Para que se alineen los tres Gobiernos, el del Estado, el de la Comunitat Valenciana y el del Ayuntamiento, en una combinación que sin duda beneficiará a la ciudad de València y a sus vecinos. Ese es uno de los motivos por los que candidata del PSPV-PSOE a la alcaldía de la capital, Sandra Gómez, pide el voto para la lista que encabeza en las elecciones municipales que se celebran hoy. Considera la joven abogada que si en el salón de la Chimenea se instala el escudo del puño y la rosa, la confluencia con los mismos símbolos en el Palau de la Generalitat y en el Palacio de la Moncloa será fructífera para la ciudadanía. Sin duda alguna, cuando los mismos partidos gobiernan las distintas instituciones, la comunicación es más fácil, o al menos en teoría podría ser así. Ejemplos sobran. Cuando Rita Barberá y Francisco Camps ostentaban las más altas magistraturas en la ciudad y en la comunidad de los tiempos de la visita del Papa Benedicto XVI, la Fórmula 1 o la Copa del América, el presidente del Gobierno, el socialista Rodríguez Zapatero, era presentado por el poder popular ante los valencianos como un auténtico indeseable, un demonio con cuernos y rabo al que convenía no dejar pasar de Contreras. A duras penas pudo el presidente abrirse camino para asistir al Encuentro Mundial de las Familias de 2006. En las videotecas, el curioso encontrará pocas imágenes del jefe del Ejecutivo español en aquellos fastos que hoy investiga la Justicia, ya que la señal de televisión se reservó a Canal 9 para asegurarse de que enfocaba los planos correctos. Era la época en la que la vicepresidenta Fernández de la Vega acudía al Ateneo Mercantil a presenciar las mascletàes de Fallas porque se le hacía imposible compartir el balcón municipal con Barberá. Y en la entrada en servicio del AVE Valencia-Madrid, el Gobierno que había proyectado y costeado la obra salió en la foto porque su presidente se colocó al lado del rey hoy emérito, que si no...
La sintonía política enjabona las relaciones y los presupuestos, qué duda cabe, candidata Gómez. Ese alineamiento hace posibles cosas como el intento (de momento frustrado) de conseguir la condonación de la deuda de 350 millones de euros que el Consorcio Valencia 2007 tiene con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), o de asignar a la Comunitat Valenciana el 10 por ciento de la tarta de inversiones del Estado, decisiones que el viento del conflicto en Cataluña se llevó por delante pero que habrán de ser recuperadas ahora de la mano de una nueva mayoría en el Congreso surgida de las elecciones de hace un mes. La promesa de una nueva financiación autonómica es otra de las ramas florecientes de esa sintonía surgida de las urnas. Parece que ahora será posible corregir lo que constituye una discriminación de la Comunitat Valenciana desde los primeros años del siglo XXI.
Hay, sin embargo, ejemplos que ilustran que la afinidad entre gobiernos no garantiza buenos resultados. Es un tema menor pero la entrada a València por el Norte está marcada por una gran rotonda en la que conviven amasijos de hierro, barandillas oxidadas, alcorques vacíos, fuentes fuera de servicio, una torre mirador a la que no se puede subir y un ascensor condenado porque nadie quiere pagar lo que cobraría el ascensorista. Fue un deseo de Camps mal ejecutado por el equipo de Zapatero. Hoy no es de nadie y lleva así más de diez años. Fomento quiere soltarlo y el ayuntamiento no quiere cogerlo. Una bagatela, sí. Pero un ejemplo.
Palabras mayores están intercambiándose los gobiernos, todos ellos alienados esta vez, de las zonas marítima y terrestre de la ciudad de València. Los responsables del puerto y de la Marina exReal gestionada por el Consorcio Valencia 2007 (Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento) andan a hostias, en una convivencia imposible que las tres instituciones implicadas habrán de resolver en cuanto tomen posesión de sus distintos cetros.
La Autoridad Portuaria de Valencia que preside Aurelio Martínez le acaba de pegar dos cornadas de 25 centímetros al consorcio gestor de la Marina. De un lado, le ha enviado a los corrales un plan para crear una instalación fija para conciertos a fin de que los numerosos eventos musicales que acoge el recinto no tengan que montar y desmontar cada vez desde cero, encareciendo y complicando la gestión del espacio. Como ese concurso no está en el reglamento, a los leones. Con la herida aún fresca, el viernes el consejo del puerto rechazó de plano la condonación de deudas del Consorcio por inversiones, tasas, impuestos y hasta edificios, una factura que suma más de 28 millones de euros. Aurelio Martínez llegó a tildar de «okupas» a los gestores de los espacios liberados del uso portuario tras la reforma de la dársena para albergar la Copa del América 2007.
Naturalmente, la Autoridad Portuaria de Valencia tiene todo el derecho del mundo a defender su posición. Y a cobrar lo que corresponda por sus servicios. Pero aquí hay un problema de base, un pecado original: Se hizo creer a los ciudadanos que el puerto cedía cientos de miles de metros a la ciudad para usos lúdicos, culturales, verdes, y hasta hoteleros; se derribó solemnemente una valla para escenificar la conquista; pero a la hora de la verdad el puerto tiene derecho de veto sobre esos espacios, como acaba de demostrar en sus dos decisiones más recientes. Quizás por eso y por la extrema precariedad del Consorcio 2007, que vive de la caridad sin pagar sus deudas, la dársena no arranca. Quizás habría que volver a levantar la valla que separaba el puerto y la ciudad para que cada virrey gestione su zona con pleno dominio. El puerto crece hacia Mallorca y la ciudad ha de tener autonomía para planificar y gestionar los espacios que deja libres. Ese ha de ser el trato.
Pero las dentelladas en la dársena se suceden con Pedro Sánchez en la Moncloa, Ximo Puig en la Generalitat, la coalición Compromís-PSPV-Podemos en el ayuntamiento y el catedrático de Economía y destacado gestor socialista Aurelio Martínez, al frente del recinto portuario. Conjunción de astros, todos con el mismo brillo, pero imposibles de conciliar sobre las hoy turbulentas aguas del recinto en el que se unen/separan puerto y ciudad.
