Las unidades responsables de la seguridad alimentaria de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública han tenido, estas últimas semanas, que intensificar sus actuaciones para gestionar la alerta alimentaria vinculada a la detección de actividades ilegales en la manipulación y comercialización de productos cárnicos, fundamentalmente jamones ( Levante-EMV, 19/06/2018). El número de empresas sobre las que se ha actuado, la complejidad de las conexiones y la magnitud de la mercancía inmovilizada, han exigido lo mejor de los empleados públicos dedicados a estas actividades de control alimentario, en este caso mayoritariamente veterinarios oficiales.
Al tiempo que se actuaba, se ha mantenido una estrecha coordinación con la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), para trasladarle todo la información con posible repercusión en otras comunidades autónomas, dentro del marco del sistema de coordinación frente a alertas alimentarias. También, y dada la índole del problema, la coordinación con la Guardia Civil ha sido permanente y rigurosa.
La industria alimentaria valenciana mantiene un elevado grado de seguridad alimentaria. Esta afirmación viene avalada por todos los indicadores de control alimentario que cada año se generan, fruto de los programas de control de industrias y establecimientos y del análisis de miles de muestras para evaluar su contaminación química o microbiológica. La protección de la salud de los consumidores, principal motivación de la actuación sanitaria en este campo, es plenamente compartida y practicada por la industria alimentaria valenciana, y su la colaboración con la Generalitat en estas tareas es estrecha y fructífera.
Sin embargo, no olvidemos que siempre hay margen de mejora en estos ámbitos, y que el fraude alimentario, que supone violación de la ley, intencionalidad, ganancia económica y engaño a los consumidores, y que puede ocasionar problemas de salud pública, sigue siendo un asunto de enorme trascendencia social que requiere más esfuerzos en los niveles autonómicos, nacionales y europeos.
Algunas de las lecciones aprendidas en los últimos tiempos, donde se han tenido que afrontar diversas alertas alimentarias en las que el fraude estaba estrechamente vinculado con la seguridad alimentaria, nos deben llevar a plantear algunas reformas en los sistemas de control, fundamentalmente las que posibiliten una visión y una actuación integral sobre la cadena alimentaria, tanto desde la perspectiva de la protección contra el fraude como de la protección de la salud, con la necesaria incorporación a estas tareas de la dimensión policial.
Es momento de dar un salto cualitativo en la protección de la salud del consumidor y de sus legítimos intereses económicos en el ámbito alimentario. La unificación de todos los servicios de control alimentario, integrando la seguridad alimentaria y el control del fraude, desde la producción primaria hasta el consumidor final, con la incorporación además de las competencias relativas a la nutrición saludable y los recursos analíticos, sería una buena respuesta al conjunto de lecciones aprendidas en los últimos años. Seguramente no es éste el remedio universal, y esta nueva orientación no nos inmuniza frente a nuevas alertas y crisis, pero camina en la dirección dictada por la experiencia previa y los nuevos enfoques que vienen de la Unión Europea.
