Pedro Sánchez ha elegido València para iniciar una gira de presentación del plan de reconstrucción que su Gobierno ha diseñado para tratar de superar la pandemia y sus efectos en todos los órdenes, especialmente el económico. Unos 144.000 millones de euros espera obtener el Ejecutivo para España procedentes de la Unión Europea y de este nuevo Plan Marshall continental en el que se confía en que el coche del dinero sí se detenga, y no pase de largo como en la inolvidable película de Luis García Berlanga que el presidente utilizó como metáfora.
La visita de Sánchez constituye un espaldarazo expreso a la figura y a la actuación del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien ha impulsado y logrado tres acuerdos de gran calado (con los partidos, los agentes sociales y las corporaciones locales) para sentar las bases de la reconstrucción, y que han dado como resultado la formulación en las Corts de más de 400 proyectos para los próximos años que, de llevarse a cabo, serán la base de un modelo productivo generador de desarrollo y progreso social. Después de semanas de pelea con la madrileña Díaz Ayuso por las medidas contra el coronavirus, no es extraño que Sánchez haya visto en la Comunitat Valenciana un remanso en el que imperan el diálogo y la concordia.
Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, ni mucho menos, en esta ribera del Mediterráneo. Los datos de la pandemia, hasta ahora los menos malos de España, empiezan a complicarse. Y aunque los mecanismos de respuesta han funcionado más o menos desde marzo las instituciones y la sociedad han de estar más alerta que nunca y preparadas para cualquier eventualidad.
Entre las muchas medidas de su plan, el presidente del Gobierno ha incluído una inminente reforma de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y otras normas encaminadas a hacer frente a esa otra pandemia, más duradera que el coronavirus, que es la extrema lentitud de las instituciones a la hora de llevar a efecto sus propias decisiones, especialmente las presupuestarias. Sin ir más lejos, la Generalitat Valenciana que acaba de presentar un presupuesto de más de 25.000 millones para 2021, tenía 6.654 millones de euros sin mover de las cuentas de 2020 transcurridos los primeros nueve meses de éste. En el área de Vivienda que gestiona el vicepresidente Martínez Dalmau (Unides Podem), el 30 de septiembre solo se habia activado un 15 % del presupuesto, siendo una de las prioridades del Ejecutivo valenciano. Malos números presenta también Agricultura y Emergencia Climática (de Mireia Mollà, Compromís) con un 58 % del presupuesto sin tocar; o Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad (del socialista Arcadi España) donde en nueve meses han impulsado sólo el 45 % del dinero disponible.
Mención especial merece el área de Igualdad y Politicas Inclusivas, encomendada a la vicepresidenta Mónica Oltra, a la que el gobierno de coalición ha asignado un presupuesto de 1.921 millones de euros para 2021, con un incremento del 20 % sobre el actual.Una confianza ciega en una persona y un equipo que a tres meses de terminar el año no habían activado 776 millones de los fondos disponibles, un 44 % del total. Precisamente Oltra tensaba la cuerda esta semana con el conseller de Hacienda, Vicent Soler, por un descuadre en las cuentas de su departamento que habían sido remitidas a las Corts, asunto resuelto por la dudosa vía de una fe de errores, y por 21 millones añadidos que se le han prometido para enero por la vía de una modificación de créditos. ¡Preocupada por 21 millones cuando tiene sin gastar 776 que han de ir destinados a la población más desfavorecida, la que más atención necesita de la Administración! Resulta encomiable la fe que tiene el conjunto del Consell en Oltra y su equipo a la hora de gestionar cuando, ocupándose de las residencias para la tercera edad, ni ha levantado una sola en cinco años de mandato ni ha sentado las bases para los cambios que la pandemia ha evidenciado como imprescindibles en el sector. En dependencia, otra de sus competencias, la Sindicatura de Comptes acaba de publicar un informe que revela que la Administración tarda 526 días en reconocer dicha prestación a los usuarios cuando el plazo límite son180 días.
Naturalmente, los políticos y sus equipos directivos no son los únicos responsables de la parálisis administrativa que constituye la principal amenaza para la absorción de los fondos europeos de reconstruccion. Altos funcionarios que concedieron todo tipo de licencias a gestores del Partido Popular en los años de la corrupción se erigen hoy en paladines del procedimiento por temor a que la ola de judicialización de la política que lo invade todo dé con sus huesos en un banquillo aunque sea como testigos.
En la ciudad de València, por ejemplo, los proyectos de mejoras, reformas y construcción de nuevos equipamientos escolares amparados en el plan Edificant (los ayuntamientos hacen toda la obra y la Generalitat paga al final) avanzan a paso de tortuga porque alguien con poder en las cuentas decidió que no había que fiarse de que el gobierno autonómico haría su parte. De 21 proyectos valorados en 43 millones sólo se han ejecutado 12 de obras menores, trabajos de menos de 100.000 euros. Las reformas integrales y los nuevos centros para las zonas de expansión urbana como Malilla o Patraix fueron ralentizados. Mejor no ir tan rápido con ellos, que había que amortizar deuda con los bancos.
Amazon busca 80.000 metros; Feria valencia tiene 230.000 que no se llenarán nunca
La multinacional de venta por internet Amazon busca terreno en la zona de Valencia para instalar una de sus plataformas de distribución, según ha desvelado Levante-EMV esta semana. La compañía que preside Jeff Bezos necesita 80.000 metros de almacén bien comunicados para alimentar la demanda de Valencia, Aragón y el Sur de Cataluña. Mientras eso sucede, Generalitat, Ayuntamiento de València y agentes económicos cumplen un año deshojando la margarita del futuro de Feria Valencia, un recinto de 230.000 metros bien situado, bien equipado y sobredimensionado para un fin que nunca volverá a ser lo que era. Y quien quiera verlo de otra manera es que vive en un mundo paralelo. La Generalitat ya ha aceptado que asumirá los 1.000 millones de deuda que acumula la institución, que pasará a ser de titularidad autonómica. El ayuntamiento de la capital presiona para obtener uno o dos edificios a cambio del suelo del recinto, con el fin de utilizarlos para atraer actividades innovadoras. Pero el nudo no se deshace y lleva así demasiados meses. Desde esta columna ya se sugirió que la Feria había sido un buen emplazamiento para Ikea, y hoy se reitera si no habría que buscar a los de Amazon, Aliexpress o alguna otra firma del sector para ofrecerle uno, dos o cinco pabellones en alquiler o en venta para aligerar lastre, ingresar dinero en la caja evitar el impacto ambiental y la huella de carbono que fepresentarían construir otro almacén de grandes dimensiones para la distribución de paquetes.
