Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Juana Serna

El deseado pacto por la educación

Isabel Celáa en el Congreso. DAVID CASTRO

   La nueva Ley de Educación se aprueba hoy, día 23, en el Pleno del Senado. Es una Ley con grandes perspectivas de futuro y acertadas soluciones a nuestros problemas educativos; sin embargo muchos comentarios y críticas se han centrado básicamente en dos temas: destacar que ya es la 8ª Ley de Educación, aprobada en 42 años de democracia, y reiterar que ninguna ha logrado un acuerdo político que dé estabilidad al sistema educativo español. Dos cuestiones de peso que suelen aparecer en las conversaciones sobre este tema. Por eso, voy a ceñirme a ellas para intentar aligerar su peso, aunque ya sabemos que ambas cuestiones no sólo van unidas entre sí, sino que son a su vez consecuencias sobrevenidas del perímetro ideológico que ha sido trazado por nuestra propia historia. Desde luego, a la mayoría, y no sólo a los socialistas, nos gustaría que nuestras leyes educativas comenzasen diciendo que son el sustento legislativo de la educación obligatoria, pública y laica de un país aconfesional, como se dice por ejemplo, desde el siglo XIX, en las leyes francesas aprobadas alternativamente por progresistas o conservadores. Pero, es obvio que no es eso lo que ha ocurrido aquí.

Es cierto que la LOMLOE va a ser la octava ley de educación y es verdad que hacer muchos cambios podría causar inestabilidad al sistema educativo. Pero, como sucede a menudo, las cosas no son tan obvias como parecen. En realidad, de las siete leyes anteriores a esta, solo tres han sido realmente protagonistas y vertebradoras de nuestro sistema de enseñanza. La Ley General de Educación (1970/1990), una ley tardofranquista previa a la democracia que debía derogarse. La LOGSE (1990/2006), primera ley socialista con Felipe González, que trasladó a las Comunidades Autónomas el contrapeso educativo que exigía la Constitución, generando de ese modo el primer y rudo debate del PP sobre la descentralización. Y, por último, la LOE (2006/2013), con Zapatero, que también suscitó otra fuerte polémica del Partido Popular sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Dos asuntos, descentralización y educación aconfesional, que a pesar de estar resueltos constitucionalmente siguen produciendo sobresaltos continuos en el seno del PP, como si olvidasen que tales asuntos ya se arbitraron en 1978 o, simplemente, no hubieran asumido todavía la Carta Magna en toda su extensión, ya que su partido (entonces AP) no la votó a favor.

Del resto de las leyes educativas, la de UCD, aprobada en 1980, nunca llegó a establecerse a causa del golpe de estado que hubo meses más tarde. Y de las dos aprobadas por el PP, la de Aznar en 2002 debía ser tan pésima que inexplicablemente nunca se aplicó a pesar de estar aprobada gracias a su mayoría absoluta; y la de Rajoy, de 2013, sigue siendo tan controvertida como al principio. Entonces el ministro Wert generó un pacto nunca visto en el Congreso al unir en su contra al resto de partidos para acordar su derogación. Y, precisamente, el cumplimiento de ese pacto político es lo que ha hecho Pedro Sánchez al aprobar esta nueva Ley de Educación

La cuestión ahora sería recordar que en el difícil año 2009 se intentó alcanzar un gran acuerdo educativo. Pero, ni el ministro Ángel Gabilondo ni el presidente Zapatero lo consiguieron. Un año puede parecer poco, pero es la cuarta parte de una complicada legislatura que empezó cuando la grave crisis económica norteamericana nos embistió de lleno, mostrándonos en toda su crudeza lo que Joaquín Estefanía ya había dicho unos años antes en su libro La cara oculta de la prosperidad.

En resumen, aunque entonces no fue posible el pacto con el Partido Popular, sí comprendimos claramente que las verdaderas causas del desacuerdo no se centraban en los problemas propios de la educación actual: fracaso, abandono, absentismo, igualdad de oportunidades, eficacia del sistema, financiación, aprendizaje del alumnado, formación del profesorado... Las causas de su oposición al acuerdo se centraban realmente en cuestiones ajenas, o externas, a la propia educación que creíamos legal y constitucionalmente resueltas: Religión, Descentralización y Escuela concertada.

En primer lugar, el PP quiere que la religión sea una asignatura optativa -los que no la elijan deben estudiar otra – nosotros defendemos que en la España aconfesional la religión debe ser una simple opción del estudiante. En segundo lugar, si nosotros defendemos la descentralización constitucional y el principio europeo de subsidariedad, el Partido Popular quiere la recentralización educativa. Y, en tercer lugar, cuando el PP denuncia que atacamos la escuela concertada, nosotros aportamos datos que lo desmienten. En España la escuela pública es el 67%, la concertada el 26% y la privada el 7%. La media de la UE, en el mismo orden, es del 81%, el 13% y el 6%. Y, como no hay nada más iluminador que los datos verdaderos, añadiré que en Alemania la escuela pública ocupa el cien por cien del espacio educativo.

Aceptemos, por lo tanto, que en España solo lograremos un pacto educativo, cuando hablemos de los verdaderos problemas de la educación. Por ahora, el Partido Popular se ha quedado ceñido al perímetro ideológico de su propia historia. Y los socialistas, que conseguimos la modernidad del país y su entrada en la UE, seguiremos trabajando siempre desde el marco constitucional por una educación de calidad y por un país mejor. 

Compartir el artículo

stats