La Comunidad Valenciana, que es por cierto la peor financiada de España, mantiene en los últimos años una posición de apertura y diálogo, de cooperación con sus vecinos y con el Estado, de la que emanan saludables valores federalistas y que podría servir de pauta para una reconstitución del modelo vigente de organización territorial, que ha sido puesto a prueba por la gran pandemia: la necesidad de combatir la covid-19 desde todos los escalones administrativos ha evidenciado la importancia de un nivel central que asuma la coordinación del conjunto; pero también la utilidad de una sanidad descentralizada, cercana a la ciudadanía, dispuesta a coordinarse mediante pautas federales y a construir una solidaridad interna de país que ayude al establecimiento de los confinamientos, al reparto de las cargas y a la adopción de las medidas de seguridad.
La realidad es que el Estado autonómico ha mostrado sus insuficiencias y flaquezas. En tanto Alemania conseguía una fluida correlación de medidas y de fuerzas a través del Budestag y de toda una legislación pensada y adaptada a la conformación del Estado complejo, aquí surgían rivalidades miserables, pequeñas guerras galanas entre territorios con relación al Estado de alarma, a las ayudas, a la permeabilidad de las fronteras entre comunidades. Es muy probable que de la experiencia haya surgido no tanto un federalismo teórico cuanto la convicción pragmática de que el modelo autonómico debe revisarse para acomodarlo a modelos que funcionan con precisión, el alemán en primer lugar.
En este contexto, el presidente valenciano Ximo Puig ha pronunciado esta semana en el Círculo de Empresarios de Barcelona una resonante conferencia en la que ha propuesto la colaboración sincera entre Cataluña y la Comunidad valenciana para empezar a dar contenido a este nuevo federalismo, desplazar el centro de gravedad de España desde Madrid hacia el este, e iniciar en la práctica una transcripción política del eje económico mediterráneo.
Llegan momentos cruciales en que será preciso un cúmulo de esfuerzos, y no todos irradiados desde Madrid. Si fructifica la relación entre la nueva Valencia surgida de las cenizas del modelo desarrollista del PP y la nueva Cataluña construida sobre bases más pragmáticas (en la línea que proponen ERC y el PSOE), podría darse el caso de que, como ha escrito Enric Juliana, “el eje mediterráneo” fuese “uno de los motores de tracción de la economía pos-covid, si Cataluña, Valencia, Balears (y por qué no Murcia y Aragón) saben colaborar. Valencia tiene en estos momentos un claro liderazgo político. Hoy es la más federal de las autonomías. Valencia propone y en Cataluña mucha gente está dispuesta a escucharla”.
Fue Maragall quien defendió la tesis de que España debía cesar en la idea del desarrollo radial, que ha tenido efectos tan desequilibrantes a lo largo de la historia, para empezar a construir una España en red, como una malla con ejes verticales y horizontales. En realidad, ambos modelos deben superponerse (el uno está ya construido; el otro está por hacer casi por completo), y no parece difícil entender que la solución del conflicto catalán —el independentismo por inadaptación— podría mitigarse si, además de mejorar la relación centro-periferia en el Estado, hubiera otros vectores —ejes de desarrollo— que formalizaran sistemas de relaciones innovadores y diferentes.
El eje mediterráneo, al que le faltan corredores ferroviarios convencionales litorales, bien comunicados con el hinterland, ofrece unas expectativas turísticas que, bien coordinadas, multiplicarían su actual rendimiento. Y su potencial agrícola, industrial y manufacturero despegaría hasta extremos inusitados, lo que otorgaría a Cataluña una dimensión nueva, de puente internacional y de centro de negocios en que lo periférico encontraría contrapesos mediterráneos.
Quizá lo único bueno de la pandemia sea haber descubierto el valor, los problemas y las virtudes de la descentralización cuasi federal, que nos ha ayudado a organizarnos, a gestionarnos, a modular las respuestas a la crisis. Una reforma constitucional debería acentuar este vector federal, pero lo más importante es que la sociedad y la política interioricen que la diversidad ofrece unas oportunidades cooperativas que constituyen una gran riqueza.
