La gota fría meteorológica cede terreno tras dejar a su paso un rastro de dolor y desolación y una elevadísima factura de daños en infraestructuras, agricultura, maquinaria, vehículos, comercios y muchos más capítulos, ratificando que, en la Comunitat Valenciana, como canta Raimon, la lluvia no sabe llover. El verano más caluroso y seco se despide con unas inundaciones catastróficas que para colmo no dejan casi nada en los embalses, al producirse demasiado cerca del mar. El tiempo está loco.
Vuelven tras la gota los recurrentes debates sobre si hay que limpiar más los cauces y barrancos; por qué se permite crecer a poblaciones situadas en zonas inundables o qué lleva a algunas personas a poner en riesgo sus vidas antes de abandonar sus coches a la corriente. Santa Bárbara solo viene a la cabeza cuando se oyen truenos, y por eso cuando la Naturaleza reclama lo que es suyo llegan los lamentos y se vuelve la vista hacia los planes contra las inundaciones, los Patricovas, tanto el de 2003 como la actualización de 2015, para constatar que uno y otro continúan siendo en su mayoría papel mojado.
Además del dolor por la pérdida de vidas humanas, el desastre económico resulta gigantesco. Los municipios más afectados preparan ya las solicitudes de zonas catastróficas y el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, adelantaba en Orihuela el viernes que los daños económicos serán «muy duros», horas después de que el Consell anunciara por medio de su portavoz, Mónica Oltra, que aprobará un decreto de ayudas en el plazo aproximado de dos semanas.
Así las cosas, la gota fría meteorológica pilla al Gobierno valenciano bajo los efectos de una gota fría financiera con consecuencias políticas en las relaciones entre los socios del Botànic II, especialmente entre los socialistas y Compromís. Las ayudas a los afectados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) tendrán que salir de unas arcas autonómicas famélicas, en las que el déficit de junio de 2018 al mismo mes de 2019 se ha duplicado con respecto al del periodo anterior, pasando de 666 a 1.276 millones de euros, y el Gobierno de España en funciones, por estar en funciones según dice, retiene 450 millones de liquidaciones y fondos ordinarios.
La ministra María Jesús Montero, como su predecesor del PP Cristóbal Montoro, tiene en jaque al Ejecutivo valenciano con su decisión de no enviar el dinero hasta final de año, alegando que sin Presupuestos del Estado y en un Ejecutivo en funciones está atada de pies y manos. Los proveedores pagarán el pato, porque los plazos de abono de las facturas se dilatarán ante los problemas de tesorería.
La situación es endiablada. El Consell aprobó para 2019 unos presupuestos expansivos, confiando en que España también tendría unas cuentas magras y fluirían con soltura fondos e inversiones. Pero Pedro Sánchez no logró sacar adelante su propuesta económica, convocó elecciones y lleva en funciones desde abril. Para colmo, el Botànic II volvió a incluir como ingresos en sus cuentas 1.300 millones de euros que el Estado debería aportar en 2019 si hubiera una fórmula de financiación autonómica justa para los valencianos, una partida reivindicativa, que no iba a llegar ni ha llegado. De modo que, entre agujeros estructurales e incidencias coyunturales, a estas alturas de año faltan 1.300 millones, y 450 de liquidaciones, y no se ha avanzado en el nuevo modelo de financiación. Y tampoco llegarán otros 250 millones antes de fin de año por FLA extraordinario si la Generalitat no presenta un plan económico financiero en Madrid, que tenía que haber cursado el conseller Vicent Soler hace cinco días y que se demorará gracias a una prórroga concedida por el Gobierno. Y se ha gastado más, hasta duplicar el déficit anual. Y ahora llega la DANA.
Antes de la supergota fría, Ximo Puig y su titular de Hacienda habían llegado a la conclusión de que era necesario recortar 440 millones de euros del gasto autonómico de 2019. No hay dinero para cumplir las cuentas con el actual mapa financiero. Ni siquiera aunque Moncloa envíe los fondos demorados y cumpla con el FLA extraordinario. Pero ahí fue donde Mónica Oltra y la cúpula de Compromís se plantaron. No a los recortes y sí a una mayor firmeza ante el Gobierno de España para reclamar una financiación justa. Bronca interna y proclamada, incluso con reprimenda al tercer socio, Unidas Podemos, por mantener una postura tibia en el choque frente a Moncloa. Huele a repetición de las elecciones generales y los tres miembros del Botànic se enfrentrarán en las urnas pugnando por el espacio político que va del centro a la izquierda comunista. Y Compromís sigue pasando al PSPV-PSOE la factura por haber adelantado las elecciones autonómicas. Y lo hará en cualquier ocasión que se le presente.
En la escaramuza, Vicent Soler ha optado por el gesto de dejar su escaño en las Corts Valencianes para dedicarse por completo a la causa de la nueva financiación autonómica, sin la atadura del calendario parlamentario. Puig ha elevado el tono de su reivindicación ante Madrid, insistiendo por un lado en que los ajustes que el Gobierno en funciones exige a las autonomías afectan en mayor medida a la valenciana, la peor financiada de todas, la que arrastra 16.000 millones menos de los que le corresponden desde 2002; y por otro lado clamando por que las comunidades sean reconocidas de una vez por todas como parte sustancial del Estado, precisamente la parte que presta servicios esenciales para el ciudadano, como la sanidad, la educación o la atención social. Una parte que no se mecere ser tratada, ni con el PP ni con el PSOE en Moncloa, como una Administración manirrota, carísima y prescindible, como dicen algunos dirigentes de los partidos de la derecha y también de Vox. Una parte del Estado que no se merece que la ministra Montero cancele una entrevista con el presidente Puig porque tiene que participar en las conversaciones con Unidas Podemos para buscar la investidura de Pedro Sánchez.
Los pacientes, los docentes, los estudiantes o los dependientes no están en funciones, están en pleno uso de los servicios públicos y hay que garantizar, y pagar, esos servicios, sin recurrir a verborrea administrativa o política. El Gobierno de España sale también de las urnas, en demarcaciones provinciales, y quienes muestran distancia hacia los problemas cotidianos de los ciudadanos pueden encontrarse con esa misma distancia cuando pidan su voto desde la caravana electoral. El Estado, como Dios, está en todas partes, por alejadas y endeudadas que estén, y no solo en el despacho de la ministra que mañana recibe en Madrid a Puig en el segundo intento de la cita. Eso si la DANA o la investidura no lo impiden.
