Fue uno de los 10 de Alaquàs, Vicent Soler i Marco, hoy conseller de Hacienda y Modelo Económico del tripartito de izquierdas que gobierna la Generalitat, quien inició la ovación al presidente de la patronal valenciana CEV, Salvador Navarro, cuando éste le dijo las cosas claras a la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, el jueves pasado en el Restaurante Submarino del Oceanogràfic. La número dos del ejecutivo socialista de Pedro Sánchez, ante setenta destacados miembros del empresariado, las instituciones y la sociedad civil valenciana, acababa de señalar que la infrafinanciación del Estado para con la Comunitat Valenciana es algo así como «una sensación» y que en todas las autonomías piensan que reciben menos de lo que les corresponde. Fue entonces cuando Navarro salió al atril y, ya en el escenario, orilló los folios en los que llevaba 300 palabras preparadas para clausurar el almuerzo-coloquio y con calma y respeto pero toda la firmeza que fue capaz de reunir le dijo a la vicepresidenta que cuando la marginación está respaldada por informes y análisis, de forma empírica, «no se puede hablar de sensaciones». Y Vicent Soler, uno de los diez encarcelados en 1975 por reunirse en la Casa de Ejercicios Espirituales de la Purísima de Alaquàs para intentar poner en marcha un gobierno provisional valenciano cinco meses antes de que muriera Franco, rompió a aplaudir haciendo que el gesto se extendiera por todo el salón.
La reivindicación de un nuevo modelo de financiación que acabe con la discriminación que sufre la Comunitat Valenciana va a ser protagonista, aún más de lo que ya era, en el nuevo curso político. El presidente Ximo Puig lo dejó claro el jueves ante Nadia Calviño, lo mismo que el presidente de la Cámara de Comercio, José Vicente Morata; el de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) Vicente Boluda; el alcalde Joan Ribó, y todos los que tuvieron ocasión de hacerse oir durante los distintos actos de la vicepresidenta en València.
No en vano, solo 24 horas después, empresarios, sindicatos, instituciones y partidos políticos aprobaban en la reunión de la Plataforma per un Finançament Just la convocatoria de tres manifestaciones para el día 20 de noviembre, una en cada capital valenciana, a fin de reclamar al Ejecutivo de Sánchez que presente una nueva propuesta de financiación autonómica que acabe con la discriminación valenciana en los fondos que permiten pagar servicios como la sanidad, la educación, la dependencia o la administración de justicia. Hubo quien propuso manifestarse en Madrid pero, ¿para qué? Los medios de comunicación nacionales viven tan dentro de la M-30 como el mundo Ayuso-Almeida.
Hasta los populares valencianos que lidera Carlos Mazón se han apuntado a la reivindicación del 20-N, de la que los borró su predecesora, Isabel Bonig, después de un tímido amago de adhesión que fue inmediatamente ahogado por el entonces Gobierno de Mariano Rajoy. Ahora que están los socialistas y los podemistas en la Moncloa todo vale para desgastar. Pero la cosa no va de partidos. O al menos no solo, porque la infrafinanciación socava también las cuentas de territorios populares, como Murcia y Andalucía, y Baleares, y Cataluña... Y por ese motivo la plataforma reivindicativa y las instituciones valencianas quieren trenzar alianzas con esas comunidades mientras otras que resultan beneficiadas por el modelo existente tratan de formar un frente común para mantener la posición. Calviño sabe de sobra que la tensión existe, y por eso habla de la necesidad de un pacto global que no enfrente a las autonomías, pero ese acuerdo solo tiene un camino: que el Estado ponga más dinero sobre la mesa, fondos que hoy aún gestiona directamente, para que las discriminadas vean normalizados sus ingresos y las beneficiadas no salgan perdiendo. Si la manta es la misma que en la actualidad, a alquien se le quedarán los pies fríos.
La unanimidad que hoy se ha conseguido en la sociedad valenciana en torno a la reivindicación de más fondos del Estado es consecuencia de la iniciativa y la constancia del presidente Puig, pero también lo es en gran medida fruto de los liderazgos del cuerpo social que han coincidido en unos años clave. Salvador Navarro en la CEV ha logrado unificar al empresariado valenciano, absorbiendo sin traumas a la quebrada patronal autonómica Cierval e implicando a su organización y sus miembros en un compromiso social que no se había visto antes, sin abandonar los fines que le son propios. José Vicente Morata le ha dado a Cámara Valencia la vuelta como a un calcetín, convirtiéndola en una herramienta ágil de formación, promoción e internacionalización sumamente útil para las empresas. Vicente Boluda ha hecho lo propio con AVE tomando el testigo de Federico Félix y, con la colaboración decisiva de Juan Roig, ha dado a la organización una dimensión nacional con su firme defensa de la necesidad del corredor mediterráneo ferroviario, ejerciendo sin cesar de látigo de los sucesivos gobiernos de España para que no levanten el pie del acelerador que marca el ritmo de las obras.
En el lado sindical, el líder de UGT-PV, Ismael Sáez, ha dejado claro una y otra vez con su actitud dialogante que no se le caen los anillos por pactar con la patronal los más diversos asuntos, y lo mismo cabe decir de Comisiones Obreras a propósito de sus sucesivos secretarios generales Arturo León, Juan Cruz y Ana García. Todos ellos, junto con Salvador Navarro y la directora general de Diálogo Social de la Generalitat, Zulima Pérez, han mantenido vivo un clima de acuerdo global y colaboración que, por ejemplo, en lo más duro de la pandemia ha dado resultados notables. Acostumbrada la sociedad valenciana a que cada organización trabaje solo en lo suyo, recelando de lo que hace la de al lado, la generación de líderes sociales de hoy merece un título, una Champions League, que ojalá sea la de un nuevo modelo de financiación en beneficio de todos.
Demasiado pronto para un segundo sueño
Pocos sentirán en València la retirada de la candidatura a acoger de nuevo la Copa del América de vela en su edición de 2024, anunciada por el Club Náutico de la capital a última hora del viernes cuando sólo quedaban como rivales la irlandesa Cork y la árabe saudí Jeddah. En primer lugar, porque el equipo neocelandés que defiende el trofeo quería obtener en tierras valecianas un canon millonario por la elección de sede que le han negado en su propio país. Y en segundo, y más importante, porque eventos como la más conocida competición náutica del mundo quedaron totalmente desacreditados por estos pagos. Se prometieron gratuitos y costaron millonadas. Iban a ser plataforma de atracción internacional y algunos la arruinaron corrompiendo su magia con mordidas en las gradas, en las pantallas, en el asfalto y hasta en el aire. Una lástima. Buena parte de la sociedad valenciana acogió con ilusión aquella siembra, pero algunos de los que tenían que garantizar los sueños los convirtieron en pesadillas que aún hoy están en la memoria y lastran las cuentas públicas. La Copa de 2024 podría haber reactivado la Marina (que bien lo necesita) en unas instalaciones ya adaptadas y casi pagadas, pero no podrá ser. Las heridas están demasiado frescas.
