Aunque suene a paradoja, el ataque más grave que recibe la Constitución de 1978 proviene de las Comunidades Autónomas (CCAA) en cuyo texto ni su lista, ni su número aparecen, ni siquiera figura la alegre expresión de «España de las Autonomías». Aunque Cataluña es un paradigma de este ataque, el otro gran problema que arrastra nuestra Constitución y su posible reforma es la mentira sobre financiación autonómica que los políticos han alimentado. Hoy comprobamos que aquella deseable descentralización del estado, a través de CCAA, no funciona. Ha sido resultado de estrategias partidistas, competencias y negociaciones, más que un proceso reglado por una planificación previa y con procedimientos predecibles. Al frente de las CCAA han ejercido políticos que no sólo están en prisión o camino de ella, sino que han demostrado una vaciedad mental que explica la crisis terminal del sistema.
La carrera de las regiones en busca de poderes ha sido interminable. Algo se anunciaba en aquel referéndum para que Andalucía fuera "nacionalidad" una expresión cuya semántica hoy nadie conoce. Otro ejemplo de incapacidad mental al abordar el tema es la reforma del Estatuto de XX (hablamos del pecado, no del pecador) que incorporó una disposición sin antecedentes mundiales, en países federales o descentralizados:
1. Cualquier modificación de la legislación del Estado que, con carácter general y en el ámbito nacional, implique una ampliación de las competencias de las CCAA será de aplicación a la XX considerándose ampliadas en esos mismos términos sus competencias.
2. La XX velará por que el nivel de autogobierno establecido en el presente Estatuto sea actualizado en términos de igualdad con las demás CCAA.
3. A este efecto, cualquier ampliación de las competencias de las CCAA que no estén asumidas en el presente Estatuto o no le hayan sido atribuidas, transferidas o delegadas a la XX con anterioridad obligará, en su caso, a las instituciones de autogobierno legitimadas a promover las correspondientes iniciativas para dicha actualización.
En su último número The Economist incluye un Informe sobre los 40 años de Constitución, siendo una de sus piezas «Los problemas de la descentralización de España: el turbio campo de batallas de las finanzas regionales».
«Para una visión diferente de los problemas de la descentralización, hay que dirimirse a Valencia, tercera ciudad de España y capital de una región de 5 millones de personas. El PP gobernó la región desde 1995 hasta 2015 y persiguió un sueño grandioso de convertirlo en una Florida española. Trajo carreras de Fórmula 1 y la Copa América, e invirtió miles de millones en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, un controvertido complejo de edificios de fantasía diseñado por Santiago Calatrava, el chaval local convertido en famoso arquitecto.
En otras partes de la región, gastó 265 millones de euros en estudios cinematográficos en Alicante, que posteriormente fueron cerrados porque violaron la ley europea sobre subvenciones públicas. En Castellón gastó 150 millones de euros en un aeropuerto internacional con solo un pequeño puñado de vuelos diarios. Varios de los líderes regionales del PP están encarcelados por corrupción y otros enfrentan un juicio.
Ximo Puig, un socialista que ganó la Presidencia como jefe de una coalición de izquierda en 2015, está recogiendo las piezas. La comunidad valenciana fue «un paradigma de desperdicio y corrupción durante la gran burbuja inmobiliaria», dice. «Ahora estamos en un proceso de recuperación, sobre todo de nuestra reputación».
Pero esa recuperación no se ve favorecida por el sistema de financiación regional de España, según el cual a Valencia le va mal. Dado el tamaño de su población, debería haber recibido 1.300 millones de euros adicionales al año desde 2000, dice Puig. Él ha estado presionando para que se revise el sistema, pero es poco probable que esto suceda antes de las próximas elecciones.
La forma en que se distribuye el dinero entre las regiones se rige por criterios complejos. Una es ayudar a equilibrar las diferencias entre los ricos y los pobres. Algunos, y no solo en Cataluña, piensan que esto ha ido demasiado lejos. Los ingresos fiscales por persona en Madrid, por ejemplo, duplican a los de Extremadura, la región más pobre de España. Pero después de la redistribución, Extremadura obtiene un 15% más de dinero por persona que Madrid (ajustando el costo de la prestación del servicio), según Ángel de la Fuente, un especialista en finanzas regionales de Fedea, un grupo de expertos. El País Vasco termina con el 228% de la media ajustada por persona, mientras que Valencia obtiene solo el 93% y Cataluña el 98%.
Otro gran problema es la falta general de recursos. El sistema en su conjunto necesita 17.000 millones más si las regiones van a proporcionar servicios con el mismo estándar que antes de la crisis, según Puig. Una segunda dificultad es que incluso las regiones gobernadas por el mismo partido político a menudo tienen diferentes preferencias. La mayoría de los tecnócratas reconocen que debería haber un tope en el grado de redistribución, como dicen los nacionalistas moderados en Cataluña. Pero Andalucía no está de acuerdo, así que buena suerte con eso.
El «so good luck with that» final es un mal augurio, ya que la persona que está hoy al frente de Hacienda, se responsabilizó del ministerio cuando un mes antes exigía 4.000 millones de euros para Andalucía y hoy, al otro lado de la mesa, no sabe qué ofrecer, como tampoco lo sabía su antecesor Montoro.
Cada incremento del déficit que Europa autoriza a España, cada FLA que el gobierno central decide mandar a las CCAA enreda un poco más la maraña financiera autonómica, donde todos se reclaman víctimas inocentes, ante una constitución no pensada para estas rupturas.
En el tiempo que aguante en el poder, posiblemente la aportación más importante del gobierno de Sánchez pueda hacer a la democracia española, sea la de coordinar la financiación de las CCAA con la Constitución. Es básico para poder actualizarla.
