Las elecciones generales del 10 de noviembre han dejado sobre la política española la expectativa del primer gobierno de coalición desde la Segunda República y sobre la política valenciana un abanico de refuerzos, caídas y oportunidades que, como para el ámbito estatal, tendrán una lectura definitiva en función de si la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos logra la investidura de Pedro Sánchez o se estrella después de Navidad abocando al país a una nueva consulta en marzo.
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Los socialistas de Ximo Puig han pasado el trance electoral sin incidencias notables. Mantienen el resultado que obtuvieron en el abril de la gran movilización y su líder, el presidente de la Generalitat, ve satisfecho cómo el inquilino de la Moncloa en funciones se ha abierto a un entendimiento con los morados, los mismos con los que en la Comunitat Valenciana y en otras cinco autonomías gobiernan en coalición. Él puede seguir durmiendo tranquilo.
En Unides Podem las elecciones tampoco han dejado novedades notables, excepción hecha de la pérdida de un diputado por Alicante, cuestión por la que el líder de la formación, Rubén Martínez Dalmau, no ha dudado en culpar a sus también socios de Compromís por elegir al Más País de Íñigo Errejón como socio circunstancial. Como nada es para siempre, ahora se puede dar el caso de que los tres se vuelvan a encontrar dentro de la coalición para el Gobierno de España.
La catástrofe de Ciudadanos, relegado a diez escaños en Madrid y con un retroceso de cuatro diputados en la Comunitat Valenciana, ha metido al partido naranja en un agujero de incierta salida. O sale de su futuro congreso como UPyD, esto es, como un partido intrascendente en tierra de nadie por haber abandonado el centro que le daba la vida, o se disuelve en los próximos meses y reparte sus principales activos entre el PP, el PSOE y Vox. No habrá dinero en la caja para mantener una estructura de partido grande, con muchas sedes y empleados, y la autonomía empieza siempre por la independencia económica. El PP ha olido la sangre y ha desencadenado lo que ellos mismos llaman «Operación Cariño», que consiste en hacer ver a los cargos públicos de Ciudadanos que los populares son buena gente y una estructura política de fiar, por si un día alguno de ellos, ya sea vicepresidente de la Junta de Andalucía o vicealcaldesa de Madrid, se plantea continuar en la cosa pública fuera de la formación naranja. Ellos no los llamarán tránsfugas.
Un aviso serio se ha llevado la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, quien pocas horas después de la consulta electoral ha reunido a su junta directiva para proclamar que hay que viajar hacia el centro, que es donde están las opciones para gobernar en 2023. Con uno de los perfiles más conservadores de los diferentes barones territoriales del PP, Bonig tampoco ha sido esta vez capaz de mantener dentro de sus filas al ala más dura de su partido, que se ha entregado en cuerpo y alma a Vox. Mientras el gallego Alberto Núñez Feijóo ha logrado que la ultraderecha no obtenga ni un solo escaño en su territorio, logrando para el PP todo el voto de la derecha, incluido el de Ciudadanos, la formación que preside Bonig ha visto cómo los votantes del partido de Abascal elevaban la representación valenciana de éste desde los tres escaños de abril a los siete cosechados el domingo. Cierto es que los populares han ganado un diputado y dos senadores, pero el avance resulta una victoria pírrica ya que parte de los peores resultados de los conservadores en toda su historia. Se han comido el colchón que tenían en Ciudadanos, partido alimentado con votantes que dejaron el PP en los años de la corrupción, y ahora se ven atrapados en el dilema: o se van al centro y dejan toda la oposición dura a los ultras o se quedan en el espacio en el que se mueve Bonig, acariciando el lomo del doberman y arriesgándose a recibir una dentellada de cuando en cuando.
El camino de los populares se decide en los próximos meses pero serán Pablo Casado y su equipo, y no Bonig, quienes lleven las riendas. Los movimientos para reemplazar a la lideresa valenciana no tardarán en producirse. De hecho, ya han comenzado con el desbloqueo del calendario de los congresos, en los que quedará de manifiesto que la actual presidenta ya no cuenta con la confianza de la cúpula de la calle Génova. No es el perfil que interesa para la nueva etapa. Como dicen por allí, «el partido es la casa, y ésta tiene que estar ordenada para que todo funcione». Se agotan los tiempos de la provisionalidad y las gestoras. Primero será el congreso provincial de Valencia, que Bonig perderá, y luego ella misma tendrá que decidir si se presenta al congreso regional para ser derrotada ante César Sánchez (Alicante) o Vicente Betoret (Valencia) o se retira y deja antes el campo libre a las huestes de Casado. Quizás el calendario sea al revés, pero el resultado será el mismo. La diputada castellonense pasará a la historia y es más que probable que no le concedan ni el rango de senadora territorial, del que habría que desplazar al expresidente Alberto Fabra.
Más mieles hay en el horizonte de la otra dama principal de la política valenciana, la líder de Compromís, Mónica Oltra, para quien los resultados de las elecciones y la coalición PSOE-Unidas Podemos abren la posibilidad de ser ministra del Gobierno de España. Defendió la coalición electoral con los morados pero perdió frente a quienes optaron por Errejón, saldada con un resultado discreto. Ahora tiene la oportunidad de restablecer su otrora buena relación con Pablo Iglesias y optar a una de las carteras que le corresponden a los socios del PSOE. Además de convertirse en una voz valenciana más que cualificada en Madrid, algo por lo que muchos suspiran desde hace demasiado tiempo, un ministerio permitiría a Oltra abandonar su posición a la sombra de Ximo Puig, en la que lleva cuatro años y medio (le quedan otros tres y medio), forjarse como figura destacada en la política nacional más allá de sus ocasionales apariciones en televisión y sentar unas solidas bases para optar a la Alcaldía de València en 2023. ¿Alguien da más?
Más rascacielos y viviendas para la Marina de València
Rascacielos de 40 plantas en la zona del Parque Central y el futuro barrio del Grao para dejar espacios libres a nivel de calle y erigir hitos que proyecten la ciudad internacionalmente; inversiones millonarias en la Marina de València para ubicar junto a la dársena viviendas, escuelas, espacios de trabajo y de aprendizaje; reaprovechamiento del casco urbano consolidado para crear oficinas y generar empleo en la ciudad... Son algunas de las recetas que ha desgranado esta semana el director del Plan General de Ordenación Urbana de València, el arquitecto Alejandro Escribano, ante los promotores y constructores reunidos por 50º aniversario. Buena parte de lo que la gran capital que hoy es València se debe a lo que este especialista y su equipo dibujaron en los años 80. Ahora, Escribano cree que a la ciudad le interesa más invertir 80 millones de euros en prolongar el túnel ferroviario de Serrería hacia el Sur (dejando libre el camino hacia el mar de la Alameda y la avenida de Francia) que los 300 millones de la nueva estación del Norte. Y también que urge generar oficinas en una ciudad de condiciones privilegiadas. En su opinión, si las firmas internacionales continúan fabricando sus productos fuera de Europa pero el talento creador o gestor se mantiene en el continente, el secreto es ofrecer calidad de vida para atraer capital humano. Con los espacios degradados o infrautilizados que quedan en el casco urbano valdría la pena detenerse a mirar el mapa y reflexionar sobre esta cuestión.
