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Ruth Ferrero-Turrión

Los derechos humanos no son negociables

Orbán lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a conseguir que en los pasillos, pausas y comidas del Consejo Europeo no se hable de otra cosa que de su acción de gobierno. Esto no es nuevo. Hace años que se le adjudicó el adjetivo de enfant terrible y él se siente cómodo en su papel. Sus llegadas a las reuniones de jefes de Estado y de Gobierno son tranquilas, responde a periodistas y da sus argumentos. Esta vez no ha sido una excepción. Esta vez, de nuevo, los derechos de las minorías sexuales se han vuelto poner en la picota húngara.

En esta ocasión la polémica se ha gestado sobre la aprobación de una suerte de pin parental que pretende «preservar» la inocencia de los menores de edad de las «corruptelas» a las que se podrían ver arrastrados por la ideología de género. Esta nueva ley no es ni más ni menos que la continuación de una serie de medidas que comenzaron en 2011 con la prohibición de los matrimonios LGTBI al incluir en la Constitución un texto donde se estipulada que el matrimonio es solo la unión entre un hombre y una mujer y que continuaría el 15 diciembre de 2020 al prohibir la adopción a las personas homosexuales a través de una nueva enmienda constitucional. El día 11 del mismo mes, el Consejo Europeo había aprobado la condicionalidad de la recepción de los fondos de recuperación al respeto del Estado de derecho, si bien a expensas de una resolución del Tribunal de Justicia al respecto, un acuerdo que consiguieron arrancar al resto de socios Polonia y Hungría. Nadie dijo nada entonces y se optó por acceder al chantaje con tal de liberar los fondos de recuperación lo antes posible.

Entonces, al igual que en otras ocasiones, la mayoría de los estados prefirió mirar hacia otro lado para poder avanzar en ese tan cacareado momento hamiltoniano. Se ha dejado hacer a Ley y Justicia de Polonia cuando comenzaron a surgir pueblos y ciudades que se proclamaron libres de ideología LGTBI, y se está dejando hacer a Fidesz en la constante restricción de derechos civiles que sufre este colectivo en ambos países.

La deriva iliberal y autocrática por la que atraviesan algunos estados de la UE es un hecho, no una conjetura. Un hecho que se nutre de una crisis de identidad europea. Los argumentos esgrimidos por determinados líderes políticos deben ser contrarrestados con una defensa cerrada, caiga quien caiga, de los derechos establecidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Pero para ello es imprescindible articular un proceso de revisión crítica del propio proyecto que incorpore una concepción más democrática del mismo que abandone un eurocentrismo y elitismo y abogue por la construcción de sociedades diversas y democráticas en sentido amplio. Sin este sanador ejercicio, no será posible avanzar, y se seguirán negociando los derechos humanos y una concepción de Europa cada vez más alejada de los valores sobre los que la UE fundamenta su propio eje diferencial.  

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