Lo normal sería que el presidente de una empresa a la que acaban de robar cuatro millones de euros de los ciudadanos de la capital valenciana por una mala práctica bancaria de la firma pública se comportara con prudencia, rubor y contención, que pusiera en marcha mecanismos para evitar un nuevo fraude y que estuviera pidiendo perdón lo que queda de año, por lo menos. Pero no. El concejal de Movilidad Sostenible de València, Giuseppe Grezzi, no entiende ni comparte que no debería estar en la comisión que investiga el fraude del que la Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha sido víctima, ni que, en todo caso, debería abstenerse de asistir en el momento en que declaren en la comisión de investigación creada al efecto los empleados de la firma que son citados a testificar por si se pueden ver amedrentados por su superior jerárquico.
Los concejales del PSPV-PSOE entendieron que el edil de Tráfico, líder de los verdes en Compromís, debería limitar su presencia en el caso por el cargo que ocupa y después de haber subido el sueldo al gerente en la misma semana en que salió a la luz la estafa. Sin embargo se encontraron con un concejal desafiante y vociferante que, como es costumbre, ha arrastrado a sus compañeros de formación hacia una defensa numantina de su persona y su delicada posición, exagerando su indignación hasta el límite y dejando claro que la campaña electoral para la cita del 10 de noviembre se libra en cada barrio, en cada voto.
El alcalde Joan Ribó prometió consecuencias a lo que entiende como una deslealtad, una traición de sus socios socialistas (votar junto a la oposición para que Grezzi se ausentara de la comisión de investigación cuando declararan empleados de la EMT citados como testigos) y se presentó el viernes por la mañana en la junta de gobierno local con la decisión de excluir al PSPV-PSOE de la comisión delegada del Consorcio València 2007 que gestiona la Marina de la ciudad, sustituyendo a la vicealcaldesa socialista Sandra Gómez (aún de luna de miel en Australia) por el nacionalista Carlos Galiana (Bloc) y no por Pilar Bernabé (PSPV-PSOE) como estaba previsto.
La sonrisa de satisfacción por esta venganza política duró pocas horas en la cara del alcalde Ribó. A la hora de comer trascendía el procesamiento del portavoz municipal de Compromís y concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, por la desgraciada muerte de un trabajador cuando montaba las gradas para los conciertos de la Feria de Julio en Viveros. La actitud desafiante de la mañana se tornó en silencio compungido por la tarde. La oposición conservadora no tardó en salir a pedir la inmediata dimisión de Fuset, cuyo partido ha sido inexorable con los demás y con algunos de los suyos cuando se ha abierto camino para un juicio oral a un cargo político. En este caso, en cambio, y con 24 horas de demora, la formación entiende que no se trata de un caso de corrupción como los que afectaron al PP que preside Isabel Bonig y se prepara para defender a Fuset del asedio que le espera desde las trincheras del otro bando. Esta vez, el PSPV-PSOE se ha alineado con sus socios en el Pacto del Rialto y ha anunciado que mantiene su confianza en el concejal de Fiestas, estableciendo diferencias entre este y Grezzi. De todos modos, la tensión ha subido muchos enteros en la Casa Consistorial. El segundo mandato en coalición se va a hacer muy largo, tanto en el Rialto como en el Botànic. Los socios se conocen más, se soportan menos y la necesidad es la que los mantiene unidos, pero a cada patada en la espinilla, como la que los socialistas le han dado a Grezzi, seguirá una colleja, como la de excluir al PSPV-PSOE del órgano gestor de la Marina. ¿Qué será lo siguiente? ¿Hacer valer la mayoría que el Gobierno socialista tiene en el Consorcio 2007 y prescindir del director general Vicent Llorens, de sensibilidad nacionalista? Una escalada de esas características llevaría a la ruptura de la coalición antes de Navidad, haciendo realidad así los deseos de quienes no querían pactar tras las elecciones municipales de mayo tanto en un lado como en el otro del Rialto.
Pero si la tensión es alta en la Plaza del Ayuntamiento a la sombra de la estatua de Francesc de Vinatea, unos metros más allá, en la plaza de Manises, saltan chispas de los cables. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha establecido en una sentencia que la Conselleria de Medio Ambiente en manos de Compromís precipitó de forma ilegal la denegación de la licencia al complejo comercial y de ocio Intu Mediterráneo en Paterna ya que el informe ambiental emitido por el departamento de la entonces consellera Elena Cebrián debió limitarse a establecer qué condiciones debía cumplir la empresa promotora para llevar adelante su proyecto en vez de denegar la autorización, una decisión que estaba tomada desde la política y expresada antes de que hablaran los informes por la vicepresidenta Mónica Oltra y otros cargos públicos de Compromís. El fallo judicial establece que el informe ambiental contrario fue lo que determinó que la entonces consellera socialista María José Salvador fuera la firmante de la denegación expresa de la licencia para construir el complejo, fruto del mestizaje del Botànic, del cruce de altos cargos en el primer y el segundo escalón administrativos. El lío viene ahora. Compromís quiere recurrir para mantener cerrado el paso a Intu Mediterráneo y los socialistas, que han dado muestras evidentes al promotor de que ven el proyecto con buenos ojos fian la decisión a la Abogacía de la Generalitat, intentando alejar el caso de los a priori políticos. No podrán. En un asunto así tendrán que mojarse. Los ciudadanos tienen derecho a saber lo que opinan sus políticos y a que estos decidan, aunque eso les ocasione incomodidades. Nadie dijo que fuera fácil pero es lo que se espera de ellos.
Sobreexposición
Las encuestas que se van publicando de cara a las elecciones generales del 10 de noviembre pronostican una victoria clara de los socialistas de Pedro Sánchez, aunque unas les dan más diputados que los 123 que obtuvieron en abril y otras menos, siempre muy por debajo de la mayoría absoluta en el Congreso, fijada en 176 escaños. Lo que no está claro es cómo operará sobre el electorado la sobreexposición de las protestas con barricadas, cargas policiales y destrozos que se suceden en Cataluña tras la sentencia que condena a los líderes independentistas por sedición. Resulta curioso que el mismo Estado que ha decidido mantener en la cárcel a Oriol Junqueras y compañía se sume de forma entusiasta y prolija a transmitir al mundo entero a través de la televisión pública TVE no ya las noticias de huelgas generales y manifestaciones sino el más mínimo detalle de las algaradas de violentos de uno u otro signo en programas especiales que duran las 24 horas del día. Al margen de lo que se opine de la sentencia y de la reacción legítima y democrática que pueda suscitar el fallo del Supremo la permanente exposición de lo que se presenta como una batalla campal global sin serlo hace un daño puede que irreparable a la imagen de Barcelona, Cataluña y España. Uno podría pensar que Sánchez, con la ayuda de TVE, quiere obtener así más votos fuera de Cataluña, algo que él mismo reprochó cien veces a Mariano Rajoy y al PP.
