencia SAD porque en cuestiones de fútbol ya se sabe, etcétera. Siguiendo con la liturgia iniciada por Alberto Fabra y continuada por Ximo Puig, el miércoles sabremos de una reunión de la comisión mixta Corts-Consell para abordar «con urgencia» la financiación autonómica. La excusa esta vez no será un nuevo informe de expertos, sino fijar un «criterio valenciano» en un próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, que será un trago duro para todos, incluida la Generalitat de Catalunya, que asistirá para revindicar su independencia, con una deuda de partida de 77.500 millones de euros (más de 1,25 billones de las extintas pesetas, para que nos entendamos mejor los más veteranos).
En la recámara queda la duda de si es mejor incrementar las pensiones o rebajar el déficit autonómico. Lo que no es racional es la respuesta que dan Podemos, Compromís y los sindicatos: «Las dos cosas y urgentemente». ¿Estarán peregrinando a Lourdes en busca del milagro?
