Sin querer retomar la discusión sobre ventajas e inconvenientes de la colaboración público privada con la Radiología como actor principal, el tema vuelve a ser actualidad, gracias al trabajo que solo el buen periodismo sabe ofrecer en el marco de una sociedad democrática. En este caso es gracias a Valencia Plaza. Hoy sabemos que en la UTE Erescanner Salud que se quedó en exclusiva durante 10 años el servicio privado de resonancias magnéticas, había una empresa pantalla que por 800 euros se hizo con el 8% de la UTE (no eran cuatro socios como se informó, sino cinco). En cuanto fue legalmente posible se vendió a uno de los socios de la UTE por una cifra que Valencia Plaza estima en unos 4 millones y medio. Todo ello ocurrió con la aprobación, cuando no la connivencia de los equipos de la Consellería de turno del PP.
¿Qué hizo este quinto socio emboscado en una operación que ha supuesto una facturación a la GV de cientos de millones? Con el adjetivo presunto por delante, parece que un grupo de empresarios fueron muy eficientes a la hora que Erescanner pudiera ejercer de ganador único y exclusivo a lo largo y ancho de toda la Comunitat. Que esta investigación periodística haya pasado de puntillas, tanto en muchos sectores cívicos valencianos como en otros medios de comunicación, puede poner de manifiesto la desmoralización de la ciudadanía y el nivel deontológico que nos rodea. Ello no obvia volver a exponer tanto lo que hemos vivido, como lo que estamos dilapidando en estos momentos.
Es perfectamente legítimo utilizar mecanismos público-privados en la política sanitaria, pero este principio general no impide calificar de catastrófica la iniciativa que se tomó de dar a un determinado grupo empresarial (muy próximo al PP de entonces) el monopolio en todo el territorio valenciano para el ejercicio médico de una rama del conocimiento científico tan importante y transversal como la radiología. Una de las razones de ser de la actividad empresarial es la posibilidad de competencia entre varios candidatos, pero en este caso el poder político decidió que solo existiera un actor, llevando a cabo con ello un fraude intelectual y económico a cuenta de los presupuestos de la Generaltat, que hoy seguimos pagando. El Consell de Camps privatizó arteramente, renunciando al inexcusable deber de regulador de un servicio público, incumpliendo con ello uno de los deberes que la Constitución y el Estatut le otorgan.
En septiembre de 2008, Sanidad anunciaba la adjudicación del contrato de gestión de las resonancias magnéticas durante diez años por un valor estimado de 475 millones de euros. Como consecuencia en muchos hospitales valencianos dejaron de instalarse estos caros sistemas radiológicos que, de acuerdo con el contrato firmado, fueron adquiridos por la UTE. La evolución de la sociedad del conocimiento confirmaría el papel nuclear de estas técnicas en el trabajo propio de los servicios de radiología. El alejamiento del conocimiento que el uso cotidiano de esta tecnología supone, fue el precio que muchos radiólogos, consciente o inconscientemente, pagaron en detrimento de todos los usuarios. Diez años son muchos años en la era de la Digitalización; sólo algunos hospitales, como el Peset de València, se resistieron a aceptar el inevitable secuestro que de una buena parte de la radiología valenciana iba a efectuar el sector privado. No es el momento de juzgar la moralidad o calidad del negocio fraguado en 2008, sino poner de manifiesto que en términos de conocimiento y equipos científicos, las cosas no son un adolescente quita y pon, vestido de progresismo.
Pasaron los años y el Consell del Botànic que en su programa prometió la reversión del sistema en 2018, al finalizar el contrato firmado en la época del PP, tomó consciencia que no contaba en su plantilla con los recursos humanos para cumplir su promesa, aunque si con los equipos, para los cuales incluso podía contar con la ayuda del dueño de Zara. La Consellera de entonces sacó precipitadamente un concurso, ahora si abierto a todos y dividiendo Comunidad en cinco lotes, pero desgraciadamente triunfo la acritud, no hubo ni eficacia administrativa, ni voluntad de acuerdo por las partes. Tropiezos administrativos y recursos a los tribunales correspondientes definen esta época. Cuando el 31 de octubre de 2018 finalizó el contrato de 10 años, la UTE continúo prestando el servicio a petición de la Conselleria que no estaba en condiciones, con el actual conocimiento medio de sus radiólogos, hacerse cargo del trabajo que venía haciendo, a costos muy altos, los profesionales de Erescanner. El nombre de esta figura en nuestro código es elocuente «enriquecimiento injusto». Sin suficientes radiólogos preparados, solo cabía asumir al personal que en la última década había gestionado la realización de las pruebas. Cuando parecía que iba a darse, vinieron las elecciones autonómicas de abril, sólo quedaba pendiente un informe económico que diera viabilidad. Pasaron los comicios y las vacaciones estivales y el proceso sigue sin reactivarse el proceso. Pero la necesidad de una resonancia es incompatible con tanta dudas y el pasado 0ctubre, de nuevo la Conselleria pidió que la situación se alargará hasta abril de 2020, incapaz de ejecutar la reversión del servicio.
Erescanner, en su momento, hizo su plan de negocio sobre la base de amortizar los equipos que de una manera u otra ya son de la sanidad pública, se encuentra con el inesperado regalo de un alargamiento del contrato. En su desesperación la Conselleria pidió a la UTE que redujera al 50% sus actuales tarifas, pero sólo logró una rebaja del 17% en los precios de las pruebas que se necesitan. Quien debería regular el servicio se ha convertido en cliente fijo, un ejemplo de secuestro de facto.
En plena crisis de financiación autonómica, tener a casi toda la radiología valenciana en situación de enriquecimiento injusto es inadmisible y pronto pasará a ser financieramente inasumible. Radiólogos, empresas y políticos deben empezar a moverse para que la transición a lo público sea posible, esto es, hacerla más pautada y mas respetuosa con aquello que alegremente se prometió. Las malas experiencias de reversiones poco planificadas no se reducen a la radiología. Ahí están los acuerdos verbales con el IVO en el borde de la legalidad y los gastos adicionales que está suponiendo la operación Alzira.
La experiencia autonómica en sanidad no ha sido tan brillante como algunos presumen.
