La prosperidad de un país se apoya en tres motores: el sector privado (mercado), el Estado y la comunidad. Para que esa prosperidad sea inclusiva, es decir, llegue a todas las personas vivan donde vivan, es necesario que esos tres motores sean potentes. De lo contrario, la prosperidad que se crea no alcanza a todas las personas y territorios.
Esos tres motores de la prosperidad inclusiva de un país son como las patas de un taburete: para ser estable y sólido es necesario que las tres sean igual de largas y de fuertes. De lo contrario, si una pata es más corta o es más débil que las demás, el taburete no es estable y la persona que se siente en él se viene abajo.
Algo de esto le ha ocurrido a la prosperidad de las sociedades desarrolladas occidentales en las últimas décadas. Después de la Segunda Guerra Mundial -durante los años 50, 60 y 70 del siglo pasado- sector privado, Estado y comunidades locales fueron los tres motores de esos ‘Treinta Gloriosos’ años.
Sin embargo, a partir de los años 80 se pusieron en marcha dos procesos que rompieron esa armonía. Por un lado, las políticas de privatización sacaron al Estado de la industria repartida a lo largo del territorio. Por otro, la hiperglobalización financiera y comercial sin restricciones impulsó la desindustrialización y la pérdida de buenos empleos en muchas localidades y territorios antes dinámicos y prósperos. Ese doble proceso destrozó la prosperidad y los estilos de vida locales y forzó la emigración de trabajadores y profesionales. Muchas localidades se descapitalizaron y perdieron oportunidades de futuro. En esta etapa, el mercado y el Estado olvidaron y dejaron atrás a las comunidades locales.
Ese sentimiento de pérdida de prosperidad inclusiva trajo malestar social a las democracias. Acompañando a ese malestar y rabia social por el aumento de la desigualdad, vinieron los políticos populistas que tienen mejor olfato que los políticos tradicionales para captar el dolor que existe en la sociedad. El brexit en el Reino Unido y el triunfo de Donald Trump en 2016 fueron las manifestaciones más claras de haber olvidado la importancia que tienen las comunidades locales.
España es un buen ejemplo de este proceso de pérdida de prosperidad inclusiva. A principios de los años 80 del siglo pasado, la inhibición de los gobiernos frente a la desindustrialización provocada por la integración en la UE y la hiperglobalización significó la desaparición de empresas y de buenos trabajos que, con políticas públicas adecuadas, se hubieran podido conservar. Muchas ciudades anteriormente prósperas se vieron sometidas a un proceso de deterioro y pérdida de dinamismo. ‘Los lunes al sol’, la película de Fernando León, con Luis Tosar y Javier Bardem, fue una magnífica manifiesto de esa pérdida de prosperidad.
Así las cosas, llegó la covid-19. Como ocurre cuando baja la marea, que deja ver quién se estaba bañando desnudo, la pandemia permitió ver las fragilidades industriales y tecnológicas que la desindustrialización nos había dejado.
Haciendo verdad el dicho de que «no hay mal que por bien no venga», la pandemia está cambiando las cosas. Estamos asistiendo a un reequilibrio entre hiperglobalización y autonomía del Estado, en favor de éste. Ha surgido una nueva legitimidad y un mayor margen de acción para hacer políticas industriales nacionales. Los fondos europeos del programa Next Generation UE son un buen ejemplo. Hace sólo diez meses hubiese sido inconcebible que la UE hubiera puesto en marcha esos fondos para desarrollar políticas industriales nacionales o que la Comisión de Competencia autorizara las actuales ayudas públicas nacionales a las empresas.
Pero para que el Estado vuelva a jugar su papel fundamental en el fomento de la prosperidad inclusiva ha de volver a los territorios. A través de dos vías. Por un lado, inyectando capital público en empresas privadas competitivas pero que se ven amenazadas de quiebra y desaparición por el impacto temporal de la pandemia. Es lo que están haciendo gobiernos como el de Alemania, Francia y de otros países.
La otra vía es repartir a lo largo del territorio nacional la multitud de organismos estatales, tanto administrativos como de regulación económica. Estos organismos equivalen a lo que fueron las empresas públicas industriales en el siglo pasado. Por un lado, crean un número importante de buenos empleos con salarios elevados que favorecen el dinamismo de la comunidad. Por otro, allí donde están impulsan el desarrollo de importantes actividades empresariales y profesionales del sector privado. Hoy todos esos organismos estatales están en Madrid. El hecho de que casi el 60 % de todas las adjudicaciones públicas se concedan a empresas de Madrid responde a esa dinámica centralizadora del poder del Estado.
Repartir por todo el territorio nacional el poder del Estado es fundamental para fortalecer el dinamismo del sector privado empresarial y profesional de los distintos territorios. Y también para crear comunidades locales más prósperas, a la vez que para cohesionar social y políticamente el país: todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tiene derecho a beneficiarse de los buenos empleos que crea el Estado a través de sus organismos. De esa manera, los tres motores de la prosperidad inclusiva volverán a funcionar como lo hicieron en los ‘Treinta Gloriosos’.
