En este país tan dado a ir siempre por detrás, en ocasiones a contracorriente, y donde a los políticos les encanta pasar el tiempo tejiendo y destejiendo en los asuntos públicos, tenemos un gran problema de difícil solución y nula regulación: los apartamentos dedicados ilegalmente al alquiler turístico.
No es un asunto menor, ni mucho menos, porque en España, asfixiada la agricultura, desmontada la industria, pinchada la construcción, arruinada la Banca y postergada la investigación solo queda el turismo, un sector que ha tirado del país durante la travesía de la crisis y al que se paga desde la administración no persiguiendo como se debiera la competencia desleal de los apartamentos ilegales.
Esta economía sumergida que permite pingües ingresos en negro a los propietarios de los pisos (hasta 5.000 euros al mes en algunos casos) vive su momento de oro gracias a plataformas globales online que hacen negocio aquí sin contribuir a cambio. Se perjudica al sector turístico, a la Hacienda pública y, por supuesto, a los vecinos.
En estos momentos tan inciertos, lo peor que te puede pasar en tu edificio es que el vecino que tiene el piso cerrado se dedique a alquilarlo online por días al mejor postor. Él se lleva el dinero y el resto de los vecinos del inmueblen sufren el exceso de jovialidad de quienes están de vacaciones, los ruidos y los desperfectos en los lugares comunes. En las zonas de playa estas molestias se asumen y soportan en verano, pero en barrios que nada tienen de turísticos surgen los conflictos y el veto a los turistas.
La administración tiene que regular esta actividad del mismo modo que regula la apertura de una consulta de dentista en un edificio. Las empresas tienen derechos; los vecinos, también; y quienes actúan ilegalmente en contra de todos deben vérselas con el Derecho. No se trata de prohibir, sino de regular.
