Asegura la vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, que hay que saber leer los presupuestos, pero lo cierto es que la lectura de las cuentas públicas para 2021, sean las del Estado o las de la Comunitat Valenciana, depende de las gafas que uno se ponga para mirar las cifras y los gráficos. No es extraño que los portavoces de los respectivos gobiernos subrayen las bondades de sus propuestas, remarcando que son las que más prevén invertir en la lucha contra la pandemia y sus consecuencias y en el reforzamiento del llamado escudo social. Tampoco debe sorprender que la oposición (el PP) vea en las previsiones presupuestarias un retroceso, el proyecto menos social de los últimos años, y destaque los flancos más débiles. Ya se sabe que en materia de cifras existen las mentiras, las grandes mentiras y en lo alto de la escala, las estadísticas.
Con todo, los números que han tomado la actualidad esta semana (con permiso de Maje y del gran Sean Connery) reflejan algunas certezas susceptibles de ser remarcadas en rojo.
Empezando por las cuentas del Estado, elaboradas por el PSOE y Unidas Podemos, el debate sobre la subida de impuestos que prevén centra todas las miradas, especialmente las del incremento del gravamen del diésel no profesional, que tiene en un ay a millones de consumidores, y en especial a si es cierto o no que los socialistas han pactado con Ciudadanos que la nueva tributación del gasoil no saldrá adelante. Atrás ha quedado, por ahora, la retirada de beneficios fiscales a los planes de pensiones, aquellos que había que suscribir si se quería disfrutar de una jubilación tranquila, según Pedro Solbes, beneficios que pueden quedar en el armario de la historia en 2022 si se mantiene el actual marco político.
De momento, y por lo que respecta a la Comunitat Valenciana, las cuentas traen algunas buenas noticias, ciertos sinsabores y varias bofetadas.
Los 1.578,52 millones de euros que el Estado prevé invertir en 2021 en el territorio autonómico son más del doble de lo previsto en el último presupuesto oficial válido, el de 2018 (de Rajoy-Montoro), en el que ese bloque incluía 740,36 millones, y también más que los 1.189 millones del presupuesto frustrado de 2019, ya con Pedro Sánchez en la Moncloa. El Gobierno adelanta más de 414 millones de los que espera asignar a la Comunitat Valenciana de los fondos de reconstrucción de la Unión Europea, y gracias a eso salen unas cuentas refulgentes. Dicho esto, a lo que hay que añadir la condonación de casi 400 millones de euros de la deuda de la Marina de València, un compromiso mayor con la cobertura de la dependencia y la apuesta por reforzar las cercanías ferroviarias (213 millones) y el corredor mediterráneo (427 millones), ¿era necesario dejar el porcentaje de inversión en el 9,63 % del total español para una región en la que reside el 10,6 % de la población? ¿No arrastra la Comunitat Valenciana suficientes años de infrafinanciación? ¿No podían haber arañado unas décimas para llegar a los dos digitos? Si, total, luego no se ejecuta buena parte del presupuesto...
Al parecer hay que expresar alegría y agradecimiento porque el Gobierno de España parece dispuesto a financiar con 38 millones de euros el sistema de transporte metropolitano de València, cuando las áreas de Madrid y Barcelona llevan más de 20 años recibiendo cada una cantidades por encima de los cien millones de euros para ese mismo fin. Debe ser que el Ejecutivo de Sánchez e Iglesias (y del valenciano José Luis Ábalos) entiende como sus predecesores que en el área de València se camina mucho y quien no es peatón es ciclista, que tampoco consume muchos recursos del Estado.
Tras las buenas noticias y los sinsabores vienen las bofetadas, que suelen centrarse en los equipamientos culturales. Un año más, habrá que tragar con que el Teatro Real, el Liceo barcelonés y hasta la Maestranza de Sevilla reciban del Gobierno central subvenciones que dejan en ridículos los 895.700 euros previstos para Les Arts. Otras referencias internacionales con sede en València, como el IVAM o el Museo de Bellas Artes, no corren mejor suerte, en lo que se consolida como una discriminación sonrojante que se repite año tras año. Seguro que los grupos de la oposición, y hasta los del gobierno, harán lo posible por enmendar las cuentas en el Congreso a fin de acabar con este desprecio reiterado.
La semana también ha dejado en la actualidad el proyecto de presupuestos de la Generalitat, el mayor de la historia, por encima de 25.000 millones de euros, con un incremento del 11 % con respecto al de 2020. Una de las comunidades más endeudadas de España, con 50.000 millones de lastre, diseña un presupuesto expansivo para hacer frente a la pandemia y a las crisis social y económica que el coronavirus ha provocado. Y lo hace sin subida de impuestos, fiando la llegada de ingresos que,sin duda alguna faltarán, a las transferencias del Estado y al dinero de los fondos de reconstrucción de la UE. Habrá quien opine que las cuentas del Consell para 2021 son una huida hacia adelante, una pelota que hipoteca a futuros gobiernos. Pero la pandemia está aquí, y ha de ser la principal preocupación de los gobernantes, ya que es también la de los ciudadanos.
Es ahora cuando hay que reforzar los servicios sanitarios, para los que se prevé un 10,4 % más; la atención social (+19,1 %); la educación (+6,9 %); o la vivienda (+9,4 %). Y también es ahora cuando hay que tomar medidas de dinamización económica para afrontar las dificultades de las empresas, los autónomos, los trabajadores y los ciudadanos en general. La deuda es una herramienta para conseguir desarrollo y bienestar. Y ahora es más necesaria que nunca. Una administración se puede enfrentar a ella con valentía, como ha decidido el Govern del Botànic II de Ximo Puig, Mónica Oltra y Rubén Martínez Dalmau, conscientes de las necesidades, cosechando palabras de reconocimiento del poco sospechoso y liberal Toni Cantó (Cs); o con recelo, como el alcalde de València, Joan Ribó, quien ha optado por seguir el consejo del equipo de interventores y entregar 32 millones de los remanentes presupuestarios por los que tanto peleó con el Gobierno a amortizar deuda bancaria en vez de dedicarlos a luchar contra la pandemia, lo que le ha granjeado críticas generalizadas.
En la vecina Paterna, el socialista Juan Antonio Sagredo ha anunciado que el remanente municipal financiará 21 proyectos valorados en 12 millones de euros y votados por los vecinos, para dinamizar la actividad urbana. «No destinaremos el superávit a amortizar deuda», ha dicho tras rebajar el endeudamiento de forma considerable desde 2015, igual que València. Los números son números y la política, tomar decisiones sobre ellos.
