En medio de las sesiones de Naciones Unidas en Nueva York para abordar el reto del cambio climático, las movilizaciones encabezadas por jóvenes en todo el mundo para demandar acuerdos y medidas eficaces en favor del futuro del planeta y hasta en el calor de la pelea de unas decenas de activistas por evitar la ampliación de la autovía de acceso a València por el Norte encaramándose al Forn de la Barraca de Alboraia, el Alto Comisionado del Gobierno de España para la Agenda 2030 ha hecho público su informe de progreso de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU para reorientar la actividad humana antes de cargarse la Tierra.
El informe llega cuatro años después de la aprobación de la Agenda 2030, y sus conclusiones, redactadas con una literatura demasiado optimista, no logran esconder que tras casi un lustro de trabajo los avances son muy limitados, más bien escasos. De hecho, la única referencia con un atisbo de crítica en las diez conclusiones del documento señala que «las transformaciones necesarias incluidas en los 17 ODS y sus 169 metas serán de difícil alcance si no se aceleran los ritmos de ejecución planificados. Las políticas públicas en marcha requerirán de un mayor impulso».
Sin embargo, y como destaca con acierto la oficina del Alto Comisionado, la consecución de los ODS no puede quedarse en responsabilidad de las distintas administraciones, de la esfera pública. Es imprescindible la movilización de toda la sociedad y en particular de las organizaciones ciudadanas y el sector privado. La lucha contra el cambio climático es la que se asocia más directamente con el llamamiento que la ONU hizo en 2015, pero no son menos importantes retos como la prosperidad del conjunto de la ciudadanía, con especial atención a los más vulnerables; la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres; el fortalecimiento del estado del bienestar; los avances en salud y educación; una transición energética justa; la movilidad sostenible; una economía con la vista puesta en una producción y un consumo responsables... Los 17 objetivos marcados por la ONU constituyen una carta a los Reyes Magos, pero su contenido no puede ni debe ser un sueño; es necesario que ese papel se convierta en realidad con el esfuerzo de todos. Y no sólo en el entorno más inmediato, en el de la sociedad de bienestar que se disfruta en este lado del planeta, sino con la vista puesta en todo el orbe, al que hay que extender derechos, conocimientos y compromisos alcanzados en esta parte del globo. Con la mirada fijada en las personas, que han de estar en el centro de actuación de todos los implicados.
Si a algo llama la ONU en la fijación de los objetivos para 2030 es a trabajar en los ámbitos local y global al mismo tiempo. Y si a escala española el Alto Comisionado se autoimpone acelerar el ritmo de los cambios, a escala valenciana el trabajo está prácticamente por empezar. En el informe de situación tras cuatro años de la aprobación del documento de retos se señala que en la Comunitat se han elaborado un mapa de seguimiento sobre los ODS, un texto sobre políticas y actuaciones de la Generalitat en 2018 alineadas con los mismos y una cartografía de los ODS en la administración del Gobierno autonómico en el año pasado, todos ellos redactados por la Dirección General de Cooperación y Solidaridad. Los trabajos se han limitado, según reconoce el propio comisionado, a recoger estadísticas vinculadas a los objetivos, con indicadores relacionados con tasas de pobreza, nutrición, esperanza de vida, escolarización, diferencia salarial entre hombres y mujeres, tasa de paro, acceso a la energía en los hogares, implantación y uso de nuevas tecnologías, contaminación, consumo responsable, tasa de criminalidad o índice de transparencia. Datos. A decir verdad, también se constituyó en diciembre de 2018 el Alto Consejo Consultivo para el Desarrollo de la Agenda 2030, con 35 miembros representantes de la Generalitat, otras instituciones, organizaciones sindicales y tejido empresarial. Datos y una comisión. Todo por hacer. Tras el repaso de lo realizado, el apartado de «próximos retos» abarca «elaborar la Estrategia autonómica de desarrollo sostenible...; coordinar las diversas políticas sectoriales...; realizar seguimiento y evaluación...». Casi nada.
Con todo, el impulso no puede recaer solo sobre los hombros de la Administración. Para todos llega la hora de actuar decididamente en tareas de información, divulgación y sensibilización de los objetivos fijados por la comunidad internacional, que no son más que una lista de los principales problemas que tiene la Humanidad y unas líneas maestras para empezar a ponerles remedio.
Resulta esperanzador y gratificante que cada vez un mayor número de jóvenes se impliquen en la consecución de estos objetivos globales. Cada viernes por la tarde, desde hace muchos meses, no más de una veintena de concienciados se dan cita en la plaza de la Virgen de València y en otros puntos de la geografía regional para reclamar medidas en favor del planeta, siguiendo los pasos y las inquietudes de la adolescente sueca Greta Thunberg. Son pocos, es verdad, pero también empezaron desde muy abajo otros muchos movimientos, como el de las víctimas del accidente del metro de València de 2006, y la difusión y sensibilización sobre su justa causa hicieron que se alcanzaran los objetivos que se había planteado el colectivo.
Por eso resulta también satisfactorio que unas cuantas empresas, con Facsa/Grupo Gimeno y Caixa Popular a la cabeza, y la colaboración de otras como la Fundación IVO, Ribera Salud y otras que se sumarán, hayan aceptado la invitación de Levante-EMV y los demás medios de comunicación de Prensa Ibérica en València para adherirse a una campaña de difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 en la Comunitat Valenciana. De la información surgirá el compromiso ciudadano con unos retos que invitan a trabajar desde el ámbito de cada uno, preguntándose qué puede hacer cada individuo cada día por el planeta. La solución a los problemas que tiene la Humanidad hoy empieza en el cubo de la basura, el grifo del agua o el cuidado de niños y mayores. ¿Te apuntas?
Con dinero y sin gastar
La Diputación de Valencia dejará sin ejecutar 58 millones de euros cuando llegue final de año. El dinero está en las cuentas corrientes, pero por un lado el parón político derivado de la cadena de convocatorias electorales en 2019, y por otro los requisitos administrativos de la nueva normativa de contratación pública mantienen asfixiado a todo el sector de la Administración local, tanto diputaciones como ayuntamientos, y en situación de inactividad a proveedores y contratistas que trabajan habitualmente en las obras y servicios de las corporaciones. La nueva ley de contratos que entró en vigor a principios de año obliga a los pequeños ayuntamientos, desprovistos de personal, a seguir los mismos procedimientos administrativos que se exigen en una capital, y conduce cualquier actuación inversora hacia una maraña administrativa que eterniza los procesos y desmoraliza a sus actores. En la Diputación de Valencia, las investigaciones por corrupción o fraude en etapas anteriores han encorsetado aún más las actuaciones ordinarias, dando lugar a una acumulación de fondos de difícil salida cuando hay tantas cuestiones por resolver. Toni Gaspar y Maria Josep Amigó anuncian una revolución interna para simplificar trámites.
