El miércoles, 10 de febrero, escuchaba al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en una entrevista en el programa “La Noche” en 24 horas, entre otras, le preguntaron que por qué en España, los agentes sociales nunca han abordado el drama del paro juvenil que llega a un 40%, respecto al 7% que tiene Alemania. El señor Garamendi, argumentó que en Alemania y resto de UE se invierte un 3% de I+D, mientras que, en España, solo hemos invertido un 1,3%.
No creo que sea culpa de los ciudadanos no haber subido el presupuesto en innovación y desarrollo, habría que recordarle que en la anterior crisis económica el gobierno del PP, desmanteló la gran parte de los institutos de investigación y la mayoría de investigadores tuvieron que emigrar a Alemania y otros países de la UE.
También los médicos y enfermeras tuvieron que salir de España, debido a las condiciones precarias que ofrecía nuestro sistema sanitario, después de invertir España en formar a los universitarios de grandísima calidad, consentimos que Alemania, Reino Unido o Francia, acogiera con gusto a esos talentos que se los disputaron por una alta formación académica y científica, hoy en día con el drama de la pandemia, no tenemos suficientes médicos y enfermeras y caemos en la cuenta de lo importante que es invertir en investigación, por lo menos se ha creado una plataforma para pedir el 2% para investigación, a la que yo me he unido.
También decía el señor Garamendi, que los fondos europeos deben servir para cambiar el modelo productivo a un sector industrial tecnológico y aspirar a un 20% PIB en ese sector, con la digitalización de las empresas, la sostenibilidad del sistema, impulsar la fabricación de los coches eléctricos, fabricar material sanitario para no depender de productos extranjeros, etcétera. En definitiva, diversificar la industria tecnológica para no depender tanto del turismo.
También apuntaba a la economía sumergida, como factor de paro juvenil, que en España es del 24% y en UE está sobre el 14%. Creo a mi juicio, que los distintos gobiernos no han abordado el asunto con profundidad, deben atajar ese tema con un gran control de inspectores fiscales y supervisar los contratos de la mayor parte de empresas, con el tema de los ERTES. La ministra Yolanda Díaz, ha intensificado esas inspecciones y se han producido más de 1.700 sanciones por fraude en los ERTES con multas de más de ocho millones de euros, derivadas del impago de cotizaciones a la Seguridad Social.
En definitiva, vivimos en un país de picaresca, donde las grandes fortunas contratan a los mejores abogados, especialistas en desviar a paraísos fiscales las ganancias para no contribuir a la Hacienda Pública, todo lo contrario de lo que hacemos el resto de trabajadores, hasta el Rey emérito utilizó ese sistema para defraudar Hacienda durante muchos años, conducta nada ejemplar que desgraciadamente influye en la economía sumergida.
Esperemos que con tantos casos de corrupción y con tanta picaresca, el sistema judicial funcione y dé ejemplo de una democracia madura y a la altura del resto de países de la UE.
