Definí la expatriación de Juan Carlos I en estas mismas páginas el pasado día 4 como "la mejor decisión de Estado". Y aunque pueda resultar paradójico seguir afirmándolo, tras conocer el más inconveniente de los destinos posibles del Rey emérito -Emiratos Árabes Unidos- persisto en la apreciación porque la instalación provisional del padre del Rey en Abu Dabi, ilustra bien sobre el aturdimiento personal -político y seguramente moral- en el que se ha desenvuelto antes de su renuncia en 2014.
El pacto del destierro, decidido por Felipe VI y avalado por el presidente del Gobierno, fue aceptado por Juan Carlos I con renuencia y, en último término, haciendo valer su ciudadanía, que le permitía ampararse en el derecho a la privacidad, a la libertad de movimientos y a otras autónomas determinaciones como la elección de su destino. Y esa transacción hubiese culminado el éxito de la operación si el Rey emérito en vez de acogerse a la hospitalidad de los jeques de Emiratos Árabes, una federación autoritaria, fronteriza con Arabia Saudí, escenario regional de algunos de los episodios más sórdidos y sospechosos de su irregular conducta, hubiese optado por otra más discreta, alejada de la plutocracia, próxima a España y en un entorno familiar.
El precio de la grandeza, escribió Winston Churchill, es la responsabilidad. Y es la que le ha faltado a Juan Carlos I. Una carencia que va en detrimento de su mermada reputación -él, que la acumuló largamente- y del respeto estético que merecen, además del Rey, su hijo, el Gobierno y, especialmente, la opinión pública española. El Rey emérito antepone la seguridad y la opacidad que le brindan sus actuales anfitriones a la atención a otras consideraciones de orden político. Su edad y su estado de salud ayudan a comprender la decisión del padre del Rey pero no la justifican y remiten a las peores evocaciones de las conductas que se le reprochan.
Error de apreciación
Este error de apreciación de Juan Carlos I es el que, en última instancia, explica mejor la decisión del Rey, al que un sector de la derecha política presenta como un dócil ejecutor de una supuesta política de acoso y derribo a la monarquía por parte de Pedro Sánchez. Es falso. El Rey emérito era en la Zarzuela una auténtica bomba de relojería. Su extraversión habitual se había convertido en una preocupante indiscreción y sus conversaciones con su entorno, trascendían en ámbitos sociales, políticos y empresariales. Juan Carlos I emitía mensajes según los cuales se sentía incomprendido, injustamente tratado por su propio hijo y parte de su familia, hostigado por un Gobierno desafecto a la institución y a su trayectoria, llegando a esgrimir excusas absolutorias.
La lucidez de Juan Carlos I llegó hasta el límite de aceptar su extrañamiento, pero no más allá, como han demostrado los 15 días de incógnito que han incomodado al Gobierno y situado a la Casa del Rey en una posición difícil y, al final, la instalación en un país especialmente contraindicado. Mientras, el Rey se ha dedicado a recorrer las Baleares con la reina y sus hijas y ha cancelado sus vacaciones regresando a la Zarzuela. Felipe VI no solo demuestra que permanece sereno en estas duras circunstancias, sino que transmite también un temperamento distinto por completo al de su padre, frente al que media ahora una distancia sideral en el entendimiento institucional de la Corona.
Desde antes de la expatriación del emérito, la Casa del Rey preparaba un plan estratégico para recuperar el terreno perdido en el aprecio a la Jefatura del Estado en el que se tratará -y ya se ha ensayado con su periplo por todas las comunidades a lo largo de julio- de que las buenas connotaciones personales y políticas que los sondeos públicos y privados atribuyen a Felipe de Borbón y Grecia se comuniquen a la institución monárquica. Subrayando, así, su carácter integrador y su utilidad en una democracia plena, y ahora convulsa, como la española.
Al mismo tiempo, y cuando las circunstancias se serenen, comenzará un largo itinerario normativo -sin reforma constitucional- para la regulación de la Corona que, como desea el propio Felipe VI, acote aspectos de su funcionamiento sumidos ahora en la ambigüedad o en el mero uso no normativo. Como ha ocurrido en otras monarquías parlamentarias, de lo que se trata es de convertir una crisis en una gran oportunidad y no en un desastre constitucional, como ha sido habitual en la historia de España desde el siglo XIX. El comportamiento de Juan Carlos I precipita ese radical propósito regenerador del Rey.
