Casado no logra separarse de su máster. La portavoz Marta González transmite en nombre del PP que «no hay caso». Ahí está precisamente el problema, en lo que no existe. El extraordinario informe de la magistrada Carmen Rodríguez-Medel no resuelve las dudas jurídicas sobre el asunto inexistente, porque no es su función. A cambio, agota hasta la mínima pretensión de que el flamante presidente de los populares satisficiera asignatura alguna en la Universidad Rey Juan Carlos.
Según la jueza, «obtuvo el título sin cursarlo», una evidencia demostrada en medio centenar de folios más allá de cualquier duda razonable. «Sin mérito académico alguno», se desprende de lo anterior, al margen de que la sabiduría del docto diputado se halle muy por encima de las enseñanzas impartidas. «Regalándoselo a modo de prebenda o dádiva», aquí está la parte que las instancias judiciales han de dirimir. Ahora bien, ¿qué otro objetivo podría pretender la donación de un máster no efectuado?
Rajoy tuvo la fortuna de empezar a gobernar antes de que afloraran los Papeles de Bárcenas. En cambio, Casado lleva los comprometedores papeles puestos, antes de aspirar a La Moncloa. Es el primer pretendiente a presidir el Gobierno que arrastra las imputaciones clásicas de la corrupción, prevaricación y cohecho, dos años antes de las elecciones. Por mucho menos fue apartado de la carrera Josep Borrell. El candidato del PP solo puede refugiarse en el cinismo de que las acusaciones previas a su desembarco sirven de entrenamiento endurecedor para el cargo.
El paralelismo con Bárcenas se transmite al ordenador desfasado, unicornio digital que almacena las pruebas de la inocencia. Casado no ha aclarado si lo entregará después de someterlo al tratamiento a martillazos a cargo de los acreditados expertos de Génova. Casado no puede seguir así, desfigurar las pruebas no será suficiente. No hay máster, ni trabajos conducentes al mismo. El Tribunal Supremo tendrá que esmerarse para liberar al presidente del PP de unos estudios que no cursó, y que por tanto figuran falsamente en el currículo que presentó al Congreso. Esta perversión de una documentación oficial aparece con reiteración en la resolución de la instructora. En otro país, sería más grave el engaño a los ciudadanos.
Aunque lo urgente es librar a Casado de la investigación en el Supremo, la visión a largo plazo obliga a interceptar la tramitación judicial de todos los imputados, incluida la arrepentida que ha disipado las últimas suspicacias sobre el recorrido fáctico y falsario del máster. Si se exime únicamente al presidente del PP, podría ocurrir como con Rajoy en Gürtel. A saber, una hipotética condena al grueso de la trama inundaría más que salpicaría al dirigente popular unido de forma inseparable al alumnado, y podría costarle el cargo en que estuviera entretenido en esos momentos. Por no hablar de la tortura interminable durante el procedimiento.
La siempre admirable técnica jurídica dispone de un recurso para resolver los problemas inmediato y diferido de Casado. Al igual que ocurriera en el Túnel de Sóller, ejemplo de la protocorrupción del PP, el cohecho impropio que adivina la magistrada solo sobrevive si lleva adherida la prevaricación. En caso contrario, decae por prescripción. En la obra pública juzgada en los años noventa, se alcanzó el milagro de que el constructor agraciado pagara generosamente por una concesión que se había efectuado con toda pulcritud y sin mediar planificación delictiva, evitando así el reproche penal. Nadie ignora que la generosidad es el sello de los grandes hombres de negocios.
Con decir que no hubo prevaricación, aunque fuera manteniendo el feo cohecho prescrito y aderezándolo con un repertorio cegador de estériles reproches morales, descarrila el tren que va camino de arrollar a Casado. Los juristas insisten en que el Supremo solo ha de contestar a lo que le preguntan, y debe abstenerse de pronunciarse sobre el resto de investigados. También para esto hay excepción, en la magistral trayectoria de un Tribunal con doctrina Botín y doctrina Atutxa según convenga.
La respuesta se halla en una de las imputaciones solicitadas desde Baleares contra el entonces ministro Jaume Matas, a principios de siglo. El Supremo concluyó que por supuesto no había motivo para imputar a un dignísimo miembro del gabinete Aznar, según certifica su trayectoria posterior con media docena de condenas penales. Y el alto tribunal añadió que tampoco entendía la investigación en general de hechos en los que no advertía delito alguno. Por tanto, adquiere cuerpo la idea de que Casado aspiraba a la presidencia del PP en busca del mejor blindaje imaginable.
El Rey Felipe VI expulsa de Mallorca al rey Juan Carlos I
Al monarca se le ilumina el semblante en cuanto llega a la isla, su esposa experimenta el efecto contrario. El rey Felipe VI ha expulsado de Mallorca al rey Juan Carlos I, así de claro. El jefe de Estado se niega a besar en público a su padre, manchado del carmín de Ciccicorinna, por mucho que Juan Carlos I hubiera movilizado a su círculo de íntimos para ablandar a su sucesor. La mano de ensobrar dolorida justifica la ausencia de las regatas, pero no de la isla. La prohibición paterna es el mayor rasgo de autoridad del hijo hasta la fecha, más violento que despojar del ducado a Cristina de Borbón. Cuatro años después, el reinado ha cambiado de signo, aunque tal vez sea demasiado tarde. (¿Qué sabrá usted, si escribía de deportes y le echaron?).
El veto a Juan Carlos en Marivent debe ser la primera coincidencia de Sofía de Grecia con Letizia Ortiz en siglos. Dónde están los papanatas que nos predicaban que había que mantener a toda costa el vínculo mallorquín del emérito, cuando no lo quiere en la isla ni su heredero, por no hablar de su esposa y su hija política. Qué lejos quedan los tiempos en que era el progenitor quien forzaba a su hijo y a su nuera a que interrumpieran las vacaciones pascuales en el Caribe, para personarse en la catedral palmesana en hora para la misa de doce. De conminar a contaminar.
Sin embargo, los Borbones se toman muy en serio a Freud, así que don Felipe liquida a don Juan Carlos con la misma gelidez mostrada por don Juan Carlos para arrinconar a su padre, Donjuán. Todo queda en familia. Felipe VI ha demostrado quién reina aquí. (Reina, se le entiende todo). Juan Carlos I se ganó el trono cuando nos libró de Tejero, y Felipe VI aplica la misma medicina para consolidarse. Era crucial que el rechazo se escenificara en Mallorca, el templo sacrificial que acoge la relación primordial de la Familia Real, el palacio donde el emérito y la emérita contabilizaban amantes repasando la prensa del corazón con el desayuno en la terraza de Marivent.
El escenario mallorquín define la trifulca a las puertas de la Seu y la reconciliación en el Mercat de l’Olivar donde, por primera vez, Leonor (abreviatura de Le-tizia-onOr-tiz) se desgaja de su madre para entregarse a su abuela. Cabe recordar que la nieta vio más dañada la imagen que su progenitora, al quitarse de encima a doña Sofía. La isla define asimismo la banda delictiva de Nóos, la desposesión del ducado de Palma o la actual realineación jerárquica entre hijo y padre. Por este orden y por esta orden. Ahora bien, si quieren saber todo lo que aquí no nos hemos atrevido a contarles sobre inviolabilidades regias, lean el magistral estudio «De Juan Carlos I a Felipe VI: ¿Algo nuevo bajo el sol?», con las firmas de Joan Oliver Araujo y Vicente Juan Calafell.
