Una moción de la Federación de Peñas de Bous al Carrer en todos los ayuntamientos valencianos para que estos y los grupos políticos que los componen se pronuncien sobre los espectáculos taurinos ha enrarecido las relaciones entre ambos mundos en un momento en el que determinadas opciones partidistas tratan de convertir en votos su apoyo al planeta del toro o a la caza.
Los peñistas tratan de presionar al Consell para que desbloquee la reforma del decreto de Bous al Carrer, retenido a la espera de cambios para proporcionar mayor seguridad a los participantes y para procurar un mayor bienestar a los animales que protagonizan los festejos. La federación solicita de forma explítica el apoyo a estos espectáculos tradicionales, a los que sitúa en el ADN del pueblo valenciano, y reivindica su apoyo popular, con unos 8.500 festejos anuales; su impacto económico, que cifra en unos 36 millones anuales; y su contribución a la oferta turística de la Comunitat.
Por el momento, la tabla de municipios que la entidad ha creado para recoger los resultados de las votaciones de la moción recoge los síes del Partido Popular y el PSPV-PSOE; división de opiniones en Compromís, con síes, noes y abstenciones; rechazo expreso en Podemos y síes y abstención en Ciudadanos.
Son malas fechas para ponerse delante del toro, cuando faltan poco más de tres meses para las elecciones autonómicas y municipales. Pero el debate está enconado y se va a enconar más en las próximas semanas. Para empezar, la Asociación para la Defensa de las Tradiciones de Bous al Carrer, que afirma representar a los aficionados, está radicalmente en contra de la iniciativa de la moción, pero porque considera que pone en peligro la existencia misma de los festejos al llevar la discusión a toros sí, toros no. Mientras la Federación de Peñas admite entrar en el análisis de la mayor seguridad y el bienestar animal, la asociación de aficionados teme que ese diálogo acabe en la imposición de un segundo médico y un veterinario para cada festejo, lo que lleva la cuestión al tema caliente: quién paga la fiesta.
Desde que comenzó el mandato del Govern del Botànic, en 2015, los toros han sido un espacio de diferencia política y social en la Generalitat, las diputaciones y los ayuntamientos. El PSPV-PSOE de Ximo Puig ha mantenido su apoyo a los festejos, tanto en las calles como en los cosos taurinos, pese a una lenta pero creciente oposición a ambos, singularmente a los espectáculos en plazas. En cambio, sus socios de Compromís han cultivado una postura de distancia, cuando no de crítica, hacia los festejos, situándose en el lugar más coherente del arco parlamentario: no se prohibirán los toros pero no habrá dinero público para ellos; quien quiera organizar o acudir tendrá que pagar el coste, sin subvenciones. Pese a que ese coste haya sido político para la coalición nacionalista y le haya granjeado el desmarque de algunos alcaldes por la presión de sus vecinos.
Podemos no tiene problemas con los toros. Su opción es el no. Tampoco para Ciudadanos es un asunto preocupante. Su escasa presencia en los pueblos limita el debate a los ámbitos nacional y regional y ahí los naranjas han decidido ser prácticos y alinearse con sus socios de la plaza de Colón de Madrid, la de las esencias españolas, los populares y la ultraderecha de Vox, no vaya a ser que pierda paso en la carrera de las tradiciones. Tampoco duda el PP, que tiene en Pablo Casado y en Isabel Bonig a dos entregados seguidores.
Pero esto no tiene que ver con la afición. Los gustos personales no pueden ni deben extenderse a toda la sociedad y al erario cuando en esa sociedad cada vez hay un menor respaldo al espectáculo taurino. Al mismo tiempo (y por los mismos motivos) que el consumo de carne está disminuyendo, el peso del mundo del toro está bajando y ya no puede ser tratado como cuando era un espectáculo de todos. El papel que los animales han pasado a ocupar en la comunidad ha cambiado absolutamente. La nueva sensibilidad se ha cargado los circos con fieras; los zoológicos son ahora residencias para la fauna y hasta en València se proyecta un hotel para perros y gatos de la calle, con terrazas y vistas a la huerta. Parece que ni los toros quieran embestir ya, emulando a aquel Ferdinando de la película de Disney, que prefería oler flores que perseguir al torero.
La seguridad en los espectáculos públicos también obliga. Es la Administración la que debe asegurar que los festejos, en la calle o en la plaza, se desarrollen con garantías para los participantes, y si considera que hacen falta médico, veterinario o ambulancia, es el gestor público el que debe decidir, no una asamblea de aficionados, aunque como ciudadanos estos tengan todo el derecho a opinar y a manifestarse.
La polémica está en las calles, las de los Bous, y persigue también a los cosos taurinos. Si no que se lo digan al alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, quien mantiene inacabada y cerrada la plaza de la ciudad, protagonista de una reforma faraónica impulsada por su predecesor Alfonso Rus. Terminar la obra precisa más de un millón de euros en un municipio que votó no programar toros en su Fira d'Agost. Los toros de plaza acabarán concentrados en dos o tres coliseos (en la Comunitat Valenciana hay unos veinte) por falta de espectáculos. Sobran plazas, como sobran conventos y pronto sobrarán iglesias, que en Gran Bretaña se reutilizan como bares. Habrá que empezar a pensar qué se hace con las plazas de toros, y no porque se esté o no de acuerdo con la fiesta nacional, sino porque cerradas, vacías y céntricas no sirven para nada.
