Ni Rita Barberá ni Vicente González Lizondo están ya en este mundo, para desgracia de los suyos, el PP y Unió Valenciana, respectivamente, pero si estuvieran no cabe duda de que vagarían por el patio de la prisión de Picassent cargados de cadenas por haber pactado la contratación de 40 asesores, 20 para cada uno, en la primera decisión de su pacto de gobierno para el Ayuntamiento de Valencia, una institución que ya en aquel lejano 1991 tenía en nómina unos 4.000 funcionarios. Los jueces y fiscales de hoy no habrían dejado impune tan arbitraria, innecesaria y costosa decisión.
Los tiempos han cambiado, y la fiscalía anticorrupción acaba de pedir ocho años de cárcel para el ex presidente de la Diputación de Valencia, hoy alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y entre seis y ocho años para 14 directivos y altos cargos de la empresa provincial Imelsa, porque parece ser que se confabularon para contratar a ocho coordinadores de área en la firma (hoy llamada Divalterra), recayendo los contratos en personas designadas por el gobierno de coalición PSPV-PSOE/Compromís. Los contundentes cargos contra ellos incluyen el de malversación de fondos públicos por valor de 1,1 millones de euros, que no es dinero que nadie se llevó de la caja en una noche oscura, sino la suma de los salarios abonados a los contratados durante el tiempo en que estuvieron a sueldo de Imelsa.
A riesgo de caer en un argumento impopular, uno no alcanza a entender que un presidente de una diputación provincial se vea abocado a ocho años de cárcel (después de haber sido detenido, esposado y hospedado en un calabozo) por reorganizar una institución que en 2015 salía del mandato de Alfonso Rus, orillado por su propio partido, el PP, tras salir a flote grabaciones en las que se contaban fajos de billetes procedentes de comisiones ilegales. Que levante la mano quien no reorganizaría una diputación con personas de su confianza en medio de ese ambientazo. ¿Y dónde mejor que entre los afines a los partidos gobernantes para elegir a los fichajes? Pasa hasta en las mejores familias, y si no que se lo pregunten a los miembros del Consejo General del Poder Judicial.
Es evidente que cuando se gestiona una Administración hay que respetar escrupulosamente las normas, y hay pruebas abundantes e irrefutables de que Rodríguez y su equipo de colaboradores no solo no las respetaron, sino que las ignoraron deliberadamente cuando les hicieron saber que los nuevos contratos no tenían la necesaria cobertura legal. Pero ¿da eso para ocho años de cárcel? Estará probado que la legislación y la normativa interna fueron incumplidas, pero ¿dónde están las pruebas de que diseñaron «un sistema artificioso de áreas de dirección, costoso para la empresa, inútil e ineficaz». ¿Acaso son el fiscal anticorrupción o el juez instructor quienes tienen la potestad de interpretar qué decisiones son inútiles, costosas o eficaces en administraciones públicas encabezadas por personas elegidas democráticamente en las urnas y sometidas a diario al escrutinio público? Ese pasaje del escrito de acusación hecho público esta semana más parece un juicio de valor que un argumento fundado en Derecho. Las urnas, desde luego, ni justifican ni validan comportamientos irregulares o ilegales, pero las togas con puñetas tampoco otorgan el don de la infalibilidad. Fiscal es, y sigue siendo, quien se vacunó contra la covid-19 saltándose la cola en Castelló con un vial desaparecido del centro de salud en el que su esposa es coordinadora de Enfermería. ¿Acaso no sabía José Luis Cuesta que lo que hacía no era propio de quien ha prometido defender la legalidad y el interés público? Su esposa ha sido expedientada pero ¿y él? ¿No le corresponde como funcionario público un expediente, al margen de su renuncia como fiscal provincial? Fiscal era también, y sigue siendo, quien toleró en su entorno laboral carteles que señalaban como apestado a un periodista de Levante-EMV por publicar con pruebas que funcionarios de la Ciudad de la Justicia de València fichaban y se marchaban a llevar a los niños al cole, a la compra y hasta al gimnasio, conductas que la Administración de Justicia dejó impune.
En todas partes cuecen habas, pero independientemente de las conductas personales es frecuente escuchar de funcionarios de la Administración con altas responsabilidades gruesas descalificaciones hacia los políticos. Nunca tienen la suficiente formación; nunca están a la altura de sus cargos; sólo quieren medrar; todos son iguales... y cosas por el estilo.
Hay políticos buenos y malos, pero descalificar en general, destilar desprecio o descrédito para quienes han decidido dar un paso hacia la representación política y han sido elegidos por los ciudadanos no parece la mejor manera de conducirse por los despachos de la esfera pública, aunque se haya accedido a ella tras superar una oposición de 200 temas estudiados durante años. Cada uno debe tener su papel, como señaló Montesquieu. Invadir el del otro es una mala solución.
¿Dónde está el consejero valenciano en RTVE?
Cuatro de Madrid, cuatro de Cataluña y un par de vascos. Lo de siempre. De nada ha servido, otra vez, disfrutar de un sector audiovisual valenciano fuerte y vivo como nunca. El nuevo consejo de administración de Radio Televisión Española (RTVE) ha devuelto a la tierra los sueños del presidente Ximo Puig de una España descentralizada, pluricéntrica, sensible a las diferencias. El Instituto Oceanográfico continuará estando en Madrid, a 350 km. del mar más cercano, muchos años más, y en los telediarios seguirá lloviendo en toda España cuando el presentador vea lluvia desde las ventanas del Pirulí hacia la M30. Ni siquiera el casi siempre bullicioso Joan Baldoví, único diputado de Compromís, ha pasado de un testimonial voto en blanco en señal de protesta, más pendiente quizás de airear su boicot a la conmemoración del 23F con el rey Felipe VI aunque con cuidado de no fotografiarse junto a independentistas, nacionalistas y otros desafectos a la hora de anunciarlo. Al margen de la reconocida valía de los nuevos consejeros, no es la composición del órgano renovado (motivo de satisfacción general por el desbloqueo de los esperados pactos de estado) una buena noticia para la Comunitat, el 10 por ciento de todo y ausente en este primer asalto del nuevo «espacio de la moderación». A ver si traen mejores aires los acuerdos relativos al Consejo del Poder Judicial, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas... Los nuevos tiempos han resultado tan centralistas como los anteriores.
